Newsletter de día: Las fosas de Franco

Hola, ahí.

La viejita vestida de negro y de pelo blanquísimo y recogido habla y casi hay que adivinar lo que dice. La voz de María Martín es un susurro ronco, un grito ahogado que clama por recuperar los restos de su madre, ejecutada el 21 de septiembre de 1936 en Buenaventura (Castilla-La Mancha) cuando ella era una niña de 6 años. “Al otro lado, en aquellos zarzales, tiraron la ropa de mi madre cuando fue asesinada”, dice la anciana mientras una muchacha joven la ayuda a acomodar unas flores al costado de la ruta, en la cuneta en la que María sabe que se hallan los restos de Faustina López, su mamá.

Con estas imágenes comienza El silencio de otros, un conmovedor documental de 2018 producido por Pedro Almodóvar, que relata la larga y tortuosa pelea de las víctimas del franquismo con la Justicia española. Se trata de una pelea amordazada por la Ley de Amnistía de 1977 y que recién hace diez años logró encontrar un resquicio para seguir su camino, a partir de una querella iniciada en Argentina, que incluye casos de asesinados, de personas torturadas durante el franquismo y de algunos de los miles de niños robados, arrebatados a sus madres con mentiras incluso después de la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, hasta a inicios de los años ochenta.

La causa existe pero pese a que en las formas consiguieron instalarla en los tribunales, se hizo y hace todo lo posible para mantenerla dormida. Según los organismos de derechos humanos españoles, aún hay 100.000 cadáveres en fosas comunes esperando a ser exhumados.

Entre las imágenes que se ven en la película alcancé a ver dos veces a un hombre a quien tuve el gusto de conocer y de tratar por varios años. Darío Rivas Cando murió el año pasado a los 99 y hasta el final de sus días fue símbolo de bonhomía y dignidad.

Nos presentaron por teléfono en agosto de 2005 Santiago Macías y Emilio Silva, por entonces autoridades de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), un organismo que se formó a comienzos de este siglo con el propósito de ayudar a los familiares a localizar los restos de sus parientes, víctimas de la represión franquista y cuyos cuerpos fueron mayormente arrojados a fosas comunes.

“Está detrás de la capilla de Cortapezas, dentro de lo que es el cementerio y que en 1936 era el atrio”. Diez años antes Darío Rivas Cando estaba de viaje en su Lugo natal cuando escuchó esta frase. La pronunció un vecino memorioso de 94 años, quien le dio el dato que necesitaba para impulsar un operativo con el que había soñado por décadas: la recuperación del cadáver de su padre, Severino Rivas Barja, ex alcalde republicano de Castro de Rei, fusilado por el franquismo en Portomarín a los 58 años y enterrado clandestinamente en una cuneta, también en tierra gallega. Otra vecina anteriormente había recordado un detalle clave: el gabán que llevaba puesto uno de los asesinados, una prenda que Rivas enseguida supo que era la que sus hermanas y él le habían enviado a su padre.

Cuando hablé con él por primera vez, los restos del ex alcalde ya descansaban en el panteón familiar del cementerio de Loentia, un pueblo de población modesta, alrededor de 300 habitantes. La ceremonia movilizó a la región y tuvo lugar poco después de que fueran desenterrados los restos por un equipo de profesionales voluntariosos que trabajaban a puro pulmón mientras el Estado español no había hecho gestión alguna. El padre de Darío fue el primer fusilado cuyo cadáver pudo recuperarse en Galicia.

Darío no vivía en España cuando murió su padre. En 1928, para alejarlo de la miseria y los riesgos de la política, su padre —ya viudo y con 9 hijos— lo había puesto en un barco en La Coruña con rumbo a Buenos Aires. Darío tenía 9 años entonces y era el más chico de los hijos de Severino. En Buenos Aires lo esperaban sus hermanas mayores.

En el inicio de la Guerra Civil, Galicia quedó bajo el mando de los nacionales y se calcula que allí sólo durante los últimos cinco meses de 1936 (el año del inicio del conflicto) hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos del bando republicano.

Ocho años después de la despedida en el puerto, Severino fue elegido alcalde en Castro de Rei. Era un hombre informado aunque no había tenido una gran educación. Si bien tenía vínculo con los socialistas, lo movía su voluntad ciudadana más que las ambiciones políticas. Su gestión duró apenas 3 meses. A comienzos de octubre de 1936 lo detuvieron en el hotel España, de Lugo, donde solía participar de tertulias, y lo mantuvieron preso unos días mientras decidían su suerte.

El 29 de octubre lo llevaron de “paseo” —el eufemismo con el que se conoce lo que era la ruta final hacia la muerte de los enemigos del franquismo— junto con un jefe de la guerrilla. Los fusilaron al aire libre, allí donde un desnivel de la ruta a Lugo desciende hacia la capilla de Cortapezas y dejaron a un chico de 17 años junto a los cadáveres para exhibirlos en clave de disciplinamiento.

Al socio en la muerte de Severino lo desenterraron los familiares, días después. Al alcalde no le quedaba pariente alguno que pudiera rasgar la tierra para recuperar su cadáver. Esa persona era todavía un chico y estaba en Buenos Aires.

Consiguió su propósito cuando tenía 85 años, luego de pasarse la vida queriendo reparar la muerte de su padre y proveerle la dignidad de una tumba con nombre. A pocas horas del hallazgo de los restos, me dijo telefónicamente: “Es la historia de un chico de nueve años que recupera a su padre”. Desde esos días, en el pequeño cementerio de Loentia una lápida se propone cubrir los agujeros de la memoria. Una pequeña placa pide “Papá, descansa en paz”. La firma estremece. “Tu niño mimado, Darío”, dice.

Unos años después de enterrar a su padre Darío también logró el desagravio público. “A él no le hubiera gustado morir como traidor a la patria, porque siempre la defendió. Por eso peleé por el desagravio”, me dijo entonces. “El proceso judicial habla de traición a la patria y portación de armas siendo que los traidores eran quienes lo procesaban”, reivindicaba entonces Darío.

Seguramente otra persona de su edad, y luego de tantos años de pelea, podría haberse dado por satisfecho. Pero no él.

El 14 de abril de 2010, Darío Rivas, entonces de noventa años, se presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires y radicó una denuncia particular para que comenzara una investigación sobre los crímenes del franquismo en base al principio de justicia universal reconocida por la Constitución argentina.

Te hablé antes de la Ley de Amnistía española de 1977 que impide juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. Pues bien, Darío se animó a buscar otra puerta para buscar Justicia. Él fue el primer querellante que denunció al Estado español como responsable de los delitos cometidos entre el día 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones después de la muerte de Franco. Me acuerdo muy bien de su entusiasmo cuando me llamó para contarme la nueva “travesura”.

Durante varios años, promediando diciembre, se acercaba hasta mi casa en Caballito desde Ituzaingó manejando (sí, conducía su auto) para traerme vino casero y un almanaque para el año que estaba por comenzar.

A la hora de su muerte Darío Rivas vivía en un geriátrico, en Villa del Parque. Estuvo casado muchos años pero no tuvo hijos con Clotilde, aunque siempre estuvo rodeado de sobrinos y ahijados.

Luego de la muerte de Darío, en abril de 2019, Inés García Holgado, quien acompañó al anciano en el inicio de la “querella argentina” para pedir justicia por dos tíos abuelos fusilados durante la dictadura y un tío desaparecido, reveló que él tenía intenciones de ser testigo de la exhumación de Franco. Murió unos meses antes de que llegara ese momento.

“Hasta hace un mes decía que él iba a viajar a España para ver a Franco fuera del Valle de los Caídos”, dijo García Holgado al diario Público. Y añadió, a modo de reproche: “Se nos están yendo víctimas y defensores de víctimas por culpa de esta dilación del Gobierno español. Esta gente se está yendo sin ver justicia”.

La película, como te conté antes, es muy conmovedora. En lo personal, es la historia de María Martín -quien murió sin cumplir su sueño de recuperar los restos de su madre- la que más me toca el corazón y también la de otra anciana que consiguió, como Darío Rivas, enterrar a su padre, después de décadas de saber que sus restos estaban en una fosa común dentro del cementerio del pueblo.

Dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bahar, El silencio de otros fue filmada durante varios años y está dedicada al abogado argentino Carlos Slepoy, quien falleció en 2017 y fue uno de los impulsores de la querella argentina luego de varias décadas de asesorar a víctimas de violaciones a los derechos humanos de varias dictaduras.

Hay dos cosas que me incomodan del film; una es un error y otra, una ausencia llamativa. No tengo claro en ambos casos si se trata de descuidos.

El error es incluir a Uruguay entre los países que juzgaron a los dictadores y otros funcionarios de los gobiernos de facto. En lugar de una amnistía, en 1986 -un año después del regreso de la democracia al país- se aprobó la llamada Ley de Caducidad (el nombre completo es Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) que impide todo juicio frente a delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por parte de funcionarios militares y policiales. Pese a que diferentes organismos internacionales de derechos humanos cuestionan al país por no haber avanzado en investigaciones sobre lo ocurrido durante la dictadura, la población uruguaya refrendó en dos ocasiones esta ley a través de dos consultas populares, una en 1989 y otra en 2009.

La ausencia llamativa del documental es el Juicio a las Juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que directamente no se menciona como antecedente fundamental en la lucha por la justicia y la recuperación de la memoria histórica. La pelea de los familiares y los organismos de derechos humanos en Argentina comenzó temprano, ya en dictadura. Siguió en democracia con un histórico Juicio a las Juntas que instaló para siempre el Nunca Más en la memoria colectiva, se continuó con la resistencia a leyes que enturbiaron la historia y encontró reconocimiento en el nuevo impulso para terminar con la impunidad de los genocidas que dio el kirchnerismo.

Me inquieta pensar que en la película hubo un recorte voluntario de la foto completa que instala a la Argentina como ejemplo de lucha contra la violación de los derechos humanos y explica que el nuestro haya sido el territorio en el que buscaron justicia los familiares de españoles asesinados o desaparecidos. Como imagino que todo el material del documental pasó por muchas manos antes de ser exhibido, me perturba -y por momentos también me enoja un poco- el olvido inexplicable o, lo que sería mucho peor, la reescritura pícara del pasado.

Hasta la próxima.

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