La deriva dictatorial en la que ha desembocado el que ya era el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua ha provocado que regrese al primer plano de la actualidad Sergio Ramírez.
La actual pugna entre Ortega (la espada que blande el presidente devenido en dictador) y Ramírez (la pluma del intelectual devenido nuevamente en político) resume mucha de la historia de Nicaragua desde hace medio siglo. Y también recuerda cuál es el destino de las revoluciones, las cuales devoran a sus hijos, enfrentan a sus protagonistas y elevan a alguno de sus líderes a la categoría de tiranos.
Ramírez (nacido en 1942) y Ortega fueron dos jóvenes que en los años setenta lucharon contra la dictadura familiar de los Somoza que se prolongaba desde los años treinta. Compañeros (que no amigos) de armas y de revolución, fueron las cabezas visibles de la Revolución Sandinista de 1979 y, desde 1984, lideraron el gobierno, uno como presidente (Ortega) y otro como vicepresidente (Ramírez).
Tras perder las elecciones en 1990 después de una larga guerra civil con ramificaciones geopolíticas mundiales propias de la Guerra Fría, el sandinismo se convirtió en una máquina política al servicio de Ortega y su círculo (en especial su esposa, Rosario Murillo) con el objetivo de regresar al poder mediante la cooptación de los poderes del estado.
Ortega pactó con el presidente Arnoldo Alemán (1996-2002) el reparto del poder. A cambio de blindaje judicial, Alemán —acosado por la sombra de la corrupción— aceptó que el sandinismo pudiera tener mayores cuotas de control sobre las instituciones del estado. Esta estrategia personalista y caudillista encontró resistencias dentro del propio partido, el FMLN, y acabó con los disidentes expulsados, entre ellos el propio Ramírez, que se convirtió en una de las voces más destacadas contrarias al orteguismo.
El Ramírez escritor
En esa etapa el Ramírez político perdió peso a favor del Ramírez intelectual, autor de obras como Castigo divino, premio internacional Dashiel Hammett; Un baile de máscaras, premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera; Margarita está linda la mar, premio Alfaguara y premio José María Arguedas, etc. En 2017 fue galardonado con el Premio Cervantes.
Su última novela, Tongolele no sabía bailar (2021), aúna su vertiente literaria con la crítica y hace una denuncia política de los abusos de Ortega en Nicaragua.
Estas tendencias autoritarias del mandatario nicaragüense se han acentuado desde 2018, cuando una oleada de protestas populares fueron aplastadas por el gobierno de Ortega, quien había logrado regresar al poder en 2007, alterar la constitución para reelegirse en 2011 y perpetuarse en la presidencia desde 2016 con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Tras las protestas, prometió impulsar reformas democratizadoras. En realidad, lo que acabó haciendo fue construir, en 2020, un entramado legal que, en los hechos, anula cualquier atisbo de oposición y le brinda en bandeja una nueva reelección en 2021.
Ese marco legal/electoral, favorable a sus intereses ante las elecciones presidenciales, ha permitido que Ortega, en 2021, desencadene la persecución y el acoso de sus rivales. Diecinueve de ellos han acabado detenidos y otros muchos, como Ramírez, que se ha alzado contra esa deriva autoritaria, en el exilio.
Elecciones de 2021
El gobierno de Ortega/Murillo aprobó el año pasado un conjunto de leyes que dan sustento jurídico a la represión contra los opositores, comenzando por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como Ley Putin, que castiga a quien recibe dinero del exterior si no reporta sus ingresos y gastos a las autoridades. Obliga, tanto a organizaciones como a personas naturales que reciben esos fondos, a registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación (Migob). La ley conculca los derechos políticos de participación, entre otras libertades públicas.
También está la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, que sanciona a cualquier persona que tenga o comparta información considerada una amenaza por el gobierno. Se crea la figura de la cadena perpetua por “crímenes de odio”. Precisamente, Ramírez ha sido acusado por la Fiscalía de su país de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.
En diciembre de 2020 la Asamblea aprobó la conocida como Ley Guillotina, que da al oficialismo un amplio margen para apartar opositores de las elecciones, al excluir de los cargos de elección popular a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional o exijan o aplaudan sanciones internacionales, actos de los que el oficialismo acusa a la oposición.
Como recordaba recientemente Salvador Martí i Puig, uno de los académicos españoles que mejor conoce la realidad e historia nicaragüense:
En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas.
A corto plazo, la espada tiene todas las de ganar. Pero no hay que desdeñar la capacidad de la pluma para horadar y socavar los cimientos del régimen de Daniel Ortega, quien ya es un nuevo Tirano Banderas.
Publicado originalmente en The Conversation.
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