Maristella Svampa: “El Gobierno sufre de una ceguera desarrollista, hay que salir del analfabetismo ambiental"

“La agroecología dejó de ser algo testimonial para convertirse en un movimiento social poderoso. Ya no es una cuestión de hippies”.

El optimismo de Maristella Svampa y su fe en un posible cambio radical a escala global se conjuga con un pronóstico de características proféticas. En tiempos de incendios forestales masivos, inundaciones y pandemias, la investigadora del Conicet y activista ambientalista asegura que existe una oportunidad para reinterpretar la actual “crisis civilizatoria”. La antigua normalidad –marcada por la destrucción de los ecosistemas y los recursos naturales, el cambio climático y un “hiperconsumo que derrama sobre una minoría”– puede ser reemplazada si se abandona el pecado original del “desarrollismo ciego”.

“Siempre decimos con Enrique Viale que con megaminería, el ‘fracking’ y agronegocios no hemos resuelto el problema de la pobreza y la desigualdad. Todo lo contrario, vemos que la mitad de nuestros niños son pobres. No es esa la línea en la que debemos seguir avanzando. Son falsas soluciones, modelos insustentables desde el punto de vista ambiental”, sostuvo Svampa en una entrevista con Infobae Cultura.

En su más reciente libro, El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del mal desarrollo (Siglo XXI), la socióloga argentina que más estudió las relaciones entre el medio ambiente hace una exhaustiva síntesis sobre los estudios e indicadores que explican la crisis sociecológica, las desventuras del período del Antropoceno y los daños del “negacionismo climático”. Y también su correlato local y argentino, donde conviven una avanzada legislación ambiental en paralelo a la vigencia de proyectos contaminantes como Vaca Muerta, la megaminería a cielo abierto y la producción agroindustrial, a los que describe como la encarnación del sueño de El Dorado, aquel mito colonial que funda una misteriosa y mesiánica mina de oro que salvaría los destinos colectivos de la pobreza.

Svampa es una de las estudiosas más reconocidas en el país en materia de ambientalismo. Su último texto advierte que el aumento de la temperatura planetaria ya tiene sus serias consecuencias económicas en distintas regiones del país, como el Litoral y la Pampa húmeda, donde las sequías y olas de calor son cada vez más frecuentes, o en inundaciones en el Río de la Plata. La lista del derrotero ambiental es exhaustiva, y la pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2 agrava un escenario de por sí desalentador.

“La pandemia tiene un origen zoonótico. Los distintos estudiosos demostraron que las otras epidemias como el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina e inclusive el sida están ligadas a estos virus altamente infecciosos que hacen saltos interespecies desde los animales a los humanos. ¿En qué contextos? Cuando avanzamos con la deforestación sobre los ecosistemas silvestres, esas prácticas liberan virus que han estado encerrados por milenios. La otra interpretación, que es complementaria, se deriva de la expansión de un modelo agroalimentario insustentable, que incluye desde la cría de animales a gran escala o modelos como las megafactorías de cerdo como las que se discuten en Argentina. Ambas líneas coinciden con lo que pudo haber pasado con el COVID-19 en el mercado de Wuhan”, advierte Svampa.

—El país se está prendiendo fuego, literalmente, con 13 provincias afectadas, y la pandemia puso en vilo a todo el mundo. Pareciera que su libro llega en un momento oportuno...

—Es una doble oportunidad. Estamos atravesando una pandemia y no aparece en el centro de la agenda como debería su origen zoonótico. Es muy probable que vengan otras pandemias (ojalá que no), pero vamos a tener que hacer frente a una emergencia climática que va a generar más refugiados ambientales, más enfermedades y contextos para la transmisión de estos virus. Los incendios están poniendo de relieve la destrucción de ecosistemas tan frágiles como los humedales. La problemática socioambiental está en la agenda nacional pero suele ser muy transitoria, rápidamente suele ser expulsada al calor de la presión de los lobbies empresariales. Creo que en los últimos tiempos hay un avance en el consenso social sobre la gravedad del problema y, desde Greta Thumberg, eso tiene mucho que ver con el rol de las y los jóvenes que presionan para que estos temas ingresen en la agenda legislativa y pública.

—Quienes defienden actividades contaminantes como la minería y los agronegocios toman parte de las críticas ambientalistas y defienden el enfoque de que se puede lograr un “desarrollo sustentable” con controles. ¿Coincidís?

—Son modelos extractivos que implican la exportación de commodities sin mayor valor agregado. No han conllevado una transformación positiva de nuestras estructuras productivas. Tampoco es que sean controlables desde lo ambiental. La megaminería a cielo abierto utiliza millones de litros de agua y energía, desplazando a otras actividades productivas con las que compite por esos recursos. Nos dejan, además, cuantiosos pasivos ambientales y los socializa, mientras privatiza las ganancias. La minería metalífera no ha generado más que 16 mil puestos de trabajo según los datos de 2016, está lejos de ser un motor de desarrollo. Es la actividad más resistida y prohibida en Argentina. Para eso vayan a ver lo que pasó con La Alumbrera en Catamarca, que está instalada desde el año 1997. Catamarca es una de las provincias más pobres del país, con más beneficiarios de IFE y planes como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hay mucha distorsión y engaño a la población sobre el potencial de los destinos mineros, la extracción de petróleo o la explotación del agronegocio.

—¿Qué potencia tiene el movimiento ambientalista en Argentina?

—En Argentina hubo una expansión del campo del ambientalismo popular que ya lleva 15 años de historia. Las organizaciones socioambientales que vienen luchando contra la expansión de la frontera minera o los agrotóxicos han avanzando, pero han ocupado la periferia de nuestra sociedad. Cada tanto algunos de estos conflictos salen a la luz, como Famatina en 2012, los derrames de Veladero en 2015 o la pueblada de Mendoza de diciembre de 2019. Pero las luchas ecoterritoriales son cada vez más importantes y hay otros lenguajes de valoración del territorio, como la defensa del agua y de otros bienes comunes. Hay una necesidad de redefinir nuestro vínculo con la naturaleza. Con la pandemia hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad y pensarnos desde la interdependencia. Desde la Modernidad en adelante se ha consolidado un paradigma en relación con la naturaleza que concibe al ser humano como alguien externo que se cree destinado a dominarla, controlarla y destruirla. Hoy sabemos, ante la crisis socioecológica, que somos seres interdependientes y que debemos pensarnos como seres ecodependientes, en donde la complementariedad y los cuidados estén colocados en el centro de la vida. Mientras tanto, asistimos con el neoliberalismo a una guerra contra la naturaleza que apunta a la destrucción del tejido de la vida y pone en peligro su reproducción. Según Oxfam, los ricos han aumentado su fortuna un 19% durante la pandemia, mientras en América Latina hay entre 40 y 50 millones más de pobres. Esto tiene que ser un punto de partida para una agenda de transición socioecológica. Tenemos desigualdad, aceleración del colapso ecosistémico, concentración y expansión de las extremas derechas. En este contexto, la reactivación económica no puede ser más extractivismo.

—Argentina es un país golpeado por la crisis económica y requiere de los dólares provenientes de sectores que cuestiona, como la actividad agroexportadora o los combustibles fósiles de Vaca Muerta. ¿Cómo imagina esa transición socioecológica posible existiendo esa dependencia concreta de divisas?

—Nosotros promovemos un pacto ecosocial a nivel país y regional. Estamos pensando en una propuesta política que articule la redistribución económica con una agenda de justicia ecológica. En esa línea es necesario desmontar mitos. En la transición energética debemos orientarnos a la producción de energía limpia y renovable como la eólica y solar, y dar la discusión sobre el litio, para que se piense en clave sustentable y en relación a la soberanía nacional. Por otro lado, debemos abandonar Vaca Muerta, porque no tiene nada que ver con una transición de estas características.

En lo agroalimentario, hacemos un apuesta por la agroecología, que es una ciencia y un movimiento social en toda América Latina. No solo viene de la mano de los movimientos territoriales sino de la economía convencional, con productores que han tomado conciencia de que pueden producir sano sin depender de los paquetes tecnológicos que incluyen agrotóxicos y que además generan fuentes de trabajo. El modelo de agronegocios argentino es una agricultura sin agricultores, concentrador de la tierra y que genera el mayor problema socioambiental del país con el glifosato y sus impactos en la salud en provincias como Córdoba y Santa Fe. Aunque los grandes sectores agroalimentarios poseen el 75% de las tierras, solo producen el 25% de los productos y ni siquiera son alimentos, a veces son solo forrajes. Hay un poderoso lobby detrás. Contra eso, la agroecología y la agricultura familiar dejaron de ser algo testimonial. Hay sectores sociales y productivos con anclaje en los municipios que tienen una apuesta a producir sano. El Estado tiene que promoverla, habilitando el acceso a las tierras. Podemos dar vuelta la historia. No veo que haya muchas alternativas cuando nos toca navegar en estas aguas turbulentas.

—En la última década hubo grandes avances en legislación ambiental. Y sin embargo, la primera impresión es que no hubo cambios significativos en relación a la protección de los recursos naturales.

—Ha costado mucho poner en la agenda legislativa la cuestión ambiental. Se sancionó la Ley de Bosques en 2008, no generó las herramientas suficientes para controlar los desmontes. Se sancionó la Ley de Glaciares en 2010, pese a la presión de los lobbies mineros, y fue judicializada. La Ley de Humedales ha tenido grandes inconvenientes. Hay una Ley de Emergencia Climática que se ha sancionado en 2019 con protagonismo de Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima. Ahora está lo del acuerdo de Escazú, que es algo promisorio en materia de derechos humanos y acceso a la información. Creo que en Argentina hemos avanzado en una legislación pero que todavía es muy deficitaria y sobre todo no alcanza a cumplirse. Necesitamos dotar de herramientas también al Estado para que puedan desarrollarse los controles que las leyes estipulan. No nos engañemos. Todas estas leyes son un gran avance, pero si no las acompañamos con suficientes herramientas para que se cumplan, terminan siendo letra muerta.

—¿Qué opinión le merece el plan ambiental presentado por el Gobierno?

—Es un plan que no fue discutido con las organizaciones sociales, solo fueron invitadas a testimoniar. Si bien es un avance, es a todas luces insuficiente. No ataca los elementos estructurales que tienen que ver con el modelo del mal desarrollo. Avanza con la educación ambiental, con pasar el control del manejo de incendios al Ministerio de Ambiente entre otras cuestiones. Pero sigo insistiendo en que el Gobierno sufre de una ceguera desarrollista que acepta acríticamente los modelos de desarrollo dominantes, hay que salir del analfabetismo ambiental. Hay que dar cursos de educación ambiental a los legisladores y funcionarios al estilo de la Ley Micaela para colocar en agenda la crisis ambiental. Me preocupa muchas veces que no es solo la élite económica que defiende sus intereses con estos modelos insustentables, sino que el Gobierno insiste en oponer lo social a lo ambiental.

Tenemos que salir de las zonas de confort para avanzar en la construcción de alternativas. Necesitamos el aporte bienintencionado, consciente y libre de los prejuicios a los que hemos estado atados a estos credos desarrollistas que ya no funcionan más en la sociedad que estamos viviendo. Son absolutamente contraproducentes y efectivamente nos están conduciendo a un colapso ecológico, y también a un colapso sistémico más general.

—El Frente de Todos presentó un proyecto para proteger los ecosistemas de los incendios. ¿Alcanza esta iniciativa para solucionar el problema?

—Sí, estoy al tanto. Me parece bien, por ejemplo, impedir el cambio en los usos del suelo en los territorios afectados por los incendios, pero sigo pensando que aunque necesario, es insuficiente. Tenemos que dejar de discutir el grosor de las mangueras para apagar los incendios y apuntar a las causas, a los modelos de mal desarrollo que destruyen nuestros ecosistemas. Por otro lado, son muchos los contrasentidos cuando vemos que el Gobierno busca aprobar un impuesto a las grandes fortunas y de golpe reduce las retenciones a los sectores más favorecidos y contaminantes, como los sojeros y mineros.

* Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es profesora asociada de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora independiente del Conicet. En 2006 recibió la Guggenheim Fellowship y el premio Kónex al mérito en sociología.

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