La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua canceló este martes la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, tal como fue ordenado por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La disolución de la Academia Nicaragüense de la Lengua, creada el 8 de agosto de 1928, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Los otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron.
Entre los académicos nicaragüenses miembros de la Academia se encuentran el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez, exiliado en España desde el año pasado, y la poetisa y escritora Gioconda Belli, quien actualmente reside en España. También Carlos Tünnermann, que fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos y ministro de Educación durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
Otros miembros son los intelectuales Jorge Eduardo Arellano, Róger Matus Lazo, Carlos Alemán Ocampo, Rosario Fiallos Oyanguren, Julio Valle-Castillo, Alejandro Serrano Caldera, Isolda Rodríguez y Gloria Elena Espinoza y Pedro Xavier Solís, que la dirige, entre otros. Solís dijo a la agencia Efe que la Academia, cuyas oficinas están ubicadas dentro de la sede del Centro Cultural de España en Nicaragua, en Managua, emitirá un comunicado.
La Academia de Nicaragua informó el domingo de que estaba “trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española”. También destacó que a lo largo de sus casi 94 años “ha velado por la cultura, educación y desarrollo de la lengua común de los pueblos hispanos”.
Condena internacional
El anunciado cierre de la Academia de Nicaragua ha sido condenado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), y Academias de la Lengua de países latinoamericanos como Argentina, Chile, Ecuador y México. “La Academia Argentina de Letras expresa su más enérgico repudio al cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, con lo cual el Gobierno de dicha Nación manifiesta su intolerancia y falta de respeto a las instituciones y a las personas. Nuestra solidaridad con los colegas y escritores del país hermano”, expresó en un comunicado la entidad desde Buenos Aires.
El Ejecutivo del presidente Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 83 ONG locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, que cuenta con una de las bibliotecas virtuales más completas del país. Según la cartera de Gobernación, esas ONG incumplieron con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de “agentes extranjeros”.
Oleada de ilegalizaciones
En el caso de la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), también ilegalizada, es la creadora de una biblioteca virtual cuyo objetivo “es recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses”, según su página web.
Otra ONG anulada es la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el vital líquido a lugares remotos sin acceso al agua potable. También la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecancillera y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer gobierno sandinista. Con las nuevas 83 asociaciones disueltas se elevan a 319 las organizaciones on gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de la iniciativa, ha dicho que las ONG que han sido ilegalizadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra unas controvertidas reformas de la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza. Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
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