Una investigación periodística compromete deberes éticos de Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos

Para las universidades y bibliotecas que buscan un nombre llamativo para un conferenciante invitado, pocos son más importantes que Sonia Sotomayor, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos que pasó de la pobreza en el Bronx al más alto tribunal de la nación. Ella también se ha beneficiado de la compra por parte de las escuelas de cientos, a veces miles, de los libros que ha escrito a lo largo de los años.

El personal de Sotomayor ha instado a menudo a las instituciones públicas que han acogido a la jueza a comprar sus memorias o libros infantiles, obras que le han reportado al menos 3,7 millones de dólares desde que se incorporó al tribunal en 2009. The Associated Press obtuvo detalles de esos eventos, en gran parte fuera de la vista del público, a través de más de 100 solicitudes de registros abiertos a instituciones públicas. Las decenas de miles de páginas de documentos resultantes ofrecen una mirada poco común a Sotomayor y sus colegas jueces, más allá de sus funciones oficiales.

En su caso, los documentos revelan repetidos ejemplos de personal del tribunal, financiado por los contribuyentes, que realiza tareas para las empresas de libros de la jueza, algo que los trabajadores de otras ramas del gobierno tienen prohibido hacer. Pero cuando se trata de promover su carrera literaria, Sotomayor es libre de hacer lo que otros funcionarios del gobierno no pueden porque el Tribunal Supremo no tiene un código formal de conducta, dejando a los nueve jueces escribir y hacer cumplir sus propias reglas.

“Este es uno de los principios más básicos de las leyes éticas que protegen el dinero de los contribuyentes del mal uso”, dijo Kedric Payne, ex consejero jefe adjunto de la Oficina de Ética del Congreso y actual consejero general del Campaign Legal Center, un grupo no partidista de vigilancia del gobierno en Washington. “El problema en el Tribunal Supremo es que no hay nadie que diga si esto está mal”.

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El personal de la Corte Suprema ha estado muy implicado en la organización de conferencias para vender libros. Se trata de una conducta prohibida para los miembros del Congreso y del poder ejecutivo, a quienes las normas éticas prohíben utilizar los recursos del gobierno, incluido el personal, para obtener beneficios económicos. Los jueces de tribunales federales inferiores también tienen instrucciones de no “prestar el prestigio del cargo judicial para promover” sus “intereses privados”.

En un comunicado, la Corte Suprema dijo que trabaja con los jueces y su personal para asegurarse de que están “cumpliendo con las directrices de ética judicial para este tipo de visitas.” “Cuando (Sotomayor) es invitada a participar en un programa de libros, el personal de la Cámara recomienda el número de libros (para que una organización los pida) basándose en el tamaño de la audiencia, para no decepcionar a los asistentes que puedan anticipar que habrá libros disponibles en un evento”, aclaró el tribunal.

Los documentos obtenidos por AP muestran que la conducta de los jueces abarca su división entre conservadores y liberales. Además de la venta de libros, las apariciones de los jueces se emplean con la esperanza de recaudar dinero en las escuelas, que a menudo invitaban a los principales contribuyentes a los actos. Los jueces también prestaron el encanto de su alto cargo a la actividad partidista.

En 2019, mientras Sotomayor viajaba por el país para promocionar su nuevo libro para niños, “¡Solo pregunta!”, los funcionarios de bibliotecas y colegios comunitarios de Portland, Oregón, aprovecharon la oportunidad para organizar un evento.

Trabajaron muchas horas y se adaptaron a las peticiones cambiantes del personal del tribunal de Sotomayor. Luego, cuando el costo público de acoger el acto se multiplicó casi por diez, una ayudante de Sotomayor envió un correo electrónico con una preocupación diferente y urgente. Dijo que los organizadores no compraron suficientes ejemplares del libro de la jueza, que los asistentes tenían que comprar o tener a mano para conocer a Sotomayor después de su charla.

“Para un acto con 1.000 personas que deben tener un ejemplar de Just Ask para entrar en la fila, 250 libros no son suficientes”, escribió Anh Le, asesora de la Biblioteca del Condado de Multnomah. “Las familias compran varios ejemplares y la gente se enfadará si no puede ponerse en la fila porque el libro requerido está agotado”.

No fue un empujón aislado. Mientras Sotomayor se preparaba para el fin de semana de graduación en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, su personal instó a los funcionarios a comprar ejemplares de libros firmados en relación con el acto. Antes de una visita a la Universidad de Wisconsin, el personal sugirió una firma de libros.

En la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, los responsables de la escuela se ofrecieron a comprar 60 ejemplares firmados antes de una comparecencia en 2017; el personal de Sotomayor señaló que la mayoría de las escuelas hacen pedidos de unos 400 ejemplares. La Universidad Estatal de Michigan le pidió a Sotomayor que viniera al campus y en 2018 gastó más de 100 mil dólares en copias de sus memorias, My Beloved World, para distribuir a los estudiantes entrantes de primer año. Los libros se enviaron al Tribunal Supremo, donde los trabajadores del tribunal llevaron las copias a su despacho y las firmó antes de enviarlas a la escuela.

Sotomayor, cuyo salario anual este año es de 285.400 dólares, no es la única que gana dinero escribiendo libros. Tales ingresos están exentos de la restricción de 30.000 dólares que impone el Tribunal sobre la remuneración anual externa. Pero ninguno de los jueces ha aprovechado tan enérgicamente los viajes patrocinados públicamente para impulsar las ventas de libros como Sotomayor, según los correos electrónicos y otros registros revisados por AP.

Tales esfuerzos promocionales corren el riesgo de dañar aún más el prestigio público del Tribunal Supremo al colocar a un juez individual por encima de la propia institución, dijo J. Michael Luttig, un ex juez de la corte federal de apelaciones que ha presionado para que los jueces adopten un código formal de conducta.

“Nunca he creído que los jueces del Tribunal Supremo deban escribir libros para complementar sus ingresos judiciales”, comentó Luttig, que fue considerado para el Tribunal Supremo por el presidente George W. Bush. “El potencial de promoción de los jueces individuales por encima del Tribunal a expensas de la reputación del Tribunal como institución, así como la apariencia de tal, es inevitable”.

La editorial de Sotomayor, Penguin Random House, también ha desempeñado un papel en la organización de sus charlas, en algunos casos presionando a instituciones públicas para que se comprometieran a comprar un número específico de ejemplares o solicitando que los asistentes compraran libros para obtener entradas, según muestran los correos electrónicos. La editorial ha tenido varios asuntos ante el tribunal en los que Sotomayor no se recusó.

“La jueza Sotomayor se habría recusado en los casos en los que Penguin Random House era parte, a la luz de su estrecha y continua relación con la editorial”, contó el Tribunal Supremo en un comunicado. “Una omisión inadvertida no llamó su atención sobre la participación de Penguin en varios casos; esos casos finalmente no fueron seleccionados para su revisión por el Tribunal. Los procedimientos de comprobación de conflictos de la Cámara han sido modificados desde entonces”.

Una persona cercana a Sotomayor, que insistió en el anonimato para hablar de los negocios de libros de la jueza, confirmó que “no se ha beneficiado ni se beneficiará de las ventas” de sus memorias más allá del anticipo de 3,1 millones de dólares que recibió y que hacerlo “requeriría la compra de cientos de miles de libros adicionales - más del doble de las compras hasta la fecha.”

Sotomayor, sin embargo, continúa ganando regalías -al menos 400 mil dólares desde 2019- por las ventas de su literatura infantil, incluido ¡Sólo pregunta!, su segundo libro más vendido, que fue el foco promocional del evento de 2019 celebrado en Portland, como muestran correos electrónicos y registros.

Ese verano, después de que un ayudante de Sotomayor se pusiera en contacto por primera vez con Portland Community College para evaluar su interés en acoger una charla sobre el libro, los funcionarios de la escuela de Oregón lo calificaron como una “posibilidad emocionante.” Los responsables se comprometieron a gastar 1.000 dólares para acoger el acto. La biblioteca del condado de Multnomah, coanfitriona, prometió otros 1.500 dólares.

Los costos asociados con el evento se dispararon a más de 20 mil dólares para cuando se celebró en septiembre de 2019. Los correos electrónicos muestran que el personal de la Corte Suprema, incluido Le, un asistente legal de larga data de la jueza y graduado de la universidad comunitaria, controló de cerca la ejecución del espectáculo, solicitando el lugar más grande posible, mientras administraba detalles menores como la colocación de escaleras o aprobaba los ángulos de cámara de televisión que se utilizarían.

A medida que se acercaba la charla, Le fue centrando su atención en los libros, que se ponían a la venta por Internet a quienes obtuvieran entradas para el acto gratuito. “¿Pueden mostrarme la pantalla donde la gente puede comprar libros?”, escribió a los empleados de la biblioteca mientras se preparaban para poner a la venta las entradas. “¿Sólo están colocando ¡Sólo pregunta!... en el portal o todos los libros de la Jueza?”.

Cuando las entradas gratuitas se agotaron rápidamente, la asistente de Sotomayor pidió a los funcionarios de la biblioteca que hicieran público que quienes no pudieran conseguir entradas aún podrían conocer al juez si compraban un libro. “Por favor, también hágales saber que pueden asistir a la línea de firma para conocer a la Jueza incluso si no pueden asistir al evento”, escribió Le en un correo electrónico del 26 de agosto de 2019.

Un día después, ella siguió con otro correo electrónico, preocupada de que no suficientes de las personas que obtuvieron boletos también habían comprado un libro. Los registros indican que las aproximadamente 550 entradas gratuitas puestas a disposición del público (el resto estaban reservadas para invitados VIP) dieron como resultado la compra anticipada de solo 28 libros. “¿Se está recordando a la gente que debe comprar un libro en el acto o traer un libro para poder entrar en la cola de la firma?, escribió la asistente. “La mayoría de los inscriptos no compraron libros”.

Aun así, cuando se enteró de que los organizadores del evento sólo habían comprado 250 ejemplares del libro de Sotomayor, envió un correo electrónico diciendo a los funcionarios de la biblioteca que la cantidad era “definitivamente insuficiente”. Un empleado de la biblioteca le contestó por correo electrónico: “¿Tal vez debería comunicarse con (el editor de Sotomayor) y los vendedores de libros acerca de sus preocupaciones?”. Un portavoz de la biblioteca, que también estaba incluido en los correos electrónicos, declinó hacer comentarios.

En su declaración, el Tribunal Supremo contó que la guía de ética judicial “sugiere que un juez puede firmar copias de su trabajo, que también puede estar disponible para la venta” siempre y cuando no haya “ningún requisito o sugerencia de que los asistentes estén obligados a comprar libros para asistir.”

“El asistente judicial de la jueza Sotomayor ha trabajado con el editor de la jueza para garantizar el cumplimiento de estas normas, y en ningún momento se ha exigido a los asistentes que compren un libro para poder asistir a un evento”, reza el comunicado del tribunal. “Preguntar si se ha recordado a los asistentes que deben comprar o traer un libro para poder entrar en la cola de firmas de un acto no entraría en conflicto de ninguna manera con la norma expuesta anteriormente”.

Algunas instituciones que adquirieron los libros de Sotomayor iniciaron las compras por su cuenta, planteando la perspectiva de pedidos de gran volumen a la Corte cuando extendieron la invitación para recibirla.

En 2018, Michigan State gastó 110 mil dólares para 11 mil copias de My Beloved World, para distribuir a los estudiantes entrantes de primer año después de seleccionarlo para un programa anual de lectura con la Biblioteca Pública de East Lansing. “Su biografía es realmente, a falta de un término mejor, una historia de la pobreza a la riqueza. Es decir, partió de unos orígenes muy humildes y se convirtió en jueza del Tribunal Supremo”, explicó a AP la directora de la biblioteca, Kristin Shelley.

Los libros fueron enviados a la Corte Suprema, decenas de cajas a la vez, para ser firmados por Sotomayor. “Hola equipo del Tribunal Supremo: Buenas noticias”, envió un trabajador de Penguin Random House un correo electrónico al personal del tribunal. “El pedido que Anh y yo estábamos esperando de la Universidad Estatal de Michigan ya ha llegado. Van a encargar un total de 11.004 ejemplares HC (tapa dura). Pero que no cunda el pánico. No vamos a entregar 11.004 ejemplares al Tribunal Supremo de una sola vez”.

Cuando los funcionarios de la universidad pensaron erróneamente que podían faltar 20 cajas de libros que habían pedido, Le expresó su sorpresa, escribiendo: “Literalmente preparé las cajas e hice que mis ayudantes contaran los libros antes de firmarlos. Incluso tengo una hoja de cálculo en la que apunto cuántos libros se firmaron cada día”.

Otras universidades han hecho compras similares. La Universidad de Albany, en Nueva York, compró unos 3.700 ejemplares antes de una aparición en 2017. La Universidad Stony Brook de Nueva York encargó unos 3.900 ejemplares en 2018 para utilizarlos en un programa de lectura de primer año.

Cuando surgió el tema de cuántos libros de Sotomayor debería comprar Clemson antes de una visita en 2017, a los funcionarios de la escuela les preocupaba que 60 pudieran ser demasiados para firmar. El asistente legal de Sotomayor les aseguró que no habría problema porque “la mayoría de las instituciones hacen pedidos de 400 en adelante”.

Otros jueces se han beneficiado de acuerdos similares. Pero es difícil saber cuánto han ganado en cada escuela o evento, porque los jueces sólo informan de sus ingresos al final del año.

El juez Clarence Thomas ha cobrado alrededor de un millón de dólares desde 2006. Stephen Breyer, que se jubiló en 2022, declaró unos 700 mil dólares en ingresos por regalías en las últimas dos décadas. El juez Neil Gorsuch ha declarado más de 900 mil dólares desde su confirmación en 2017. La jueza Amy Coney Barrett, confirmada en 2020, recibió un anticipo de 2 millones por un próximo libro. La jueza Ketanji Brown Jackson firmó un contrato para un libro, pero el monto de su anticipo no se hizo público.

En el caso de Sotomayor, su personal mencionaba habitualmente los libros en los correos electrónicos cuando se discutían los detalles del viaje. “Dependiendo de la cantidad y de si obtienen tapa dura o rústica, ella los firmará”, aclaró la asistente Le a un profesor de la facultad de derecho de UC Davis, que organizó recibirla para el fin de semana de graduación en 2018. “Ella está firmando más de 11 mil para una escuela en este momento”, agregó Le con un emoji sonriente, aparentemente refiriéndose a la compra de Michigan State.

La facultad de Derecho acabó encargando 410 copias firmadas de My Beloved World, después de que Anh Le abordara la idea de encargar copias firmadas. Pero un funcionario de la facultad de Derecho discrepó después de que un colega le transmitiera lo que, según él, era una pregunta del personal de Sotomayor sobre la instalación de una mesa de libros durante las festividades de graduación.

“No estoy segura de que sea una buena idea, ¿hemos permitido alguna vez que otros oradores vendan u ofrezcan sus libros (que hemos comprado para los invitados)?”, escribió Kelley Weiss, responsable de marketing y comunicación de la facultad de Derecho, al decano. “Creo que tener una mesa con sus libros podría estar fuera de lugar”, añadió. Weiss declinó hacer comentarios a AP.

Entonces la planificación dio un giro. Semanas antes de la ceremonia, Sotomayor se fracturó el hombro y canceló su comparecencia. La escuela, a su vez, canceló su pedido de libros por valor de 6.500 dólares y solicitó un reembolso. Aun así, la oficina de Sotomayor preguntó para asegurarse. “¿Es seguro que UC Davis quiere seguir adelante con la cancelación?”. Le envió un correo electrónico. “Tengo los libros en depósito y no he hecho nada con ellos”. En aproximadamente un mes, se tramitó la cancelación.

Fuente: AP

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