![Antonio Sánchez Gómez, autor de "Derrotero"](https://www.infobae.com/new-resizer/rW0-Mm37UsixcvX0nlgopJ9SHsc=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3J4XAOMYORDPPNMHM7I367ZWV4.jpg 420w)
Soy abogado especializado en derechos al agua, soberanía alimentaria y de la naturaleza. He trabajado con organizaciones locales de diferentes países de los que conforman el neoconstitucionalismo latinoamericano que ampara tan bien, al menos sobre el papel, aquellos derechos. Estos países son básicamente Colombia, Ecuador y Bolivia. Ojalá pronto Chile también. La historia de Derrotero (la novela que publica Sigilo) está ligada a esas experiencias.
En 2019 colaboraba con la Unión de afectados por Texaco una organización ecuatoriana que hace 12 años venció en juicio a esa corporación por el desastre ambiental que produjo en la Amazonía. La empresa, ahora llamada Chevron, fue condenada al pago de 9000 millones de dólares para reparar el daño. Pero la corporación huyó como una forajida del país para eludir la condena.
Junto al abogado Pablo Fajardo que llevó aquel caso, redactamos una demanda contra el uso por parte de las petroleras de los conocidos como “mecheros de la muerte”, unas antorchas donde queman el gas asociado a las bolsas de crudo, generando gases tóxicos que se propagan por aire y agua y contaminan toda la cadena trófica. Las enfermedades relacionadas con tales tóxicos en los habitantes de la región es alarmante. Hace tiempo que existe tecnología alternativa a esa práctica. Pero los mecheros son más baratos. Los tribunales nos dieron la razón: consideraron que su utilización vulnera derechos fundamentales y concedieron un tiempo para la eliminación de los más cercanos a poblaciones. De momento, todos siguen funcionando.
Y es que cada vez hay más resoluciones judiciales desfavorables para las empresas extractivas que quedan sin ejecutar. Esto hace pensar que la arquitectura jurídica de la impunidad, es decir, el sistema que las empresas transnacionales han creado a través de su influencia en tratados internacionales, legislaciones nacionales y tribunales de arbitraje, sigue avanzando. Y así, si a pesar de todo, obtienen sentencias en su contra, también tratan de incidir en la fase de ejecución para finalmente, no responder por sus violaciones de derecho.
![Derrotero, de Antonio Sánchez Gómez (Sigilo)](https://www.infobae.com/new-resizer/jan74wM-A96uu7bV8Kz56ZIAsFg=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/2MLEKJDUKVDZ3BC2G3V7MPBMQQ.jpg 420w)
En Derrotero, unos defensores de territorio, acosados y cansados de esa impunidad corporativa emprenden una huida hacia adelante. Y se arrojan a la acción directa contra el extractivismo salvaje de una manera clásica: mediante el sabotaje. La intención era exponer las razones que llevan a los protagonistas a tomar esa decisión; de seguir una vía que ante la emergencia climática empieza a ser una opción para algunos. Y que inmediatamente es tachada de violenta, como pasó con las acciones populares que pararon la minería en Chubut, Argentina.
Un discurso criminalizador que es como mínimo matizable. Es complicado sostener que se pueda ejercer violencia y no fuerza en las cosas contra seres no sintientes como maquinarias. Difícil catalogar de terrorismo acciones que no tratan de revertir los órdenes constitucionales sino defenderlos. Sin embargo, sí encajan en la definición de terrorismo y de violencia, el envenenamiento de los ecosistemas, los desplazamientos forzosos de la población, la creación de zonas de sacrificio o la eliminación física del disidente.
![Protesta frente a Casa Rosada, palacio presidencial de Argentina, en febrero de 2022 (REUTERS/Mariana Nedelcu)](https://www.infobae.com/new-resizer/A_vMOc_ME83_T6RpjsOxyCLvOOA=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HOVIVRHAN4VZRYCRDC76WMXEEM.jpg 420w)
A parte de visibilizar esas violencias aparejadas normalmente al extractivismo, la novela propone un viaje por la Amazonía. Mientras trabajábamos en el caso mecheros, en octubre de 2019 se produjo el paro nacional por las políticas antipopulares del gobierno ecuatoriano. Fue una revolución de las nacionalidades indígenas contra el FMI, que pronto prendió también en Colombia y Chile. Como toda la actividad del país, incluida la judicial se suspendió, decidí viajar por unos días. Pero todas las carreteras estaban cortadas, así que me eché a navegar por los ríos amazónicos. Transitar la selva significa surcar sus ríos, que allá son las vías de comunicación. Siguiendo el Napo llegué hasta Iquitos en Perú. Es un viaje de logística complicada, por días te quedas varado en comunidades ribereñas esperando a la siguiente embarcación.
El Napo es una autopista caótica, surcado por todo tipo de embarcaciones, desde grandes cargueros a canoas. Y luego están los afluentes, escondidos, recovecos y llenos de actividades furtivas como el contrabando o las dragas de buscadores de oro. Su curso encierra historias oscuras y luminosas, el holocausto cauchero y la obra de Monseñor Labaka; lo pueblan madereros rampantes y pueblos con conocimientos ancestrales; recorre lugares esplendidos como el Yasuní y sórdidos como las ciudades mineras clandestinas. Para finalmente desembocar cerca de Iquitos, una ciudad presa de los ríos que a su vez encierra otras muchas. Durante la travesía tomaba notas y pensé que la cuenca del Napo era un escenario propicio para situar la acción. Por lo que la narración devino en una suerte de river trip protagonizado por cuatro defensores de diferentes orígenes pero una procedencia común del dolor.
Que los protagonistas sean de distintas nacionalidades sudamericanas invitaba también a registrar la diversidad lingüística de la región. Algunos tienen lenguas originarias propias y todos en común el español aunque cada uno el de su país. Es asombroso que uno pueda entenderse con todos los habitantes de un continente entero pero traduciendo constantemente.
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