De la persecución al terrorismo de Estado: acerca de “La represión militar en la Argentina (1955-1976)”

El autor, doctor en Historia, enfoca en su reciente libro el período de represión política vivido en Argentina entre 1955 y 1976. Y, en especial, aborda las políticas de defensa de los gobiernos constitucionales y de facto, y la llamada “guerra interna” llevada adelante por las Fuerzas Armadas

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“La represión militar en la Argentina (1955-1976)”, de Esteban Pontoriero
“La represión militar en la Argentina (1955-1976)”, de Esteban Pontoriero

En diversos juicios por crímenes de lesa humanidad, los militares condenados por cometer delitos aberrantes durante la última dictadura (1976-1983) se refirieron a su participación en la maquinaria de exterminio del terrorismo de Estado como un acto de servicio en el marco de una “guerra interna”. No obstante, mientras que el trabajo del juez concluye una vez que se dicta la sentencia, quien se dedica a la Historia busca responder a diferentes preguntas: ¿cómo y por qué las Fuerzas Armadas llegaron a ocuparse de tareas represivas en la Argentina de los años sesenta y setenta? ¿Cuál fue el papel que cumplieron las autoridades políticas en ese proceso? ¿Por medio de qué marco legal se habilitó el uso de fuerzas militares en el orden interno? ¿Cuál es el vínculo entre esas preguntas y los orígenes del terrorismo de Estado de la década del setenta?

Estas fueron algunas de las inquietudes que tuve al momento de escribir mi primer libro, titulado La represión militar en la Argentina (1955-1976), publicado hace unos días de manera online con descarga gratuita y también disponible para su adquisición en formato físico. Se trata de una obra que es el resultado de mi tesis de doctorado y una investigación de diez años, defendida en 2017 en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM), con el financiamiento de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El libro se enfoca en la represión política ejecutada por los militares en la Argentina entre 1955 y 1976. Prioricé estudiar las políticas de defensa de los gobiernos constitucionales y de facto, y el abordaje contrainsurgente (o antisubversivo), es decir, para la “guerra interna” del Ejército. Me dediqué a explorar la transformación del ámbito local en un supuesto campo de batalla de la llamada “guerra contra la subversión”, en el que las Fuerzas Armadas debían intervenir para reprimir y exterminar al “enemigo interno”. Para llevar adelante esta investigación trabajé sobre un grupo de leyes de excepción, así como en una serie de principios teóricos y prácticos de la doctrina del Ejército, considerando sus implicancias para una historia de la represión militar.

Roberto Viola, presidente de facto entre 1978 y 1979
Roberto Viola, presidente de facto entre 1978 y 1979

En el libro analizo la asimilación de la represión política con una operación de guerra interna, algo que está presente en las políticas de defensa de los distintos gobiernos y en la doctrina del Ejército en los años 1955-1976. También exploro la figura de la amenaza a la seguridad, los mecanismos jurídicos y del abordaje militar para la intervención represiva, la justificación de la utilización del arma terrestre, la influencia de las doctrinas contrainsurgentes francesa y estadounidense, así como la vinculación entre la legislación de defensa, la doctrina y normativas del Ejército con las coyunturas históricas en las que fueron elaboradas.

Mi primera hipótesis plantea la existencia de una profunda línea de continuidad en las políticas de defensa de los gobiernos constitucionales y de facto y en la doctrina de “guerra antisubversiva” desarrollada por el Ejército entre 1955 y 1976. La segunda hipótesis señala que estos dos elementos contribuyeron decisivamente con el establecimiento en distintos momentos de un estado de excepción basado en una lógica de represión contrainsurgente: el punto culminante se alcanzaría a mediados de la década del setenta, teniendo importantes experiencias previas que agregué al análisis. En relación con esto, me gustaría aclarar que el concepto de estado de excepción remite a la situación en la que el soberano decide la suspensión del orden jurídico para dispensarse de las limitantes legales, teniendo a su alcance los medios de coerción y violencia requeridos para preservar la seguridad interior, ya sea frente a una amenaza interna o externa. La tercera hipótesis postula que la construcción de la figura del “enemigo interno” en la legislación y en la doctrina adoptó una definición cada vez más indeterminada, caracterizada por el paso de la lucha contra “la amenaza del comunismo” desde 1955 hasta 1969 al enfrentamiento de la “guerra contra la subversión” a partir de ese año. La cuarta hipótesis sostiene que desde los distintos gobiernos y las autoridades militares las acciones represivas se conceptualizaron, planificaron y ejecutaron como operaciones de combate contrainsurgente: la fusión entre la seguridad y la defensa en un contexto de primacía de un imaginario bélico antisubversivo habilitó altísimos niveles de violencia criminal y explican una parte de las causas de la masacre que se desató a mediados de los años setenta.

El libro se compone de ocho capítulos. En una parte de ellos (capítulos primero, cuarto, sexto y octavo) me aboco a estudiar el surgimiento, asentamiento y desarrollo de un enfoque antisubversivo en el seno del Ejército entre 1955 y 1976, tanto en la doctrina como en la planificación y estructura operativa de la fuerza. El eje es el actor castrense y el énfasis está puesto en reconstruir cuál fue la caracterización de la amenaza interna, cuáles fueron las medidas dispuestas para intervenir en tareas represivas y mediante qué justificaciones se las sostuvo. Las fuentes que utilizo son reglamentos, artículos de revistas militares, órdenes, directivas, planes de organización y ejercicios de “guerra antisubversiva”. En los capítulos segundo, tercero, quinto y séptimo me ocupo de las políticas de defensa en sus vinculaciones con un enfoque antisubversivo, prestando atención al actor político-civil y militar en el gobierno. Busqué dar cuenta de la forma en que se definió al enemigo, los cursos de acción contenidos para enfrentarlo y los argumentos esgrimidos para sostener esas medidas. Las fuentes que analizo incluyen proyectos, leyes y decretos de defensa nacional, debates parlamentarios presentes en los Diarios de Sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores y minutas de reuniones secretas entre autoridades políticas y militares.

Juan Carlos Onganía, presidente de facto entre 1966 y 1970
Juan Carlos Onganía, presidente de facto entre 1966 y 1970

Mi investigación se orientó a desestabilizar algunas interpretaciones dicotómicas: la oposición entre civiles-políticos y militares y la diferenciación absoluta entre gobiernos constitucionales y dictaduras. Junto a éstas puede agregarse una tercera disyuntiva: la separación entre la seguridad interna y la defensa nacional. En mi libro demostré que hay que reconsiderar y analizar profundamente los puntos de contacto, continuidad y realimentación entre cada uno de esos polos.

Otra cuestión que me interesó estudiar fue una parte de las condiciones de posibilidad del terrorismo de Estado. En las investigaciones disponibles se suele considerar una serie de factores: la influencia del pensamiento contrainsurgente y las prácticas criminales que éste avalaba; la amnistía generalizada de los presos políticos en los primeros días de la presidencia de Héctor Cámpora, en mayo de 1973; la situación ventajosa de los métodos por la impunidad de las tareas ilegales y la eficacia del terror contra los opositores políticos. Se suele señalar desde el panorama internacional que las razones del exterminio clandestino cobraban mayor sentido aún para los militares: debían mantener en secreto la masacre para evitar posibles reclamos de diversos organismos internacionales preocupados por la defensa de los derechos humanos.

De mi investigación se desprende que, consonancia con esos argumentos, hacia fines de 1975 se encontraban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina y la masacre que ejecutarían las Fuerzas Armadas, con el Ejército a la cabeza: una serie de principios doctrinarios contrainsurgentes y un marco legal que habilitaba un conjunto de medidas propias de un estado de excepción. Sin embargo, como demostré, la historia de ambos elementos requirió pensar el proceso que lleva al terrorismo de Estado de una manera compleja.

Jorge Rafael Videla, presidente de facto entre 1976 y 1981. FOTO NA: ARCHIVO
Jorge Rafael Videla, presidente de facto entre 1976 y 1981. FOTO NA: ARCHIVO

El “momento 1975″ refiere al punto en el que un conjunto de elementos diacrónicos confluyen con otros de tipo sincrónico. Traduzco: una serie de procesos de largo plazo (desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas) se entrelazaron con otros de corta duración (un diagnóstico de coyuntura, usos, apropiaciones, prácticas represivas, una convocatoria presidencial a la “lucha antisubversiva” y un contexto de crisis política, económica e intragubernamental) dando lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico, en este caso la represión clandestina y su cara más brutal: el exterminio secreto.

Los pares dicotómicos estatalidad/paraestatalidad y acción pública/acción clandestina en un marco de excepción también pierden su operatividad para el análisis histórico: deben abordarse considerando sus cruces y porosidades, tal como lo intenté hacer en mi libro. Para terminar, a partir de 1975 las acciones represivas y de exterminio se movieron en una “tierra de nadie” creada por la combinación de la excepcionalidad jurídica con la contrainsurgencia.

*Esteban Damián Pontoriero es doctor en Historia e investigador del CONICET en la Escuela IDAES-UNSAM. Docente universitario en UNTREF.

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