Hernán Findling: “Las autoridades del INCAA no están en sintonía con lo que pide el sector”

El 18 de noviembre de 2021, al inaugurar la 36° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Luis Puenzo, director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, destacó que esa semana se había aprobado en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados un proyecto del diputado Pablo Garro, que postergaba la cancelación de los fondos con los que se financia, de manera autónoma y desde hace casi 30 años, el cine nacional. Luego, por la negativa de la oposición no se convirtió en ley.

El artículo 4 de la ley 27432, sancionada en diciembre de 2017, define la caducidad de la asignación específica de impuestos nacionales al 31 de diciembre de 2022. Esto implica que la financiación con los que se sostienen actividades culturales como la producción audiovisual, el teatro, el Instituto Nacional de la Música y las bibliotecas populares, se cortará a fin de este año.

El INCAA obtiene los fondos con el que fomenta el cine en impuestos como el 10 por ciento sobre las entradas y otros gravámenes sobre las distintas formas de exhibición de la producción audiovisual. La ley de 2017 no anula esos impuestos, sino que anula su derivación automática al Instituto de Cine. Con eso pone en duda la sostenibilidad de la producción en el país.

Desde 2019 distintas organizaciones de realizadores, autores y técnicos organizaron diálogos y movilizaciones para reclamar que se modifique esa decisión. A fines de marzo, por primera vez desde que se instalaron los debates, la Academia de Cine organizó un encuentro en la Cámara de Diputados e invitó a representantes del Estado para poner sobre la mesa la urgencia del debate.

Del “Encuentro por el cine y los recursos del Estado” participaron Diego Rossi (asesor del diputado Pablo Carro), Gustavo López (vicepresidente del ENACOM), Jorge Álvarez (director del Polo Audiovisual Córdoba) y Vanessa Ragone (presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica). El mismo estuvo moderado por Hernán Findling, presidente de la Academia Argentina del Cine.

Además de tratar la caducidad de la asignación de fondos, circularon temas como la diversidad cultural, la identidad en un mundo globalizado, el federalismo y el lugar de las plataformas en el nuevo modelo de producción.

En este sentido Vanessa Ragone, productora de películas como El secreto de sus ojos, Las viudas de los jueves, la serie Carmel y decenas de películas independientes, fue tajante: “Desde CAIC conversamos con todas las fuerzas políticas haciéndoles entender que no es ni de unos ni de otros, nuestra cultura nos pertenece como sociedad, debemos poder contar las historias que queremos y no las historias que un CEO decida por nosotros”.

Infobae Cultura conversó con el presidente de la Academia, Hernán Findling, productor y director de cine, sobre la amenaza para la producción audiovisual nacional que representa el final de la autonomía económica del INCAA.

— Desde la Academia organizaron el “Encuentro por el cine y los recursos del Estado” en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, pero el eje de las presentaciones y las preguntas estuvo alrededor de la caducidad de los fondos asignados directos, que vencerán en diciembre de este año ¿por qué ese es el tema más importante en este momento?

— Porque fue una ley que dice que todos los fondos que al día de hoy van directamente al Instituto de Cine (INCAA), al Instituto de la Música (INAMU), al Instituto del Teatro (INT), a las bibliotecas populares de todo el país y a otros entes, en lugar de ir hacia ellos, como hasta ahora, irían a rentas generales y sería el poder ejecutivo el que cada año, a través del presupuesto, fijaría el importe que le corresponde. Actualmente el INCAA es autárquico y recibe fondos de lo que se recauda por las entradas de cine y otros medios de exhibición del audiovisual. Si se efectiviza la caducidad de la asignación directa de esos fondos, podrían darle los mismos recursos, menos, la mitad o pueden darle nada, como por ejemplo pasó en el 2001 o en ciertas épocas de Cavallo, cuando fueron a rentas generales, porque sostenían que no valía la pena fomentar el cine y se utilizaban esos fondos genuinos para otra cosa.

Como estamos ahora, hasta el 31 de diciembre de 2022 ese dinero va a cada uno de estos institutos, pero si no se cambia o no se prorroga esta ley, irían a rentas generales y básicamente se dejarían de producir películas. Actualmente dentro del sistema de producción se sabe que el Instituto de Cine, en este caso, tiene cierto dinero por mes, sea más o sea menos, pero lo tiene directamente. De la otra manera no se sabría ni cuánto tendría ni cuándo lo tendría. Básicamente es matar la producción.

— El ciclo de producción de las películas es mucho más largo que un año. ¿Esta decisión implicaría no tener certezas en el flujo de fondos para garantizar la posibilidad de enfrentar esos ciclos plurianuales?

— Exactamente. En Argentina, en términos generales, una película en promedio se planea unos dos o tres años antes de filmarla. Entonces uno necesita saber que esos fondos van a estar, porque si no, no se pueden articular las películas. Las películas son procesos de cuatro, cinco, y hasta seis años desde que se empieza a pre producir con el guion, hasta que se filman y pos producen. Son tiempos realmente muy largos.

Me permito unir esto con otro tema, algunos diputados proponen prorrogar la caducidad por cinco años. Si bien siempre es mejor que cero, tampoco tiene demasiado sentido. Cinco años para el cine es como decir un año para la vida humana, por decirlo de alguna manera. Es algo inmediato cinco años. Yo tengo películas de hace dos años que sé que las voy a empezar dentro de dos años. Entonces por eso se estaba pidiendo, y ya hablo en pasado, que se prorrogue 90 años. Eso en su momento fue rechazado por gran parte de los diputados, por lo que se bajó a 50 años, y luego se bajó a 30 años. Y en este momento se están hablando de 20 años, que desde el punto de vista del sector audiovisual es como el mínimo indispensable. O sea, prorrogar esta ley durante 20 años y dentro de 20 años volver a hablar si se prorroga o no se prorroga, sería como el mínimo término aceptable.

— Distintos sectores de la cultura argentina se financian con fondos que no salen de impuestos generales, sino que salen impuestos específicos a las actividades vinculadas al cine y el audiovisual ¿Este flujo de fondos es lo que dejaría de existir a partir del 31 de diciembre de 2022?

— Más claro creo que no lo puedo decir.

— ¿Cuándo y por qué se votó que se termine la asignación de fondos específicos para él para actividades culturales a partir del próximo 31 de diciembre?

— Esto se votó en el 2017. No fue un voto específico para esto, si que no fue dentro de lo que se llaman Ley Ómnibus, donde hay un montón de resoluciones y articulados, y uno de ellos fue este que, por lo que nos dicen varios diputados que ahora están a favor de prorrogar, algo que no se hizo adrede. Es lo que comunican gran parte de los diputados hacia el sector. Fue en el proceso de reforma del sistema previsional en 2017.

— Lo que es cierto en caso del cine específicamente, como también en otras actividades como los Institutos de la Música y del Teatro, han tenido resultados positivos en términos de producción de empleo, generación de divisas, aumento del federalismo, creación de puestos de trabajos en todo el país. Si el proceso fue exitoso. ¿Por qué se llega a esta situación?

— Es una pregunta compleja. Hay distintas formas de ver la cultura. Desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista del sector audiovisual, es imprescindible tener cultura para tener soberanía nacional. La cultura hace al país. Pero hay quienes, entre ellos diputados que piensan de otra manera, y consideran a la cultura como algo más secundario, no tan necesario.

La cultura hace a un país. Lo que estoy diciendo es bastante obvio. No puede haber país sin cultura. Pero lo que para nosotros es obvio, para otros no lo es. Entonces proponen utilizar el dinero para cosas que se consideran más importantes que la cultura y dejar a la cultura a merced de cierto capitalismo salvaje, se puede decir, donde las grandes empresas deciden que se va a hacer. Cuando las grandes empresas deciden qué es lo que se hace, qué es lo que se filma, qué es lo que se produce, se pierde lo que llamamos el copyright cultural, soberano, de cada país. Eso, desde mi punto de vista, -resalto que esto es a título personal- hay que defenderlo sí o sí. Si no se defiende la cultura, sinceramente y no quiero ser tremendista, se muere un país.

— En el encuentro, Gustavo López, el vicepresidente de ENACOM, analizó la relación entre Estado y cultura a partir de la teoría de Oscar Oslak, quien sostiene que no hay posibilidad de que haya Estado si no hay una identidad y esa identidad se constituye en la cultura creada y compartida localmente.

— ¡Por eso también se está discutiendo tanto esto! Porque no es solamente dar los recursos para filmar o dar los recursos para hacer buenas obras de teatro o buena música. El trasfondo es la cultura. Si uno quiere un país con una cultura, y a partir de ella empezar a crecer, tenemos que insistir con esto. Pero también estamos hablando de medios audiovisuales que traen dinero al país. Quizás no convence demasiado a determinados diputados la cultura en sí, pero bien, lo que les puedo decir y lo que otros diputados también le están diciendo, es que es dinero para el país. El medio audiovisual trae mucha producción, traen mucho trabajo. Entonces, si uno ayuda a producir, todo eso se potencia: más dinero, más trabajo y encima cultura nacional. Es muy difícil de entender por qué no se aprueba la prórroga.

— Respecto del copyright nacional, Ragone propuso dos perspectivas. Por un lado desde el lugar simbólico de la cultura, como nos contamos, cómo nos identificamos y cómo se construye una cultura audiovisual en cada región, pero también respecto de los ingresos económicos para el país. Así introdujo una discusión a propósito de la producción nacional frente a la producción financiada por las grandes plataformas ¿cómo ven ustedes estas alternativas?

— A lo que dijo Vanessa me cuesta agregar algo más, porque es muy claro, como también lo es el ejemplo que dio Gustavo López respecto a cuando vino Walt Disney al país y decidió contar a los gauchos. Terminó haciendo un dibujo animado de Pluto, un pseudo gaucho mezclado con cowboy, en una pampa que parecía más el oeste norteamericano. Si uno no defiende lo suyo, desde su punto de vista y desde una cultura propia del país, a la cultura propia la empiezan a transformar en otra cosa, porque la visión que tienen desde afuera nunca va a ser la misma se tiene desde el país.

Como dijo Vanessa, hoy el copyright de Maradona, por ejemplo, es norteamericano. El copyright de Bilardo, norteamericano. Y así, dentro de poco, San Martín va a ser norteamericano también. Si no lo defendemos podría surgir una película donde San Martín vuela a través de la cordillera para liberar a México. La cultura propia tiene que ser parte de lo que tenemos que filmar.

Otra de las cosas importantes, y lo digo desde la presidencia de la Academia con contacto con el resto de las academias, el cine argentino está excelentemente bien visto y eso no lo tenemos que perder. Si no tenemos fondo de fomento, no podemos filmar otra cosa que no sean las películas de las de plataformas, y ese no es el cine que representa a la Argentina y que lo que lo hace tan valioso en el mundo.

— ¿Cómo piensan desde la Academia la idea de la diversidad cultural, a la que se refirieron todos los participantes del encuentro?

— Desde la academia pensamos que tiene que haber una diversidad cultural y federal en la Argentina, en el cine y en las obras audiovisuales. Que puedan filmar quienes quieran hacer videoclip, los que quieran hacer documentales, los que quieran hacer obras experimentales, películas medianas, chicas o grandes, queremos que todos puedan hacerlo. Es necesario que se muestre todo, que se vea todo, que se exhiba todo y que sea lo más federal posible. Tuvimos en un plenario hace un mes, donde muchos miembros de la Academia nos planteaban la poca federalización que hay en el cine. Por eso decidimos que todas las actividades que hagamos sean transmitidas en streaming para que se pueda ver en todo el país, y contar siempre con personas de alguna de las provincias. Es necesario escuchar, que nos escuchen y así crecer como país.

— Pablo Echarri, que habló como como parte del auditorio, señaló que “estamos tan mal que lo que se discute es si el audiovisual se va a quedar sin fondos, en lugar de discutir sobre las políticas públicas”. A eso se puede sumar lo que dijo Jorge Álvarez, que tendría que estar discutiéndose una ley nueva, incluyendo nuevos formatos, tecnologías, y redefinir qué es el audiovisual. ¿Cómo se llegó a reclamar apenas la supervivencia de la industria audiovisual?

— En los últimos años hubo una tormenta perfecta en contra del audiovisual. El cambio de la Ley de Fomento en el 2017 no fue positivo. Sumado a eso la pandemia, que fue un período muy negativo, y también que las autoridades actuales del INCAA quizás no están en sintonía con lo que pide el sector. A esto le tenemos que sumar la caducidad de la ley más el crecimiento de las plataformas en detrimento del cine actual, porque también la gente está yendo menos al cine. Si bien ahora se está recuperando, llegó a ser nula la cantidad de espectadores. Todo esto es una suma de un montón de factores que juegan en contra del medio audiovisual, muy en contra.

Creo que en los últimos 25 años nunca estuvieron tan en riesgo las obras audiovisuales. Y es necesario hacer algo. Hacer muchas cosas. Lo urgente, como creemos desde la Academia, es salvar el fondo de fomento. Pero luego hay muchísimas cosas para gestionar, para cambiar, para discutir. Entre ellas discutir la Ley de Cine de 1994, gravar a las plataformas, tener lo que se llama “tax rebate” (reembolso de impuestos) para poder filmar mejor, tanto para productoras locales como las extranjeras, así no van a países limítrofes; que haya una ley, como en Estados Unidos, para que cada provincia tenga un “tax rebate” diferente, para impulsar la federalización de la producción. Según datos que tenemos, el 89 por ciento de las producciones son de Buenos Aires y el resto de las provincias. Es necesario cambiar eso, un país no puede crecer si todo está en una de las 24 provincias. Puede crecer, pero no va a crecer de una manera sana, no va a crecer de una manera orgánica. Crece si en todas las provincias, y en diferentes lugares, se va desarrollando la cinematografía.

— Más allá de la subsistencia del fondo de fomento, se habló del modelo de financiamiento y producción y las plataformas. Explicaron que hay un montón de historias que son apropiadas por las plataformas para ser contadas en sus producciones. Pero las plataformas no son todavía un canal de distribución y exhibición del cine producido de manera independiente a ellas ¿Se pueden producir las películas cordobesas, entrerrianas o misioneras, por nombrar tres provincias que tienen producción sistemática de alta calidad, y que las plataformas sean un lugar donde exhibirlas?

— Quiero dejar en claro que las plataformas abrieron una gran puerta para las obras audiovisuales, traen trabajo y es muy bueno que todos los técnicos tengan trabajo. Por otro lado, es necesario, como se hizo en España y Francia, ponerle un marco legal a lo que pueden hacer las plataformas en cada uno de los países. Entonces sería muy bueno que las plataformas, además de hacer grandes películas, también puedan invertir o haya algún tipo de fondo, o algún gravamen que pueda ir para producir películas independientes, películas más chicas, películas no tan comerciales, películas experimentales u otro tipo de cine.

— ¿Siendo la plataforma el propio productor o que ese gravamen lo tome en el Instituto de Artes Audiovisuales y sea a través de los concursos nacionales que se redistribuye ese dinero?

— Esos fondos serían impuestos como los actuales, de asignación directa, y lo manejaría el Instituto de Cine a través de concursos o llamados o comités, para que se pueda producir otro tipo de cine. Tanto en España como en Francia lo que hacen es pautar con las plataformas que un porcentaje de su producción tenga que ser sí o sí de ese país, y sobre ese porcentaje determinadas producciones tengan que ser independientes y haya un fondo para producirlas. Y eso lo maneja cada uno de los institutos de cada uno de los países.

— ¿Por qué la Academia, por primera vez, toma la idea de poner actores estatales a discutir, en un espacio estatal como el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, y con eso que la misma adquiera un estado público relevante?

— Las anteriores comisiones directivas optaron por no hacerlo. Con esta nueva comisión directiva optamos, y lo dejamos bien claro en nuestros objetivos, poder participar activamente en las políticas audiovisuales. Advertimos que la urgencia es la caducidad del fondo y con la Comisión Directiva analizamos las actividades que se hicieron desde fines del 2018, y fueron muchísimas, pero eran básicamente para conseguir concientizar al sector y no estaba funcionando políticamente.

Determinados actores políticos nos escuchaban, pero eran pocos y siempre los mismos. Así que decidimos hacer levantar el teléfono e ir directamente hacia los diputados que tienen que votar la ley. Hablar al sector, pero también hablarles a los diputados. Nos contactamos primero con Pablo Carro, que fue quien hizo la ley proponiendo la prórroga de la caducidad, y a partir de ahí con todos los sectores políticos. Hicimos esta charla, pero van a haber otras y con otros sectores políticos, inclusive algunos muy críticos a los que es muy interesante escuchar. Saber qué es lo que dicen y por qué no lo aprobarían, o por qué quieren determinada cantidad de años, y quizás poder darles otro punto de vista desde el sector, y explicar porque tendrían que aprobarlo. Y hacerlo dentro de la Cámara de Diputados es mucho más fuerte.

— ¿Qué expectativa tienen ustedes de que se pueda revertir esta situación y que este diálogo político abra puertas también a una nueva ley de cine?

— Personalmente soy optimista. Creo que los diputados que voten van a entender el valor que tiene la cultura en un pueblo, en una Nación, porque no estamos discutiendo sobre dinero que va para el cine, estamos discutiendo sobre la cultura del país. Es hacer cine, hacer música, hacer teatro, bibliotecas populares, etc. Se está hablando directamente de cultura, por lo que soy relativamente optimista en que se va a entender que es necesario prorrogar el fondo, para que el país siga teniendo la cultura. Por otro lado DAC, Argentores, APIMA y determinados sectores audiovisuales están trabajando en una nueva ley audiovisual. Aunque la Academia no es parte de ese proyecto, se está abriendo a toda la comunidad. En el caso de salir, más adelante, sería un paso superador de la ley de cine vigente.

SEGUIR LEYENDO