Derechos de autor, el debate que parte al medio al mundo de la literatura

“El derecho de autor es una norma, es ley, es respetar un derecho. ¿Cuál es la alternativa? ¿No respetar los derechos de autor? Eso es ilegal”. El que habla, del otro lado de la línea, es Luis Quevedo, actual presidente de CADRA, Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, entidad creada en el año 2002. Durante los últimos días este tema estuvo en el centro de la agenda cultural porque se iba a firmar el decreto presidencial que le otorga la legitimación exclusiva judicial y administrativa, dentro del territorio nacional, para regular los derechos intelectuales de los autores, sus herederos, y los editores de obras literarias y científicas.

Finalmente ese acto, pactado para el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner, con la presencia de Alberto Fernández, el ministro de Cultura Tristán Bauer y el director Nacional de Derecho de Autor Walter Waisman, se canceló. Se postergó, dijeron desde el Ministerio, porque le están haciendo modificaciones al decreto. En las redes sociales, sobre todo en X —antes conocida como Twitter—, el asunto no se apagó; al contrario, aún reverbera en algunas zonas incógnitas del éter digital las discusiones en torno a la legitimidad de CADRA, en particular, y a la pertinencia del derecho de autor, en general.

Desde que Gutenberg, hacia 1440, inventó la imprenta de tipos móviles, pasando por el Estatuto de la Reina Ana de 1710 y la masificación de las fotocopiadoras, hasta llegar a la era de la reproductibilidad digital, mucha agua corrió bajo el puente. Y la idea de derechos de autor se fue modificando constantemente. Hoy esta discusión vuelve con tanta tenacidad que podría afirmarse que, hacía años, muchísimos años, no se veía al mundo de la literatura tan partido. Y esa línea divisoria no cuenta con la simplicidad de conservadores-progresistas, derecha-izquierda ni adquiere el tono de la grieta partidaria de moda.

¿Cuáles son las posiciones? De un lado, quienes pretenden regular el uso de fotocopias de libros y su piratería digital —acentuada en pandemia—, y garantizar a autores y editores el cobro por el trabajo realizado. Del otro, quienes vetan la existencia de un ente estatal regulando la circulación del conocimiento y que ese dinero salga del presupuesto educativo. En el medio, y más allá de los márgenes, una enorme cantidad de matices que vuelven a esta discusión algo irreductible. Infobae Cultura conversó con Luis Quevedo, Beatriz Busaniche, Pablo Avelluto, María Teresa Andruetto, Vicente Battista, Alejandro Dujovne y Ezequiel Bajder.

Aclaraciones iniciales

Ante la oleada de críticas en las redes sociales, Luis Quevedo asegura que “no es cierto que esto encarece la educación”, y agrega: “Si yo te digo, por ejemplo, que hoy la Universidad de Buenos Aires paga a CADRA, por año, por alumno, que son 300 mil, 3,16 pesos... es una cifra difícil de pagar prácticamente porque no tenemos monedas de centavos y porque los tres pesos no significan casi nada en la economía argentina. Nadie puede decir que esto encarece la educación. Con muy poco costo las universidades que convenien con CABRA van a estar conforme a la normativa de la ley argentina”.

“Hasta donde nosotros sabemos, el Presidente está convencido de la pertinencia de esta norma”, y continúa: “Acá el debate de fondo es respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual. Eso es ley en Argentina y en todos los países que progresan en el mundo y lo que hace CADRA es cobrar un canon anual a todas aquellas instituciones que en su funcionamiento fotocopian libros o utilizan copias no legales. Fotocopiadoras, universidades, distintas instituciones pagan un canon que distribuye entre escritores y editores. Se está cumpliendo con la norma y esto es lo que reconocería y reglamentaría el decreto presidencial”.

“CADRA ahora lo hace, pero con muchísima menos presencia y difusión porque no tiene la norma que la pone en la misma calidad de representación que tienen las CADRAs del mundo, por llamarlos de alguna manera. En la Comunidad Europea, por ejemplo, todos los países tienen una entidad de gestión colectiva de los derechos de autor. CEDRO en España es una institución que reparte todos los años cientos de millones de euros en beneficio de los que crean los contenidos. Acá, el debate ya tiene bastante tiempo. El decreto viene de gobiernos anteriores y la discusión de derechos de autor siempre estuvo vigente y latente en Argentina”.

Según la Ley 11.723 de propiedad intelectual no se puede copiar ni reproducir material bibliográfico. CADRA otorga licencias para que los usuarios puedan acceder. Además, explica, CADRA recauda mayormente de las sociedades de gestión colectiva extranjeras. “Se dijeron muchas cosas que no son ciertas respecto a los montos. La tarifa de $93.240 al año, que también se mencionó, no es para una biblioteca, es para un negocio con equipos que se dedican exclusivamente a copiar los textos, una empresa de copiado, no para una biblioteca. CADRA nunca cobró ni cobrará una licencia a una biblioteca popular”.

Contra el oscurantismo

Una de las voces críticas es Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre y autora de Propiedad intelectual y derechos humanos, quien sostiene que “es un atropello” y “es muy turbio todo lo que está pasando”. “CADRA lo único que hace es recaudar”, dice y agrega: “El sistema de derecho de autor tiene más de un siglo y medio en la espalda de funcionamiento a nivel internacional, pero en la gran mayoría de los países del mundo, de los cuales Argentina hoy día no forma parte, existen excepciones con fines educativos, donde bibliotecas, universidades y demás instituciones educativas funcionan sin tener que pagarle a este tipo de instituciones”.

“Ellos son una ONG, una asociación civil sin fines de lucro que se está parando frente a la Universidad de Buenos Aires y le dicen: ‘pagame un canon por cada uno de tus alumnos de la educación pública y gratuita’. Si uno mira el tarifario de CADRA y estima cuánto le correspondería pagar a la UBA si esto se legitima, estamos hablando de algo así como 680 millones de pesos por año. Después dicen que, generosamente, le hacen un descuento a la UBA, pero lo que dice el tarifario es 1.551 pesos por alumno para digital y 758 pesos por alumno por fotocopias, y eso tenés que multiplicarlo por 300 mil de alumnos”, asegura Busaniche.

“¿Sabés cuál es el problema? Que yo estoy discutiendo sobre lo que ellos tienen publicado en su sitio web”, dice. Efectivamente, en la página de CADRA, en la pestaña “Tarifario”, se lee lo que menciona. “Ellos están en la hipótesis de lo que dice un decreto que nadie vio y que no discutieron con nadie. En el oscurantismo no hay debate posible. Lo vamos a ver probablemente cuando se publique en el Boletín Oficial. Y ahí va a ser tarde. Además hay otro detalle: esto es materia legislativa, esto lo tenés que discutir en una ley. Nosotros venimos hace años pidiendo al Congreso que apruebe una ley de flexibilidades a favor de bibliotecas y centros académicos”.

“Nadie sabe lo que están escribiendo y nos vamos a enterar en el Boletín Oficial”, precisa Busaniche. “Están discutiendo ir a sacarle plata a la universidad pública cuando tienen un montón de profesores de la universidad pública, como Ezequiel Adamovsky, que debe ser uno de los más fotocopiados de Sociales, diciendo ‘no cobren en mi nombre’. Cuando uno mira cómo reparte CADRA, y esto está en sus estatutos, se queda con el 45% de lo que recauda. El 30% supuestamente es para su administración y después lo que reparten es mayormente a editores de libros de los últimos cinco años, cuando en la universidad leemos libros mucho más viejos”.

La distinción del lector

María Teresa Andruetto define su posición como “anfibia”: “No estoy de acuerdo con la persecución de la copia individual, pero sí me parece interesante el pago de un canon en las instituciones educativas. Lo que sí me parece interesante es una protección cuando las instituciones, las universidades, los profesorados hacen fotocopias de capítulos para los estudiantes, que incluso eso se vende y demás. Cuando está de por medio la venta me parece importante, pero cuando es individual, persona a persona, como un lector, creo que forma parte de los nuevos modos de leer. Los lectores leemos el libro en copia y fotocopia, de cualquier manera”.

“Si una universidad lo tiene como material que se comercializa porque los alumnos lo compran -muchas veces se trabaja con dos capítulos de un libro teórico- no estaría mal cobrar. Si media el dinero en cantidad no lo veo mal. Pero si es una cuestión de que se va a perseguir al que haga una fotocopia privada, eso ya no”, dice y agrega: “Esto alivia al estudiante en relación al libro completo y le restringe a la editorial una posibilidad de venta porque hay alguien que compra apuntes. En ese caso me parece que está bien que la institución que lo comercializa pague un canon. Siempre pensando en que circulen las ideas”.

”Esto restringe más a los editores que a los autores, porque el editor, no vende el libro completo porque una institución vende dos capítulos. Suponte, un profesorado, en vez de trabajar con todo mi libro recomienda el profesor uno o dos capítulos. Esa gente no compra el libro, compra la fotocopia de dos capítulos. Y ahí al editor le restringe porque un potencial comprador del libro no lo compra, sino que compra un juego de copias. En este sentido yo sí veo que está bien que la institución pague un canon por esos derechos porque los comercializa”, concluye esta poeta, ensayista, narradora y ganadora del Premio Andersen.

La situación romántica del poeta

Vicente Battista es socio de CADRA desde su fundación. “Apoyé siempre ese propósito. Creo que es una ayuda esencial para los autores”, dice este escritor y guionista argentino. “Hay otros artistas que están protegidos: los músicos con SADAIC|, los autores teatrales con Argentores. En ambos casos sus obras están protegidas y son rigurosos: cobran los derechos por su trabajo. Pero con los escritores, sobre todo con los poetas, todavía perdura una situación romántica, al estilo del siglo XIX donde el poeta necesariamente se moría tuberculoso, muy joven y sufriendo”.

“Después los derechos de autor de ese poeta —continúa Battista—, pienso en Rimbaud por ejemplo, los cobraban los descendientes, pero él no cobraba nada, porque era condición de poeta no cobrar: estaba por encima de toda la creación, casi como para parecerse a Jehová, que creó el mundo y no cobró nada. En base a ese criterio se enriquecieron o ganaron un buen dinero las editoriales, las distribuidoras y las librerías, y el autor era quien menos plata recibida por todo el trabajo hecho. Eso pasa siempre y, salvo que sean beneficiado por un bestseller, los autores nos encontramos cobrando los derechos de autor y nos interesa cobrarlos”.

“En ese sentido, CADRA se ocupa de controlar las copias piratas que se hacen de las obras. Es común que a un libro lo fotocopien cincuenta veces y el autor no cobra un centavo. Pasa lo mismo con Google que se baje libremente. Hace poco vi un cuento mío que se había publicado en España que lo habían puesto en castellano de Madrid en lugar del argentino que yo lo había escrito. Vaya a saber quién hizo eso. Lo cierto es que ahora, CADRA mediante, todos los años recibo un dinero por los libros míos que se supone se han fotocopiados. No es para irme de viaje a Europa pero sí para tener para comprar pipa o tabaco”, concluye.

El monopolio del Estado

Antes de haber comandado la cartera de Cultura entre 2015 y 2019, Pablo Avelluto tuvo un largo paso por el mundo editorial: fue gerente de Estrada, director de la región sur de Random House y vicepresidente de la Cámara Argentina de Publicaciones. “A mí me comieron la cabeza mientras estaba en la gestión para lograrlo y me opuse siempre”, le dice a Infobae Cultura. “Con este decreto CADRA va a tener poder de policía, esa es la principal cosa con la que yo estoy en contra. Otro problema es que se reparte muy poco dinero. Parece que estuviera en contra de la protección del derecho de autor y no: yo estoy lejos de estar en contra.

Y continúa: “Yo soy partidario de que se creen y fomenten mecanismos de licenciamiento de manera tal que, si como ocurre hoy en muchas universidades, existen bibliografías que se suben en PDF, sean los editores -que además tienen la obligación de hacerlo en los contratos que firman con los autores- quienes encuentren mecanismos para que eso se pueda hacer legalmente y no sea todo pirata. El mecanismo que propone CADRA no me aparece el más adecuado ni el más idóneo y mucho menos amparado en el Estado que le confiere un monopolio y haciéndolo por decreto dos meses antes de que estos muchachos se vayan a su casa”.

Y sigue: “Ellos vienen y te dicen: ‘tenemos un problema con la fotocopias de los libros, sobre todo de los textos universitarios. Nadie garpa, alguien se queda con la guita en las oficinas de apuntes, etcétera. ¿Qué podemos hacer al estilo de lo que se ha hecho en otros países? Bueno, que las editoriales se asocien con los autores, nosotros vamos a las universidades, negociamos un acuerdo con las instituciones porque tienen fotocopiadoras y con eso que recaudamos después lo repartimos entre los editores y los autores que están asociados a CADRA’. Hasta ahí perfecto, pero ya eso encierra algunos problemas”.

El primero de esos problemas, explica, es una pregunta: “¿Cómo sabés vos qué libro se fotocopió y a qué autor y a qué editorial le estuvieron de algún modo pirateando sus derechos de autor o sus derechos de propiedad intelectual? Antes, en las radios, era un laburo que hacía un tipo que anotaba todas las canciones que se pasaban, iba a SADAIC y después se repartía lo que había cobrado. Ese es el modelo que ellos proponen. No es que esté necesariamente mal, lo que está mal es que sea un modelo monopólico único del Estado, sobre todo cuando además la tecnología ha cambiado enormemente”.

Sociedad de gestión colectiva

“Acá hay dos derechos en pugna”, dice Alejandro Dujovne, investigador de CONICET y director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro. “Por un lado, el derecho de autor, su propiedad y la dimensión moral en torno a eso, la patrimonial. Y por otro, la libre circulación o el libre acceso al conocimiento, a las ideas. En general cuando se discute este tipo de cosas se da esta tensión. Ese es el problema más jurídico y filosófico de fondo. Pero en términos de formas de cobro o formas de imponer alguna clase de recaudación a los derechos de autor, el modelo de sociedad de sociedad de gestión colectiva de derechos es un modelo que no es una invención argentina, es un modelo internacional que en Argentina tiene muchísima expresiones en distintas ámbitos de la cultura y que esta es una: los libros”.

Dujovne subraya que “CADRA no es una novedad” y que “el punto es qué grado de autoridad, qué reconocimiento formal legal va a tener para cobrar”. “ En Argentina está funcionando de manera voluntaria —explica— y la idea es pasar a darle una entidad legal que pudiese ir más allá de la voluntad de aquellos que se asocian para cobrar o demandan el cobro de sus obras. Desde mi punto de vista, desde el momento en que entendemos que el derecho intelectual, el derecho de autor, tiene que ser reconocido, tiene que haber algún modo de gestión de ese cobro. Desde ese punto de vista es correcto la existencia de un mecanismo como este. Podemos discutir matices, cómo podría funcionar mejor, sobre todo teniendo en cuenta la circulación digital, pero me parece un mecanismo de adecuado y apropiado”.

El mecanismo al que hace referencia el investigador es el de la sociedad de gestión colectiva de derechos, y es el que usa Argentores, así como también SADAIC. “En todos los casos operan como monopolios y son del tipo obligatorio. “Está establecido y está muy extendido. Hay países que tienen organismos públicos de control con mayor o menor eficacia, con mayor o menor poder de policía, con mayor o menor actualización jurídica... en fin, hay muchas variantes, pero este modelo es un modelo que funciona. Se pueden discutir muchas cosas acerca de la Ley de Propiedad Intelectual, de cómo funciona el derecho de autor, pero me parece que en sí mismo es un buen mecanismo”.

La gratuidad de Google

“Siempre hay alguien que se opone a esto”, afirma Quevedo, y explica su punto: “El alguien más importante que se opone siempre ha sido Google, que utiliza contenidos en forma gratuita, vende publicidad en el mundo en forma gratuita y tiene una posición dominante muy grande. Ellos dicen: ‘nosotros no tenemos por qué pagar por contenido porque están libres’. Y eso se está revirtiendo en toda la legislación del mundo. Google y demás plataformas y prestadoras de servicios de internet creen que no hay que pagar por los contenidos porque a ellas no les conviene”.

“Pongamos el ejemplo de Infobae”, continúa el presidente de CADRA. “Infobae debería cobrarle a las plataformas por los contenidos. Porque Google utiliza los contenidos que genera Infobae para facturar publicidad. Y esa es publicidad que le quita al medio. Entonces, ¿cómo es que no van a pagar? Si eso se terminara realizando de esa manera, ¿qué empresa, qué editorial, qué medio estaría dispuesto a invertir en generar contenidos si la publicidad o las ventas o el usufructo de ese contenido se lo llevan terceros que no hacen nada para generar ese contenido?”

¿Inadecuación tecnológica?

“La tecnología ha cambiado enormemente”, insiste Avelluto, y dice: “No reproducís prácticamente libros con fotocopias como era cuando yo estudiaba en la década de los ochenta o daba clases en la década del noventa. Hoy los libros están digitalizados, todos tenemos elementos de reproducción técnica. Si estoy en la Biblioteca Nacional y necesito llevarme una página para poder hacer mi trabajo le sacó una foto con el celu. Hay scanners digitales en el celular que convierten en texto. Entonces el problema también para mí de lo que propone CADRA es una gigantesca inadecuación tecnológica a la época”.

Para el entonces Ministro y Secretario de Cultura, “la manera en la cual leemos hoy es muy diferente, ha cambiado mucho. Lo mismo con la manera en que vemos películas o escuchamos música. En esas industrias se fueron adaptando a través de las plataformas, de los sistemas tipo Spotify, para que vos puedas tener acceso al material pagando y sin tener que descargar ilegalmente. Con los libros eso no pasó. Ahí creo yo que reside el origen del problema. Estamos aferrados a una idea del libro que es de hace cien años. El problema no es la protección de los derechos de autor, que deben ser protegidos, por supuesto”.

“El problema —afirma Avelluto— es que es un modelo de negocio que requiere un service, una revisión: cómo ha funcionado, cómo funciona y cómo podría funcionar. No es cierto que todos los países tengan sistemas iguales a los de CADRA, más bien te diría que no he encontrado ninguno que tenga una sociedad monopólica que represente a escritores que no le dieron esa representación para que recaude lo que es de todos, reparta no se sabe con qué criterio y se quede con una cantidad de dinero que no se sabe cuánto ni por qué”.

La cuestión académica

En el debate, Alejandro Dujovne se posa sobre la edición académica porque “es la que se ve más directamente afectada” ya que, “si bien hay literatura, narrativa, etcétera, en la universidad lo que más circula son obras científicas”: “Está muy extendido dentro de las universidades que la bibliografía, o al menos la obligatoria, se encuentra digitalizada y a disposición de los alumnos. Si bien está buenísimo porque permite que todos y todas puedan acceder al material, también es un problema serio para el mercado editorial”. Y no digo puramente en términos económicos, que también lo es, por supuesto, sino porque las editoriales académicas, que tienen un mercado que es acotado y tiene obras especializadas, el sector editorial se ve perjudicado, se precariza y en definitiva perdemos calidad”.

¿Qué termina pasando? “Que muchas editoriales terminan recurriendo al pago de los autores. En vez de vender las obras en un mercado que puede mandarlas, terminan recurriendo a que los autores paguen de su bolsillo o a que los autores vengan con alguna clase de subsidio institucional que pueda bancar esas obras. Y ahí el criterio de selección, la discusión en torno a calidad de las obras deja paso a ver si la obra puede ser financiada por el autor. Cuando no hay un mercado que lo demande el financiamiento tiene que venir por algún lado, porque las editoriales tienen que seguir existiendo. Entonces, lo que se termina vulnerando es el modo en que se seleccionan, producen, circulan y se comercializan las obras de los académicos argentinos. Es un problema de fondo”, responde Dujovne.

El investigador hace este planteo: “Cambia todo si la editorial hace una inversión, una apuesta con una obra, a que si publica porque el autor le paga. Entonces publica cien ejemplares, no los distribuye o si los distribuye no se preocupa si los vende o no porque el autor ya le pagó. Son dos lógicas de funcionamiento muy distintas. Esto es importante porque habla de las condiciones de visibilidad y de circulación del pensamiento producido en Argentina. Porque el libro sigue siendo estructural, clave, decisivo en el mundo de las ciencias sociales y humanas. Así como en las ciencias físicas y naturales el paper es muy importante, en las ciencias sociales y humanas el libro no deja de ser el lugar donde se condensa una obra, donde hay un reconocimiento público el labor de muchos años se ve materializado”.

“Si no tenemos editoriales de calidad lo que termina siendo vulnerado es esa producción académica. Por otro lado, hablando de la lectura, si nosotros alentamos el uso fragmentario de una obra, terminamos distanciándonos del objeto libro y no se terminan formando bibliotecas ni se compran libros”, concluye.

Rayos X a la industria del libro

Cuando Beatriz Busaniche cobró su primer sueldo después de estudiar, lo primero que hizo fue comprarse los libros que había leído en fotocopia. “Los quería tener en mi biblioteca”, confiesa. “La fotocopia no mata al libro, la fotocopia reproduce lectores. Y si la industria del libro está en un mal momento es porque todo el mundo está en un mal momento. Que vayan a preguntar cómo están las ventas de ropa, que vayan a preguntar cómo están las ventas de alimentos. Ir a sacarle plata al magro presupuesto público de las universidades y las bibliotecas no solo es inmoral, es criminal”.

“Hay un detalle acá: se junta autores y editores como si fueran lo mismo y se pone todo detrás de la vara del derecho de autor. Cuando hablamos de por qué los autores cobran migajas también hay que analizar otra cosa fundamental que no tiene que ver con la fotocopias de sus libros, porque la mayoría de los autores que viven del derecho de autor no son los autores fotocopiados en las facultades, sino los autores explotados por el mundo editorial. Ahí también hay que poner una tónica de control”, agrega y asegura: “No estamos en contra del derecho de autor. Queremos que los autores ganen mejor”.

¿Y cómo se logra? Para Busaniche, la salida es apuntar a la industria editorial: “Los autores se tienen que plantar frente a los que los explotan. Es como si los periodistas se enojaron con los que no compramos diarios. Enojate con tu patrón, no con los que no te compran el diario. El problema es que acá hay una alienación y el patrón es que el que toma el liderazgo Tu patrón es el editor y si te paga el 8% del precio de venta al público... ahí está tu pobreza. Acá hay una relación contractual laboral, y los autores deben logran posicionarse mejor en una industria que es tan explotadora. Quiero ser clara: El trabajo tiene que ser remunerado y mientras mejor remunerado esté el trabajador mejor va a ser la cultura. Pero esto es otra cosa: esto es hincarle el diente al erario público de las universidades”.

Ahogo y circulación

“Escribo esto como editor de Vestales, que no es socia de CADRA, porque entendimos que nuestros libros no apuntan al universo que CADRA cubre (tal vez sea un error)”. El que habla —el que escribe, en realidad; es un intercambio de mails con Infobae Cultura— es Ezequiel Bajder: escritor, director del sello Vestales y miembro de la Cámara Argentina del Libro. “Entiendo también que estos sistemas de gestión colectiva suelen ser imperfectos, es decir: nunca cubren todo el espectro, la forma de cálculo del pago implica una decisión (elegir una fórmula para eso) y esa decisión tiende a ser imperfecta, no abarcativa de todas las posibilidades”, agrega.

“Aún así, creo que es mejor que esté, que exista, que haya límite a la proliferación de copias apócrifas y a la piratería. Ya el libro, de por sí, tiene un share, es decir, una porción que se comparte con otros (bibliotecas, préstamos entre amigos, etc.) que es parte de la industria y es algo que practico. De todos modos, esa circulación implica por lo menos haber adquirido una copia. La posición de algunos autores que decían que eso ayudaba a su promoción (vi un tuit que decía ‘si te leen, aunque sea pirata, tal vez te compren para hacer una serie en Netflix’, cosa ridícula: los productores de Netflix pueden pagar un libro, leerlo legal), esa posición me pareció extraña en un momento de reivindicaciones del valor de la labor autoral. Parece contradictorio”, continúa.

“Leí el artículo de Busaniche en eldiarioAr. Me pareció carente de argumentos o lleno de argumentos falaces e incoativos: ‘se está empezando a ver en el mundo’, etc. Siempre es ‘en el mundo’ y siempre se habla del ‘comienzo’ para edulcorar lo pretendidamente nuevo. La idea de la libertad de circulación de las ideas que supone el argumento de Busaniche es el mismo calcado de la Ley Pinedo a medida para Google y los buscadores que se benefician con quien descarga un libro o lo fotocopia. Por otro lado, qué libertad de circulación sería posible si la piratería ahoga a los que producen (autores, editores, etc.)”, continúa Bajder.

Para este autor y editor, CADRA no puede contener todas las situaciones, pero “es una punta y una manera de comenzar”. Y agrega: “Nosotros (la industria editorial) vive del derecho de autor: que un autor ceda a un editor su obra y no a otro hace que proliferen editoriales. Si todos pueden editar todo, entonces el mercado se acorta, se pauperiza y se reduce a muy pocos actores. La flexibilización de Busaniche, su principal argumento contra CADRA, es avanzar sobre el derecho de autor”. Y concluye: “CADRA ya dijo que no va a cobrarle a bibliotecas populares, que no es el universo a controlar. Entiendo que sí entran las de las universidades, porque todos hemos hecho nuestras carreras con fotocopias (soy viejo, se ve) o PDF de capítulos de distintos libros. Que haya una remuneración es la manera de incentivar que se sigan produciendo esos textos. Por lo menos, dentro del capitalismo. Y acá nadie habla de pensar otro sistema de producción, sino de resguardar el interés de los productores (CADRA) o el de las grandes plataformas que flexibilizan el derecho de autor como Google”.

El alcance de CADRA

CADRA alcanza a todos los autores que hoy están asociados, que hasta el momento son aproximadamente 1500. “Todos los años le distribuimos regalías a los autores y a los editores —cuenta Quevedo, presidente del organismo—, que cobran por las obras que han sido utilizadas durante el año. Se deposita una vez al año, pero a partir de este año es dos veces, por razones de inflación. Ahora, con el decreto, CADRA accedería a un registro mayor. Estaría regulado, además, por el Ministerio de Cultura de la Nación. La tarifa ya no la pondríamos nosotros conforme a los estándares internacionales, sino que la pondría del Ministerio en función de determinada pauta que se establezca. El porcentaje que se puede dedicar a administración y logística del funcionamiento de la institución se achica muchísimo. Hoy, conforme al estatuto, no llega al 30% y pasaría a ser del 15% como máximo. Lo que quiere decir que habría muchísimo más recursos para pagar a los autores y a los editores”.

Y agrega: “Nosotros facilitamos la mediación que hay entre las bibliotecas y los lectores, entre las universidades y los estudiantes, porque de otra manera cada fotocopia que se hace es posibles fuente de un conflicto jurídico. Cuando vos fotocopiás o tenés libros truchos o falsificás los libros estás infringiendo la ley. Y CADRA, como una entidad de acción colectiva de autores y editores, tiene poder para actuar legalmente. El reconocimiento es una manera, no solamente de potenciar a CADRA en la Argentina, sino de ponerla en el mundo. Es un ingreso también para la Argentina: en ese caso son ingresos en dólares que vienen del exterior, no son dólares que salen de ningún presupuesto nacional, ni público ni privado”.

Profundizar el debate

Quizás ningún tema como este ha partido así a la literatura. En un mundo tan cambiante, que se presenta como nuevo, como distinto, como otro mundo, ¿cómo proteger los derechos de autor y cómo continuar este debate, profundizarlo, hasta volverlo más rico? Para Alejandro Dujovne, “si lo reducimos a un tire y afloje en torno a CADRA perdemos de vista las enormes transformaciones que hay en el mundo del libro, y que tenemos leyes que no necesariamente responden a esa realidad. Y si hay que reducirlo a CADRA sí o CADRA no -una discusión que en el mundo está saldada, esto existe en mucho lugares del mundo, de repente pareciera como si CADRA es un invento argentino y no-, digo que CADRA sí. ¿En qué sentido? En el sentido que existan mecanismos que aseguren el cobro de derechos de autor”.

Por su parte, Pablo Avelluto sostiene que “esto tiene una parte lógica y un origen sensato y loable que es ‘vamos a cuidar los derechos de autor de los escritores y de los editores, y de propiedad intelectual, sin joder a nadie’, pero en realidad no es eso, no está eso en el corazón. Y yo celebro que por lo menos se hayan parado para pensar. Creo que hay mucha gente a la que tienen que escuchar. En Argentina no hay una representación única de los escritores, para bien o para mal, pero no hay una. Y tienen que escucharlos”.