Seis grandes grupos editoriales y el gremio de autores de EE.UU. entablaron este jueves una demanda contra una ley estatal de Florida que veta libros en las escuelas públicas al considerar que algunas de sus provisiones son inconstitucionales y contrarias a la libertad de expresión.
Los querellantes, encabezados por los gigantes Penguin Random House y HarperCollins Publishers, piden que dos provisiones de esta norma sean declaradas inconstitucionales y queden sin efecto. Las otras editoriales son Hachette Book Group, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, y Sourcebooks, además del gremio de autores y escritores como Julia Álvarez, John Green y Laurie Halse Anderson, entre otros.
La polémica ley HB 1069, firmada en 2023 por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, entre otras cosas permite a los padres de familia impugnar de las bibliotecas públicas escolares libros que consideren sean de índole pornográfico, sexual o tengan relación con la identidad de género.
Los demandantes señalan en la querella, interpuesta en una corte federal de Orlando, en el centro de Florida, que a raíz de esta norma se han retirado de las estanterías escolares clásicos de la literatura universal como Anna Karenina, de León Tolstói, o Por quien doblan las campanas, de Ernest Hemingway, entre muchos otros.
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“Florida ha exigido que estos y otros libros sean retirados de las bibliotecas escolares bajo sus amplios mandatos generales y basados en el contenido, los cuales prohíben la consideración del valor de los libros”, denuncian las editoriales en la querella. Allí defienden que los libros en cuestión son “clásicos atemporales, reconocidos por su valor literario”, además de laureados y éxitos de ventas, que han estado en las bibliotecas escolares durante años y “no son ni remotamente obscenos”.
Alegan que el lenguaje vago y confuso de la ley ha llevado a que las juntas de los distritos escolares se apresuren a ordenar la retirada de “cientos” de publicaciones de las estanterías de escuelas públicas en todo el estado. La ley en cuestión concede cinco días para la retirada de los libros impugnados, que serán revisados por los distritos escolares y, si éste considera que no contiene material que es objeto de la norma, puede ordenar que sea restaurado en la biblioteca. Si tuviera alguna referencia a una “conducta sexual” pueden permanecer en los estantes, pero etiquetados acorde al grado o edad correspondiente.
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Desde que fuera promulgada, DeSantis ha defendido la norma bajo el argumento de que concede a los padres de familia el derecho a objetar publicaciones que consideren sean pornográficas o con material sexual explícito. La norma es similar a otras promulgadas en otros estados conservadores, que desde hace unos años han impuesto restricciones a las bibliotecas escolares.
De acuerdo con la organización PEN America, bajo el gobierno de DeSantis, “Florida ha prohibido más libros que cualquier otro estado” desde que en 2021 “comenzó esta ola de censura sin precedentes”.
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