CADRA y los derechos de autor: su punto de vista, la incorporación de la fotografía y la cultura como “algo justo”

“Quiero recordar algo que parece olvidarse: CADRA existe hace 21 años, ese es el tiempo que lleva gestionando los derechos de los autores y editores”. Del otro lado de la línea, Magdalena Iraizoz —directora ejecutiva del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina y abogada especializada en legislación sobre propiedad intelectual— sostiene que el Decreto 736/2023 que firmó Alberto Fernández el pasado viernes 8 de diciembre no cayó del cielo. “Esta norma se venía buscando hacía muchos años, pasaron tres administraciones. Son estos temas que llevan discusión, que llevan debates y que no suelen estar en la prioridad de las agendas. Es muy difícil todo en nuestro país, con las dificultades que tenemos, con el cambio de gobierno, con las medidas anunciadas. Lo que nosotros protegemos son los derechos de propiedad intelectual de los creadores. Ahora, con esta norma, tenemos la legitimación para protegerlos acabadamente”.

Dice Luis Quevedo, presidente de CADRA y gerente de Eudeba: “Los derechos de propiedad intelectual son los que tienen los creadores sobre las obras que producen. Los países desarrollados defienden estos derechos por el valor que generan y porque son estratégicos para la economía en la era digital en la que vivimos. Argentina tiene muchas ventajas competitivas para hacerse fuerte en este sector”. Desde ahora, y como lo indica el artículo 1 del decreto, CADRA representa a “los autores y las autoras, sus derechohabientes, sucesores y sucesoras por cualquier título y los editores y editoras de las obras literarias fijadas en formato libro, fascículo, publicación periódica y/o impreso similar, en formato digital o analógico, siempre que hayan sido publicadas, para percibir, administrar y distribuir las retribuciones por los derechos de reproducción reprográfica, analógica, parcial o total en caso de la reproducción digital o de cualquier otro tipo”.

¿Qué significa concretamente? Que CADRA dará licencias a centros de copiado, universidades, empresas y otras instituciones para que puedan difundir material de estudio a usuarios y alumnos. A diferencia de lo que se creía dos meses atrás, “se ha previsto expresamente eximir a las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos de la obligación de pago del canon establecido”, dice el decreto. Pero este punto será mejor explicado en breve. Lo que los músicos obtienen con SADAIC y los actores con Argentores, los escritores y los editores lo tendrán con CADRA. Y ahora se suma una pieza más: los fotógrafos. Desde septiembre, cuando se anunció el decreto y se postergó el acto de anuncio, el debate en torno a los derechos de autor se agudizó al punto de partir al medio al mundo de la literatura. Las críticas no cesan, sin embargo, un gran abanico de autores y editores, en silencio pero con la cuota (gratuita) de socio de CADRA al día, apoyan la medida.

Sacar a la fotografía de la clandestinidad

“Yo soy fotógrafo y artista, no soy abogado”. Al teléfono, Alfredo Srur, miembro de CADRA y fundador del Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino. “Pero hace más de 20 años que me dedico a los temas de la protección de derechos de la fotografía argentina. La desprotección en términos de derechos está directamente relacionada a la falta de protección del patrimonio fotográfico. Y eso deriva en la falta de acceso, que es exactamente todo lo contrario de lo que algunas voces opositoras y antiderechos dicen. Al no tener protección y no tener derecho, no tenés recursos para cuidar el trabajo y el patrimonio, por ende no hay acceso. Muchas veces ese patrimonio se encuentra en tachos de basura. Como el de Alejandro del Conte. Al archivo de una de las figuras más relevantes de la fotografía argentina del siglo XX lo encontramos en la basura. Eso no es casual. Está directamente relacionado a la falta de un marco regulatorio”.

A Srur le interesan las historias. Como la de Eduardo Longoni, “un fotógrafo contemporáneo mío”, dice: el que hizo la foto La Mano de Dios, Maradona en el Mundial 86. “Es una foto que se reprodujo en todo el planeta desde el año 86 hasta ahora. Y Eduardo Longoni nunca cobró un centavo por esas reproducciones. Jamás. Mientras que un músico, cada vez que se reproducen sus canciones en la radio, en la tele, en el cine, cobra. Lo mismo un director de cine, lo mismo un guionista. En cambio la fotografía nunca. Hasta ahora. Ahora va a poder recaudar en Argentina y en el resto del mundo con acuerdos de reciprocidad. Es algo realmente histórico que va a favorecer a la cultura y que va a generar un mercado más justo. Eso va a derivar no solo a los autores, también a los investigadores, a tener archivos bien organizados, bien preservados. Y algo fundamental: va a haber más conciencia de lo que es la obra fotográfica, de su importancia cultural”.

“Hay tratados internacionales —continúa— que ponen a la fotografía en igualdad de condiciones con otras disciplinas artísticas. Además, los tratados internacionales igualan el derecho de autor de la fotografía con el cine, que son hasta 50 años después de que muere el autor, pero según la reglamentación nacional no, porque la fotografía argentina tiene la menor protección del mundo de obra artística. Acá hay una especie de cortocircuito jurídico: la fotografía tiene 20 años de derecho después de ser publicada. O sea, yo, con 46 años, tengo obra en dominio público cuando todas las demás disciplinas tienen hasta 50 y 70 años después de que muere el autor. Esa injusticia es además error en la ley nacional”, y agrega que “este es el primer eslabón para sacar de la clandestinidad a la fotografía en Argentina, que el mercado se agrande, que sea más nutritivo, que haya más recursos, que sea más justo. Esto va a beneficiar a todo el ecosistema”.

El uso secundario

El de la literatura, dice Iraizoz, es “un sector que estaba olvidado porque es un sector silencioso. En su momento lo fueron los intérpretes. Ahora tienen más visibilidad los directores de cine, los músicos. Te estoy hablando de hace un siglo, pero lo cierto es que este sector, el de la obra escrita, es un sector más silencioso, y todos nos nutrimos de él. Merecían tener la acabada protección que tienen en el resto del mundo”. “Acabamos de distribuir 9 millones de pesos entre nuestros titulares de derechos: cobra 50% el autor y 50% el editor”, cuenta la abogada y agrega que con el decreto, “cuando voy a un juicio por una acción de piratería, no tengo que llevar el poder de todos los escritores, periodistas o fotógrafos que fueron pirateados. Hay todo un capítulo en la Unión Europea de lo que es propiedad intelectual y obviamente que, ante el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, estas normas son importantísimas para proteger la creación y el acervo cultural”.

¿Por qué las bibliotecas no deben pagar el canon que sí pagan otras instituciones? “Hay una gran confusión en relación a esta norma —explica Iraizoz—, porque es algo muy jurídico y tiene que ver con el uso secundario de la obra, no con ese primer uso que es el acceso. Obviamente las bibliotecas populares y las bibliotecas públicas no entran en la discusión porque no reproducen obras. Las que reproducen son empresas privadas, departamentos de marketing, laboratorios, centros comerciales de impresión, los que tienen fin de lucro. Pero una biblioteca popular no, porque no reproduce nada. Una biblioteca popular es el puente para que el vecino, el usuario, acceda a ese libro. Y eso no tienen que pagar nada. No es una ley del libro. Es una ley que regula el uso secundario de la obra. Eso es lo que establece esta norma y nos da la legitimación para actuar en juicios por piratería”.

La conciencia de la comunidad artística

“Hay cosas que están cambiando. Hay una conciencia de la comunidad artística”, dice Srur. “Hasta hace unos años atrás si a mí me invitaban a hacer una muestra, yo tenía que estar agradecido de que me inviten a mostrar y no cobraba nada. Yo mostraba porque a uno le sirve,que salga algún reportaje, eso valoriza la obra que yo después puedo vender, pero a mí nadie me pagaba por exponer. Sin embargo, el que hace el montaje de esa exposición cobra, el que lleva las fotos en un flete a la galería cobra, el que tiene el bar en la esquina y le vende cafés a los que visitan la muestra cobra. Cobra la persona de limpieza, cobra el director de la galería, cobra el curador, cobra el tipo que hace el catálogo de la imprenta. Pero el artista no cobra. Eso es algo que se está cambiando de a poco, pero que era algo absolutamente habitual, digamos. Mientras que en muchos países del mundo eso no es así”, cuenta.

El punto al que llega Srur es que este decreto aparece en un momento de cambio en la perspectiva del artista en tanto trabajador de la cultura. “Durante muchos años de actividad profesional no tuvimos una sociedad de gestión colectiva que cuide nuestros derechos y la gente se malacostumbró. La fotografía pasó a ser una figurita anónima y gratuita. La fotografía es una parte muy importante de la memoria visual de un país y del mundo, y exige costosos mecanismos de preservación para que no se pierda y necesita de autores que puedan tener recursos para seguir generando cultura. En definitiva, el derecho de autor es un derecho humano, y también lo es el de acceso. Si hay un lucro económico con los contenidos que uno hace, nos sentamos y tratamos de resolverlo de una manera justa, donde no sea un beneficio solo para la plataforma o la gran estructura. Que los autores tengan la oportunidad de seguir trabajando y vivir de su trabajo. Que sea algo justo”.

Crítica a las crítica

Desde septiembre a esta parte, en las redes —especialmente en X, la ex Twitter— varios intelectuales, referentes y artistas impugnaron la legitimidad de CADRA. Una crítica muy presente es que el organismo cobra por todos, incluso por los que no pidieron ser representados. “Es muy sencillo —dice Magdalena Iraizoz—, cada uno tiene el derecho a poner todo libre. Cada autor es dueño de hacer lo que quiera. Pero también te quiero decir que la mayoría de los titulares cuidan sus derechos. Primero, porque es un derecho humano. Y segundo, porque todos quieren vivir de su trabajo. Insisto con esto: no recaudamos por quienes no son socios. El problema de esa crítica es que muchos publican en editoriales que están asociadas a CADRA. Me llama la atención que querés que tus textos estén liberados y publicás en una editorial que protege el derecho de autor. Te hablo de Planeta, de Siglo XXI, distintos sellos argentinos. De hecho, Planeta integra la comisión directiva de CADRA.

Luego la directora ejecutiva de CADRA dice que “hay algunas de esas voces críticas que son voces de los proveedores de internet, que son voces de Google, que tienen interés en socavar esta norma porque va en contra de los intereses que defienden. Te hablan de que el acceso es libre y gratuito, pero el acceso libre y gratuito es mentiroso, porque obviamente es a costa de los creadores. Obviamente Google se enriquece. Hay algunas voces, no todas, pero algunas voces que es muy claro de dónde provienen. Yo estoy en el posgrado de la UBA, soy abogada especializada en esto, los que nos dedicamos a esto conocemos algunas de esas voces y sabemos funcionales a qué son. Y sobre otra cosa que se criticaba, aclaro que la Universidad de Buenos Aires tiene licencia de CADRA desde hace 15 años; esta norma no nos cambia nada con la UBA”.

“Esto es pura posverdad”, dice Alfredo Srur y sostiene que ante CADRA y ante el tema de derechos de autor existe una “crítica antiderecho”: “Acá nosotros somos los vulnerables y en frente tenemos grandes corporaciones que se benefician de nuestro trabajo y que tienen personalidades pseudoprogresistas que desinforman, que hacen títulos fáciles, viles mentiras, son antiderechos, y que después consume gente que no entienden bien el problema, porque es complejo, claro que lo es”. “Esto es pura posverdad —insiste— y lo que nosotros tratamos de hacer es desarticular ese mecanismo malicioso hecho por unos pocos malintecionados que desinforman. Lo cierto es que, volviendo a la fotografía, lo que hay es un mercado muy pobre, y eso es porque la ley no acompaña en la protección de ese ecosistema cultural. Que nosotros ahora estemos en una asociación de gestión colectiva, reconocidos en una ley, va hacer que cambien un montón de cosas en beneficio de la cultura”.

[Fotos: Adrián Escandar, Nicolás Stulbert y Facebook de CADRA]