Fría respuesta de la Cancillería argentina al pedido de ciudadanía de Sergio Ramírez, el escritor desterrado por el régimen nicaragüense

Las declaraciones de Sergio Ramírez, a quien le fue retirada la ciudadanía nicaragüense junto a otros 91 compatriotas por el régimen de Daniel Ortega, repercutieron fuerte este sábado en los ámbitos político y cultural del continente. “Del gobierno argentino no he leído ninguna declaración a menos que yo la ignore”, dijo el escritor -premio Cervantes 2017 entre otros importantes galardones de la literatura de habla hispana- y agregó, en referencia a la declaración de casi 500 artistas e intelectuales latinoamericanos que se solidarizaron con quienes sufrieron el despojo, que “esa declaración todavía no tiene respuesta. Si el gobierno argentino respondiera, me hago argentino”. Consultada por Infobae, una fuente de la Cancillería argentina, expresó que “las solicitudes se contestan de forma puntual en base a cada caso concreto”.

“La normativa de la República Argentina en esta materia se enmarca dentro de la Ley general de reconocimiento y protección de las personas apátridas, Ley 27512, que establece la protección de todos los derechos. La nacionalidad puede optarse luego de dos años de residencia. Así como en la ley de ciudadanía y naturalización, ley 346″, expresaron formalmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Al cierre de este texto, el ministro de Cultura Tristán Bauer no había respondido a la consulta de Infobae.

El formalismo de la respuesta argentina no se condice con la excepcionalidad del caso. Se trata de personalidades de la cultura y de la política nicaragüense que han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad, reducidas a la condición de apátridas por un autócrata. En casos así, la solución es política y no suele ser encarada como un trámite normal de inmigración y ciudadanía. De hecho, España está considerando otorgarles a todos la nacionalidad.

En comunicación teléfonica desde Madrid, la escritora Gioconda Belli -otra de las afectadas por la arbitraria medida- dijo que “el sentido de esas palabras de Sergio es que América Latina no ha tendido la mano, como lo ha hecho España, a los que hemos sido sometidos a esta arbitrariedad de Ortega. Aparte del Presidente Boric de Chile que ha tenido una posición de respeto a los derechos humanos desde un principio, los demás gobiernos no se han pronunciado contra este atropello”. Y agregó: “Me asombra que sigan creyendo que Daniel Ortega es aún representante de una revolución sandinista que ha sido malversada hasta el punto de repetir una tiranía dinástica como la que tantos murieron por cambiar”.

En declaraciones al diario español El País, Sergio Ramírez abogó por una “transición” democrática sin “enfrentamiento sangriento” en su país. “Lo primero que yo quisiera que no se repitiera en Nicaragua es un enfrentamiento sangriento, que tuviera que darse en el país un enfrentamiento para salir de otra dictadura. Eso me horroriza”, declaró Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) que encabezaba entonces el actual mandatario Daniel Ortega. “Sé que quien sube al poder por medio de las armas termina siendo otra vez tirano y voy a luchar para que esto no ocurra”, insistió.

Para Gioconda Belli, radicada en España desde 2022, “la incoherencia de Ortega está probada con sus pactos, su afán de perpetuidad, su delegación de poder solo en su familia, los más de 300 muertos en las protestas en 2018, el robo de las elecciones en 2021. Sobran las pruebas” y agregó que lo que más le “dolió” en este nuevo atropello “es que también agredió y quitó la nacionalidad a mi hijo Camilo”.

Luego de darse a conocer la medida del régimen de Ortega el pasado miércoles, se sucedió un amplio abanico de respuestas de parte de gobiernos e intelectuales de todo el mundo. España ofreció conceder la nacionalidad a todos estos exiliados, para evitar que se vean apátridas. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se declaró “alarmado” por la medida nicaragüense.

Desde la fuerte condena de Chile hasta la cautela de México o Colombia y el silencio de Argentina y Brasil, el caso generó distintas posturas en los gobiernos de América latina. Hasta ahora la reacción más contundente ha sido la del gobierno chileno, que preside Gabriel Boric. “Nos parece que la situación es de la más alta gravedad. Lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, dijo la canciller chilena, Antonia Urrejola.

Con más cautela, el gobierno que encabeza en Colombia Gustavo Petro expresó su “preocupación”. En un comunicado, dijo que “estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”. A su vez, el gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, se declaró “atento” a los acontecimientos en Nicaragua. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Otros gobiernos de la región, como los de Argentina y Brasil, no se han manifestado públicamente.

Carta de solidaridad

Este viernes, los premios Nobel Mario Vargas Llosa y Orhan Pamuk, los Premios Princesa de Asturias Paul Auster y Siri Hustvedt, la fotógrafa Susan Maiselas, el cantautor Rubén Blades y la directora del Pen America Suzanne Nosse entre otros, firmaron una carta titulada “Son y serán nicaragüenses”. “Los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por las recientes acciones del gobierno de Nicaragua y nos solidarizamos con los ciudadanos nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad”, comienza el texto. Y concluye: “Exhortamos al gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo”.

El texto también cuenta con la rúbrica de Salman Rushdie, Michael Ondaatje, Jonathan Franzen, Samanta Schweblin, Junot Díaz, Rosa Montero, Muriel Barbery, Margo Glantz, Héctor Abad Faciolince, Elena Poniatowska, Alfredo Bryce Echenique, Juan Gabriel Vásquez, Richard Ford, Gonçalo Tavares, Nona Fernández, Rodrigo Rey Rosa, Guadalupe Nettel y Susan Choi.

Por su parte, la Diputada radical Karina Banfi se hizo eco del tema y compartió en sus redes la nota de Infobae. Junto con el artículo, cuestionó la postura de Cancillería.

“La respuesta de Cancillería además de fría es ignorante de la Ley de Apatridia y del derecho internacional humanitario. Digan la verdad, no reconocen la violación de los derechos humanos a los nicaragüenses de parte de Daniel Ortega”, indicó.

“¿Qué es una persona apátrida?”, se preguntó la legisladora y respondió: “Por situaciones concretas establecidas en el derecho internacional humanitario, una persona carece de nacionalidad o se la prohíben de forma arbitraria. Es una violación a los derechos humanos de 1ra. generación”. En ese sentido, agregó: “Naciones Unidas trabaja en el mundo para que los países tengan un régimen especial con la posibilidad de otorgar nacionalidad en estos casos. En Argentina, está vigente desde el 2019 cuando sancionamos por mi iniciativa esta ley”

En el extenso hilo, Banfi siguió dando detalles de la norma. “La ley es tan específica que se considera ley especial y advierte en su artículo 1ro. que no puede invocarse en estos casos el régimen general migratorio para personas extranjeras. Cuando “fuente de Cancillería” dice que se aplicará la ley de ciudadanía (Ley 346/1868) y que debe tener residencia durante 2 años desconoce la Ley de Apatridia y, mucho peor, niega que el destierro y prohibir la nacionalidad de forma arbitraria sea una violación a los DDHH”

Por último aclaró: “Como diputada de la nación exijo inmediatamente que Cancillería instruya a funcionarios y miembros del servicio exterior sobre el derecho humanitario, leyes nacionales vigentes y además gestione el ofrecimiento de la nacionalidad argentina a los nicaragüenses en destierro”.

Con información de EFE y AFP.

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