Fragmento de “Mario Abel Amaya. Entre Tosco y Alfonsín”, de Jaime Rosemberg

Un viento inusualmente frío para la época del año recorre el cementerio de Trelew aquel viernes 21 de octubre de 1976. Apiñados contra los nichos, un puñado de dolientes, entre quienes se mezclan familiares, vecinos y militantes radicales, despiden los restos de Mario Abel Amaya, el abogado, docente y dirigente de la UCR que ha dejado este mundo tres días antes, en una sombría cama de la enfermería de la cárcel de Villa Devoto. A pocos metros, varios policías armados y de uniforme, a quienes se le suman otros de civil, vigilan sin pestañear cada movimiento. Algunos de ellos, incluso, filman y sacan fotos a los atribulados y sorprendidos deudos.

“Venimos a despedir a un hombre calumniado”, brama Raúl Alfonsín, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y el rostro adusto. Con algo de temblor en la voz, el entonces líder de la corriente Renovación y Cambio del radicalismo elogia a “un amigo bondadoso, altruista, valiente”, y proclama que viene a “despedir a un hombre con convicciones democráticas, que luchaba contra cualquier dictadura, en contra de todos los totalitarismos, sin importarle el signo ideológico que pudiera tener”. Lo escuchan, desde la primera hilera de deudos, el exdiputado nacional Carlos Fonte, compañero de bancada de Amaya que ha llegado con él desde Buenos Aires; el exvicegobernador Atilio Viglione, y Ana Rosa Gatica, la madre de Amaya, que apenas puede contener el llanto. Faltan muchos de los jóvenes alfonsinistas que lo idolatran pero que no pueden costearse el pasaje en avión. Falta, también, la jerarquía radical encabezada por Ricardo Balbín, que decide no asistir.

Alfonsín hace una pausa, intentando no dejarse llevar por su temperamento explosivo. Está enojado sin atenuantes por la forma en que su amigo chubutense, a quien quería y respetaba, terminara sus días de ese modo, luego de meses de maltrato, torturas inhumanas y una campaña de desprestigio salida de las usinas de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. “Hace poco tiempo se han efectuado publicaciones que lo marcaban en una actitud, conjuntamente con otro digno correligionario que está sufriendo una cárcel que nadie se explica por qué, Hipólito Solari Yrigoyen, digo, publicaciones tendenciosas que pretenden tergiversar el sentido de la lucha de estos dos extraordinarios radicales, cuyo único pecado es pretender, como Alem, solucionar primeramente los problemas de los sectores desposeídos. Cuyo único pecado es sostener con Yrigoyen la defensa del patrimonio nacional y levantar por encima de cualquier otra cosa una concepción de la moral pública que es la que está pretendiendo nuestra Argentina”, se extiende el abogado de Chascomús. Tiene en su mente las informaciones publicadas por agencias oficiales de noticias y medios que responden sin dobles lecturas al régimen militar, que en editoriales y artículos caracterizan a Amaya y Solari Yrigoyen (chubutense también, exsenador nacional y abogado de presos políticos) como “abogados y cómplices del terrorismo marxista”. Y que intentan justificar, de ese modo, la cárcel y el escarnio al que fueron sometidos ambos en los últimos cuatro años.

Alfonsín mira a la familia, a sus correligionarios, a los policías que lo rodean. Lanza entonces otra frase que, menos de una década después, sería considerada casi una profecía del retorno de la democracia al país luego de años de desapariciones, sangre y sinrazón. “Algún día una calle o un barrio de esta provincia llevará su nombre. Será ese el día en el que los responsables de su muerte estén presos”, desafía, mientras policías de uniforme y de civil sostienen el gesto adusto. “Algún día dejaremos de pelearnos entre nosotros, algún día nos encontraremos los argentinos, algún día dejaremos de derrotarnos entre civiles y militares, entre militares y civiles, para comprender que debemos actuar como una auténtica Nación, y que hay objetivos comunes que tenemos que defender en el ámbito en el que se desenvuelve el hombre, que es su único ámbito, el de la libertad”, concluye el líder radical antes de dar por finalizada la ceremonia.

El entierro de Amaya en el cementerio de Trelew actúa como abrupto cierre después de interminables horas en las que al dolor inicial que la noticia trajo entre familiares, amigos y correligionarios, se le agregará la incertidumbre y la impiadosa decisión del gobierno militar, que ante la muerte del exdiputado, en sus dependencias y a los 41 años, utiliza una doble vía para deslindar responsabilidades.

Los militares informan de manera escueta y a cuenta gotas sobre las circunstancias de la muerte del dirigente radical, y a la vez traban con énfasis cualquier manifestación de dolor genuino dentro del territorio porteño con el argumento de la “seguridad” amenazada.

“La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal informa, a través de su oficina de prensa, que el día 19 del corriente a las 22.20 horas, se produjo en el Hospital Penitenciario Central el deceso del detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Mario Abel Amaya”, comienza el comunicado firmado por el coronel (R) Jorge Antonio Diotti, jefe de ese organismo. De inmediato, un segundo párrafo se ataja ante eventuales denuncias de maltrato y torturas. “El interno había ingresado al citado nosocomio a efectos de ser tratado de una afección asmática crónica y de una afección coronaria localizada cinco años atrás”, afirma. “Pese a los controles clínicos a los que fuera sometido en forma permanente por los profesionales encargados de su atención, en virtud de su estado, el día y hora citados en primer término se constata un paro cardíaco, no respondiendo el enfermo a los auxilios que inmediatamente le fueran suministrados, siendo motivo de su deceso una insuficiencia cardíaca aguda por un infarto agudo de miocardio”, se lamenta el Servicio Penitenciario.

El comunicado, difundido casi sin adjetivos calificativos por medios nacionales como Clarín y La Nación, no confunde a familiares y amigos: ellos saben que Amaya ha sido torturado hasta la muerte y que, tal como se sabrá después, lo han castigado con un nivel de sadismo que llega a niveles insospechados. La crueldad superó, como en muchos otros casos, el límite imaginable: según distintos testigos, en la cárcel se le quitan su inhalador y sus remedios para el asma, la enfermedad que lo acompañó toda la vida y que le restaría chances de supervivencia en el imperio del horror al que había sido condenado años atrás.

Cuerpo sin descanso

Amaya está muerto, pero pasan las horas y su cuerpo –con evidentes huellas de deterioro según constatan quienes retiran el cadáver de aquella lúgubre enfermería de la cárcel– no encuentra la paz definitiva. Alfonsín y los jóvenes radicales proponen velarlo en la sede del Comité Nacional, en Alsina al 1700, o en el Comité Capital, en Tucumán al 1600. La dictadura no lo permite, la dirigencia radical encabezada por Ricardo Balbín tampoco está de acuerdo. “Si permito que hagan lo que me piden, sería un hipócrita”, le dice el caudillo radical a Luis “Changui” Cáceres, el joven dirigente elegido por sus compañeros para gestionar la iniciativa. “Me tiró un misil el viejo, pero con el tiempo lo entendí. Velarlo en la casa radical con la policía adentro hubiera sido suicida”, dice Cáceres, 43 años después de aquellas horas dramáticas.

Liborio Pupillo, rústico puntero radical de Mataderos y dueño de una casa velatoria, trae por entonces la solución. “Lo velamos en mi sala”, dice entonces, y con ese gesto se ganará la simpatía eterna de Alfonsín y los jóvenes que lo rodeaban. “Cada diez minutos entraba la policía, nos revisaba, nos pedía documentos. Estaba todo cercado, no permitían ingresar” recuerda Virginia González Gass, por entonces joven militante radical de Trelew que estudiaba en Buenos Aires. “Teníamos los Falcon verdes que daban vueltas durante todo el velatorio. Y Liborio ya se había jugado antes: en plena dictadura, el primer acto que organiza Alfonsín en un club de barrio de Mataderos, una comida para doscientos o trescientas personas, a una cuadra de una comisaría”, coincide Daniel González, quien había sido secretario de Amaya en su despacho de la Cámara Baja durante sus casi tres años de mandato efectivo. “Liborio no era precisamente nuestro ideal de militante, pero con ese gesto de velarlo a Amaya se ganó nuestro respeto para siempre”, sostiene Facundo Suárez Lastra, entonces dirigente estudiantil. Los que se animan a llegar son pocos, porque el miedo paraliza, y todos sin excepción se impresionan ante los restos del dirigente que hasta hace poco idolatraban, lleno de energía y vitalidad. “Me acerqué al cajón, y me costó reconocerlo. Tenía el pelo blanco, lo habían afeitado y estaba más que flaco”, recuerda Jorge Ferronato, que se acercó a la sala velatoria de la calle Homero al igual que Marcelo Stubrin, Leopoldo Moreau, Enrique “Coti” Nosiglia y Tom Constanzo.

En medio de la tensión, Balbín tiene un gesto: pasa a dar sus condolencias por el velatorio. Se queda un rato, aunque declina incluir su nombre en el aviso fúnebre que, al día siguiente y después de gestiones reservadas, saldrá publicado solo en el diario La Nación. “El Chino fue porque lo apre taron fuerte Alfonsín y el Changui Cáceres. Pero no lo quería a Amaya y no quería ir”, recuerda el cordobés Carlos Becerra. Sí se quedan un rato el balbinista y exsenador porteño Fernando de la Rúa, el intransigente Oscar Alende y el comunista Fernando Nadra, entre otros.

La noticia de la violenta muerte de Amaya divide aguas. Están quienes lo querían y respetaban, que piden con indignación una explicación a los militares. Los medios de prensa nacionales, condicionados por la presión directa o indirecta del gobierno de facto, intentan una descripción del hecho sin un punto y una coma de más para no ser acusados de simpatía con el dirigente fallecido. Y están quienes –alineados con la dictadura– festejan sin rodeos su desaparición.

Entre los primeros están los organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que viene siguiendo el caso desde la detención de Amaya en agosto y advierte a Videla que “tales hechos constituyen gravísimas violaciones al Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de la persona”, mientras le exige una “investigación completa e imparcial” de lo ocurrido. El periódico El Combatiente, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado y conducido por Mario Roberto “Robi” Santucho, habla en su edición del 27 de octubre del “bárbaro asesinato del demócrata doctor Amaya” y afirma: “no era un guerrillero, pero reconocía la justicia de nuestra causa, era amante de la paz pero sabía que la paz había que ganarla, ganando la guerra”, dice el periódico, conocedor del estrecho vínculo que había unido a Santucho (líder guerrillero asesinado tres meses antes) con Amaya, y que sería motivo de duras críticas y sospechas de los sucesivos gobiernos militares.

En las antípodas de los organismos de derechos humanos y las organizaciones guerrilleras, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, propiedad de la familia Massot, publica un desafiante y agresivo editorial el sábado 23 de octubre, luego del entierro. Su título lo dice todo: “Que a Amaya lo llore el marxismo”. El extenso texto no hará otra cosa que acusar al abogado de “aliarse con los delincuentes y asesinos” y de ser “cómplice de sus atrocidades”.

“Que Balbín se codee con Nadra y al unísono lamenten la desaparición de un abogado y propulsor de la guerrilla comunista demuestra, otra vez, la absurda pantomima de los ‘demócratas’, quienes no trepidan en llorar y abrazarse juntos a pesar de su radicalismo o su marxismo. En realidad, son todos iguales: a unos les interesan los votos, a otros la dictadura del proletariado, pero a todos, en común, les tiene sin cuidado la suerte de la Nación en guerra”, escriben los Massot en su editorial.

“De nuestra parte, no lamentamos nada. Ha muerto otro enemigo (...). En esta hora de dolor para los enemigos, pensamos en tantas víctimas ilustres de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra civilidad, las cuales no tenían la protección de Montoneros para cubrirles las espaldas. A nosotros Amaya, su muerte, las protestas radicales, las lágrimas comunistas y demás actitudes por el estilo no nos merecen el menor respeto. Respeto merecen los héroes y no los abogados de delincuentes marxistas”, culminaba el editorial, todo un símbolo del pensamiento genuino de los por entonces ocupantes de la Casa Rosada y sus adherentes civiles.

Debate pendiente

Amaya era miope, apenas superaba el metro sesenta de estatura y sus bronquios se le cerraban en cada situación estresante. Distaba de ser un orador exquisito, y no poseía el carisma arrollador que transmitían Alfonsín, Balbín u otros miembros destacados de su partido cada vez que se lo proponían. Sin embargo, más de cuarenta años después de su muerte, y tal vez porque su vida fue truncada en plena madurez, sus correligionarios –y no solo ellos– siguen viendo en él un emblema de la voluntad militante, de las convicciones y los principios por encima de los intereses personales, de la honestidad más allá de las tentaciones que ofrece el poder. También sigue siendo, por cierto, un amargo símbolo de aquella ola de violencia setentista que los argentinos aún no hemos terminado de discutir ni de descifrar del todo y que marcó a fuego el devenir del país.

Las interpretaciones sobre su legado político han sido y son variadas, y tanto el radicalismo como la izquierda y hasta sectores del kirchnerismo han intentado, con mayor o menor autoridad moral y apego a la verdad histórica, “apropiarse” de la figura de ese dirigente tan frágil de salud como valiente en actividad y decisiones políticas.

El abogado y dirigente chubutense no fue, por cierto, el único mártir radical en aquellos años de violencia y sinrazón. Su nombre se entremezcla de manera contundente con otros abogados de presos políticos y militantes radicales como el rosarino Felipe Rodríguez Araya, asesinado por la Triple A de José López Rega en 1975, el platense Sergio Karakachoff y el tucumano Angel Pisarello, ambos torturados y asesinados por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que en el inicio de sus siete años de gobierno implementó su plan sistemático de desaparición y muerte, que se cobró 30.000 víctimas. Los hubo también socialistas, como el maestro Alfredo Bravo (que salvó milagrosamente su vida luego de estar desaparecido trece días), comunistas, democristianos y (unos pocos) liberales. Como lo expresara Hipólito Solari Yrigoyen, otro jurista radical que sobrevivió a los tormentos, la cárcel y el escarnio, aquellos calvarios “fueron similares a la que sufrieron miles de ciudadanos de distintos pensamientos políticos, ajenos a las prácticas de la violencia, pero cuyas actividades perfectamente legales y sus pensamientos progresistas molestaban al régimen”.

La meta de este libro será entonces echar luz y recorrer los mismos caminos que aquel niño pequeño y delicado nacido y criado en la despoblada y siempre rebelde Patagonia de los años treinta y cuarenta; el adolescente inquieto que se acercó a la UCR cuando el peronismo hegemonizaba el poder y la sociedad, y que peleó desde los centros de estudiantes universitarios de Córdoba y Tucumán por valores como el laicismo en la enseñanza y los derechos de los jóvenes.

También repasar el sendero, romántico e idealista, que lo llevó a defender, sin nada que ganar en lo económico y mucho para perder en lo personal y profesional, a presos de renombre odiados por los militares de turno, como el gremialista Agustín Tosco o al líder del ERP Mario Santucho, entre muchos otros. Un ideario que también lo acercó a Alfonsín, el líder de una generación de radicales rebeldes que terminó devolviéndole la democracia al país. Su invariable tozudez a la hora de embarcarse en las causas que creía justas –su involucramiento en las negociaciones con los guerrilleros fugados de esa cárcel de máxima seguridad de Rawson en agosto de 1972 fue decisivo para su destino final– desembocó en los ataques sucesivos y despiadados por parte de las sucesivas dictaduras, ataques impiadosos que terminaron costándole la vida en aquel octubre de 1976.

La de Amaya fue una vida breve pero intensa, una existencia que muchos de sus contemporáneos y quienes lo conocieron valoran en toda su dimensión ética, pero que sin embargo las nuevas generaciones en buena medida desconocen, tanto en Buenos Aires como en su Chubut natal, donde sin embargo aún quedan huellas latentes de su legado en plazas, escuelas, calles y teatros.

¿Fue Amaya un radical apegado a la doctrina legada por los padres fundadores del partido, que se opusieron –a veces con armas en la mano– a los regímenes totalitarios y o conservadores? ¿O su pensamiento estaba más ligado al marxismo, como sostenían sus detractores, dentro y fuera del partido? Su cercanía a gremialistas y partidarios de las acciones directas, incluso a aquellos ligados a hechos sangrientos como secuestros o atentados, ¿eran una muestra de coherencia y apego a la absoluto a la democracia y los derechos humanos, o solo evidencias de su simpatía por aquellos sectores violentos con claros objetivos políticos, sea cual fuera el método que utilizaran? Preguntas que, al final del camino, intentaremos responder con datos y evidencias, desde una posición alejada de la mitificación del “heroísmo”.

Dar una visión descarnada de esa existencia singular, y a la vez tomar distancia de un relato hegemónico que privilegió a las víctimas peronistas por sobre los matices y la verdad histórica de lo ocurrido en la sangrienta y singular década del setenta es otra de las metas de las páginas que siguen.

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