A tres meses de la asunción de Javier Milei, ¿qué está pasando en Cultura?

A tres meses de la asunción de Javier Milei ¿qué tipo de balance se puede hacer? Por ahora, un racconto de los cambios y las tensiones, que parecen estar lejos de agotarse. Lo primero, el paso cero, fue el reordenamiento ministerial. El Ministerio de Cultura bajó de categoría y como secretaría fue encuadrada dentro del Ministerio de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello), lo que muchos llamaron “superministerio” por la cantidad de dependencias: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y finalmente la Secretaría de Cultura.

El hombre que conduce esta cartera es Leonardo Cifelli, productor de obras teatrales como Drácula, el musical y Las mil y una noches, y de recitales de cantantes como Valeria Lynch, Sandra Mihanovich, Marilina Ross y Celeste Carballo. Inició su tarea luego de la asunción presidencial, el 10 de diciembre, pero recién su designación como secretario fue publicada por Boletín Oficial el 2 de enero de 2024. Desde entonces, se inició un proceso de transformación como parte de aquella máxima que Milei jamás ocultó: “No existe un Estado eficiente”. A continuación, un recorrido por los primeros pasos de la joven gestión en Cultura.

Ley Ómnibus, el inicio

La relación entre el gobierno de Javier Milei y la cultura empezó mal. Cuando el lunes 29 de enero presentó las Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus o Ley Bases, la gran mayoría del sector se manifestó en contra. Entre los 664 artículos, varios impactaban en el funcionamiento de diferentes organismos culturales. Dos ejemplos notables: la derogación de la Ley 24800 de 1997 con la cual se creó el Instituto Nacional del Teatro y del Decreto Ley 1224 de 1958 que constituyó el Fondo Nacional de las Artes. Esto implicaba el cierre de ambas instituciones.

Las críticas no fueron solo del sector de la cultura. La “refundación” que proponía el gobierno entrante afectaba a una porción muchísimo más amplia de la sociedad civil. Por tal motivo, el 22 de enero —luego de diversas exposiciones en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados—, la Ley Bases ingresó al Congreso con varias reformas. Se trataba de una “nueva versión” que “ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión”, donde “la diferencia no es solo cuantitativa (se pasa de un proyecto con 664 artículos a uno de 523) sino cualitativa”, aclararon en la introducción del texto.

Entre ellas, dejaba de lado el cierre del FNA y del INT pero sí imponía importantes restricciones financieras. Lo mismo ocurría con el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip). Finalmente, tras aprobarse la Ley Bases en general, cuando se estaba discutiendo artículo por artículo ocurrió un episodio prácticamente inédito: el oficialismo decidió levantar la sesión y que todo el paquete de reformas vuelva a las comisiones de la Cámara de Diputados, donde aún hoy permanece.

La impronta de la austeridad

Fue en la asunción presidencial donde Javier Milei ratificó todo lo que dijo en la campaña, pero también en sus intervenciones mediáticas de los últimos años. Frente a la multitud convocada en la plaza con banderas de Argentina, y de espaldas al Congreso de la Nación, el Presidente usó estas palabras: “Luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única solución posible es el ajuste. Un ajuste ordenado que caiga con todas sus fuerzas sobre el estado y no sobre el sector privado”. Y así parece ocurrir, de a poco, en diferentes áreas. Cultura no parece ser la excepción.

Este miércoles 13, los trabajadores de todas las dependencias que se nuclean dentro de la Secretaría de Cultura —como Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner, el Borges y el Cervantes— realizarán una gran asamblea en el CCK. El motivo es una alerta ante posibles despidos, que se enmarcan en una decisión explícita de la nueva gestión: achicar el Estado. Muestras de esto es el repentino cierre de la agencia Télam, donde sus trabajadores fueron dispensados por siete días, y del Inadi, cuyas funciones —dijeron finalmente— serán absorbidas por el Ministerio de Justicia a cargo Mariano Cúneo Libarona.

Esos ajustes, que contienen la impronta de una gran austeridad, repercutieron también en los diferentes festivales que se realizan en todo el país: ciclos tradicionales que cuentan con apoyo del Estado. Los primeros días de enero se anunció la cancelación del Festival Nacional de la Chacarera y del Festival Nacional de la Salamanca, ambos en Santiago del Estero. Al poco tiempo le siguieron otros detrás, como el del Viento en Viedma y el de Fortines en Ranchos. El motivo es “el panorama económico y financiero que hoy atravesamos”, explicaron los organizadores del Festival de la Salamanca en un comunicado.

Fondo Nacional de las Artes, epicentro de tensión

En los primeros días de diciembre, el cineasta, productor y guionista Javier Torre fue designado, de manera pública aunque no oficial, como presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Sin embargo nunca llegó a asumir, ley ómnibus mediante y tras un cruce mediático con el secretario Cifelli. Torre había sido director del Centro Cultural San Martín desde 1983 hasta 1988, funcionario en la Fundación del Cine Argentino del INCAA y había tenido un paso por el FNA, durante la presidencia de la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, en la década del 90, por lo que su nombramiento había caído bien en el mundo de la Cultura.

El 29 de diciembre, en su primer acto público, cuando visitó la sede de la DAIA, Cifelli había elogiado a Torre (a quien dio por designado). “Es una gran persona, yo lo llamé para conducir el Fondo”, dijo ante representantes de la comunidad judía y algunos medios convocados para cubrir la reunión, Infobae entre ellos. Y agregó: “Veremos cómo sigue el tema pero igualmente va a estar con nosotros en el equipo. Ya hablé con él”.

Con la propuesta de cerrar el FNA, que se encontraba en el caído proyecto de la llamada Ley Ómnibus, el hijo del director de cine Leopoldo Torre Nilsson y nieto del también director Leopoldo Torres Ríos se pronunció públicamente antes de que se oficialice su puesto: se reunió con los empleados del FNA y prometió defender los puestos de trabajo, así como la autarquía del espacio que se autofinancia, y que a partir de becas apoya a creadores jóvenes de las áreas de Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio.

Torre aseguró: “No estaba preavisado ni me lo imaginaba. Máxime porque el Fondo de las Artes es autónomo, no depende de recursos del Estado y es una entidad ejemplar e histórica, admirada en el mundo entero que se adelantó mucho en los tiempos en su forma de ver la cultura y el arte como fuente de creatividad y de desarrollo de la sociedad”.

En ese sentido, el mundo de la cultura, además, mostró su fuerte apoyo con una carta pública y un abrazo simbólico al edificio del FNA, del que participaron la escritora Luisa Valenzuela, los artistas Marta Minujín, Luis Felipe “Yuyo” Noé y Delia Cancela, y el director del Museo de Bellas Artes Andrés Duprat, entre otros. Entonces, ante las declaraciones de Torre, Cifelli escribió en su cuenta personal de la red social X que las opiniones de Torre eran a “título personal” y “no reflejan en absoluto el espíritu ni los objetivos de esta secretaría ni de este Gobierno”. Así, quedó automáticamente destituido antes de asumir.

Finalmente, el Gobierno envió al Congreso un texto reformado del proyecto de “Ley Bases” donde dió marcha atrás a la derogación del FNA, tras un plenario de comisiones de Diputados, donde expusieron referentes de la cultura, en el que planteó que el espacio pase a funcionar con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos. Ya en febrero, el economista, coleccionista de arte y gestor cultural Tulio Andreussi Guzmán, director de la Casa Museo Magda Frank-José Fioravanti, fue oficializado como nuevo presidente.

Museos nacionales con directores sin concurso

A finales de febrero se anunció la designación de nueve directores de museos nacionales sin concurso; es decir, no se evaluaron postulaciones abiertas para luego ser elegida por un jurado para cada uno de los puestos. En ese sentido, desde la Secretaría anunciaron que la directora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura Liliana Barela y la directora nacional de Museos María Inés Rodríguez Aguilar tomaron la decisión tras una revisión de antecedentes, visitas y evaluación de perfiles.

“Después de hacernos cargo, llegamos a la conclusión de que este momento era un momento de actuar y no concursar”, afirmó Barela sobre la decisión. Y agregó: “Una de nuestras políticas fue tratar de que el director de cada museo histórico tuviera perfil de historiador. Esto no quiere decir, ideológicamente, una postura historiográfica. Pero aquellos que vienen del campo de la historia saben de la complejidad del tema y cómo transmitir esa complejidad saliendo del maniqueísmo de buenos y malos que nos imponen, a veces, relatos simplificadores”.

En algunos casos, fueron elegidos profesionales que ya trabajaban en ese mismo museo o que habían concursado en otra época, como sucedió con Hugo Pontoriero, quien se desempeñaba como director de museología del Decorativo. En otros, como en el Mitre, “en donde no había un historiador al frente; pedimos que se llame a concurso pero mientras tanto designamos a un Doctor en Historia, Marcelo Garabedian, que ya trabaja allí”, dijo Barela.

Entonces, a partir de marzo, asumieron también el abogado Renato López Moreno en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento (San Juan), la arquitecta Ana María Almeida en el Palacio San José y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza (Entre Ríos), la licenciada en Artes María Paula Zingoni en el Palacio Nacional de las Artes (popularmente conocido como “Palais de Glace” de Buenos Aires), el licenciado en Relaciones Internacionales Rodolfo Rau en la Casa Nacional del Bicentenario, el licenciado y doctor en Ciencias Geológicas José Sellés Martínez en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, el coronel VGM (veterano de la guerra de Malvinas) Esteban Vilgré Lamadrid en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y el sociólogo Diego F. Barros en el Museo Histórico Sarmiento.

Al mismo tiempo, aunque sin confirmación oficial ni fecha concreta de puesta en marcha, se habla de la posibilidad de cobrar entrada para ingresar a los museos. “Habrá precios diferenciados entre extranjeros y residentes, y un día gratis para todos, como se hace en el resto del mundo”, anunció Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Nacional, al diario La Nación. En una entrevista con Infobae Cultura, el director del MNBA Andrés Duprat habló del tema (teniendo ya el antecedente de un sistema similar implementado en 2018). “Los extranjeros son el 35 por ciento de los visitantes. Ellos están acostumbrados a pagar entrada en casi todos los museos del mundo. Eso se cortó en la pandemia. El dinero recaudado iba para el Museo directamente y se aprovechó muy bien, compramos varias obras. Está previsto volver a eso”, anunció.

Ratificado en su cargo en septiembre de 2023, Andrés Duprat seguirá al frente del Museo Nacional de Bellas Artes, aunque los dos grandes proyectos edilicios que se proponían para su mandato quinquenal tienen un futuro incierto. El MNBA empezó a ser modificado parcialmente en su arquitectura, un proyecto que ya llevaba años, pero aún se desconoce si esas renovaciones continuarán. Todo depende del presupuesto, “que sigue siendo el de 2023″, dijo Duprat a Infobae Cultura.

Por un lado, la ampliación arquitectónica y modernización del Museo, que “ya se licitó, ganó una empresa y en setiembre del año pasado comenzó la construcción, ahora está detenida como tantas obras públicas”. Y, por otro, el enorme proyecto de construcción del Centro Nacional de Conservación y Reservas, que se realizaría en un terreno frente a plaza Congreso, se encuentra en stand by, ya que “hay que financiar un edificio nuevo”. “En este contexto lo veo bastante difícil. Estoy esperanzado igual”, comentó Duprat y agregó: “La noticia que tenemos es que estaban revisando las obras públicas y se supone que las que están iniciadas, se van a concretar. En eso reside nuestro optimismo. Al Museo vienen tres mil personas por día, necesita una ampliación y una renovación”.

El mundo del libro

El artículo 60 de la Ley Ómnibus proponía la derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera. Rápidamente todo el mundo del libro —autores, editores, libreros, distribuidores, incluso lectores— salió a, no sólo repudiar este artículo, sino a explicar por qué afectaba tanto a la actividad. En el sector rige la Ley 25.715 —sancionada en noviembre de 2001 y promulgada en enero de 2002— que se conoce con las siglas PVP: precio de venta al público. Ese precio es uniforme y lo fijan las editoriales: nadie puede vender libros por fuera de ese precio, lo que garantiza que la competencia no interfiera con la posibilidad del acceso.

Se la conoce también como Ley de Defensa de la Actividad Librera porque uno de sus objetivos originales era que los supermercados no puedan vender libros a precios mucho más baratos y así perjudicar a las librerías. Pero con el paso del tiempo, también se anticipó a un nuevo escenario: quedaron protegidas ante la llegada de Mercado Libre. Entre editores y libreros se preguntaban si esta propuesta de derogación se trataba de una “cuestión ideológica” de desregular absolutamente todo o si era liso y llano desconocimiento, ya que prácticamente todos están a favor del proteccionismo que provee esta ley.

El 10 de enero, en las puertas del Congreso, se realizó un Cacerolazo Cultural Nacional. Varias entidades y referentes promulgaron la convocatoria y allí se encontraron. El objetivo era frenar la derogación de esta ley, pero también posicionarse “contra el desfinanciamiento de las Conabip”. Algo similar ocurre con el Programa Sur —cuya esencia es subsidiar parcialmente a editoriales extranjeras que traducen literatura argentina—, por lo que la Unión de Escritoras y Escritores publicó esta semana un comunicado asegurando que “no tiene presupuesto aprobado y corre riesgo de desaparecer”.

Monumentos: profundo cambio de autoridades

Creada en 1938, la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos (CNM) se encuentra inmersa en una polémica debido al profundo cambio de autoridades (9 de sus 10 miembros) que se realizará mediante un decreto, según pudo confirmar Infobae Cultura .El ente, que tiene entre su funciones catalogar e incorporar el acervo nacional de obras patrimoniales de todo el país y brindar asistencia técnica para la conservación y restauración de los monumentos, es regulado por la ley 12.665, sancionada en 1940, que estableció un periodo de seis años para los cargos, haciéndolo coincidir con el mandato presidencial (tras la reforma constitucional de 1994, el periodo de una presidencia pasó a ser de cuatro).

El decreto actual, así, entra en conflicto con la ley, ya que los actuales integrantes fueron designados en noviembre de 2022. Los cambios, aseguraron, se producirán por “tres razones”: “Primero es una decisión política; segundo, se hará por decreto ya que así es como se nombran a los integrantes, y tercero, tiene que ver con no enunciar un federalismo, sino actuarlo de verdad”.

“Es una ley vieja, que estaba acorde a esos seis años que permitían coincidir con una presidencia, así que en realidad el mandato de 6 años es una cosa que ha quedado pendiente en la legislación”, dijeron desde la Secretaría y agregaron: “Después de evaluarse que la comisión hace bastante tiempo que no se reúne como el cuerpo colegiado que es y no sabemos lo que sucede realmente dentro, ya que hay poca difusión de sus actos, consideramos que el cambio es necesario”.

Cambios y recortes en el Incaa

El funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha estado en el centro de la escena desde el comienzo del nuevo gobierno, desde donde en la hasta ahora fallida Ley Ómnibus se buscaba retirarle su principal fuente de financiamiento (el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación, a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable), y se le fijaba gastos operativos y de personal que no pueden superar el 25% de su presupuesto: en la actualidad, se gasta el 50% solo en personal (alrededor de 1.300 empleados). De esta manera, según el proyecto, el Incaa debería reducir su planta de personal en más de la mitad (hasta casi un 70%).

Además, siempre según el proyecto, el Instituto de Cine recibiría directamente el llamado “impuesto al cine” (10% sobre el precio de las entradas de cine), pero el resto de sus fondos dependerán de lo que envíe el Ministerio de Economía. Por otra parte, se fijaba que el subsidio a otorgar no puede superar el 50% del presupuesto de la película, cuando anteriormente no había límite, entre muchos cambios más.

Desde la industria audiovisual, referentes como Ricardo Darín, Cecilia Roth, Darío Grandinetti, Rita Cortese, Mercedes Morán o Griselda Siciliani o Natalia Oreiro, entre otros, integraron un video de apoyo al instituto en el que se preguntaban “¿Por qué destruir algo que funciona bien?”. El 29 de febrero se oficializó, a través del Boletín Oficial, a Carlos Pirovano como su nuevo presidente. Es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero sin experiencia en la gestión del mundo audiovisual.

Durante esta semana, Pirovano participó de una reunión con la Junta Interna de ATE, en la que desde la asociación de trabajadores se pidió por la restitución de los puestos de 170 trabajadores y que se aplique un gravamen a las plataformas de streaming, tal como estipula de Ley del Cine, lo que permitiría al Instituto “ordenar sus cuentas, cumpliendo integralmente dicha Ley, sin necesidad de ningún tipo de despidos, cierres de áreas, programas o actividades”. Según los representantes de los trabajadores, la respuesta fue negativa para ambos pedidos. Según dieron a conocer en un comunicado, el nuevo funcionario además adelanto “una segunda etapa con nuevos despidos de planta transitoria, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para la planta permanente”.

Desde la organización sindical aseguran que las nuevas autoridades plantearon, como medida para reducir gastos, la eliminación de Cine.ar y Cine.ar Play (canal de televisión y plataforma online), o al menos una de ellas, así como el “cierre de los programas de alcance federal, e incluso la clausura y venta del Cine Gaumont”. “En materia de festivales, deslizó —dice el comunicado— la finalización de cualquier tipo de apoyo a ellos y hasta esbozó un plan de esponsorizar el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur, para evitar directamente su cierre por considerarlo innecesario a las funciones del organismo”.

Sin embargo, desde el nuevo Incaa aseguraron al diario La Nación que “nunca se dijo que se vendería el cine Gaumont”. También dijeron: “es falso que se haya hecho algún comentario en la reunión con ATE sobre la finalización del apoyo a los festivales”.

Al cierre de esta nota, no hay certezas sobre qué sucederá con el Incaa. El hermetismo de Pirovano, así como también de toda las áreas de la Secretaría de Cultura, persiste.