El 10 de agosto pasado, mediante la Decisión Administrativa 1428/2020, el Ministerio de Cultura de la Nación derogó a la Dirección Artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Un cargo creado por Decreto Presidencial de Néstor Kirchner en 2006 y concursado públicamente por el término de cinco años en 2017. La académica nombrada para ese cargo, Lic. Mariana Marchesi, pierde su cargo a mitad de su mandato concursado y se crea una “coordinación artística” sin jerarquía en la toma de decisiones, y que podrá designarse a gusto de las autoridades sin necesidad de un llamado de antecedentes.
Por encima de la ilegalidad de desestimar un concurso público y castigar a una persona de trayectoria muy meritoria, la creación de ese cargo respondió a la necesidad de mejorar la gestión del mayor museo del país mediante la incorporación en su cúpula de investigadores del campo del arte. El MNBA tiene la colección más importante de América Latina y como tantos otros museos, estuvo siempre amenazado por la fragilidad institucional. La investigación y los criterios artísticos de ese museo no son sin embargo material de adorno, sino fundamentales en su misión. De hecho, y esto se agudiza en la actual circunstancia pandémica, todas sus exposiciones pueden hacerse con gran calidad con las obras con que cuenta el museo, sin necesidad de recurrir a préstamos internacionales que ahora serían presupuestariamente inviables.
En atención a esos antecedentes, con el advenimiento del gobierno de Néstor Kirchner en 2003 y durante los mandatos en la Secretaría de Cultura de la Nación, del cual depende el museo, de Torcuato Di Tella y José Nun, se resolvió jerarquizar su institucionalidad, asignar funciones ejecutivas a su director ejecutivo y crear una dirección artística y una delegación jurídico-administrativa. Tres cargos que lo elevan en el cuadro administrativo y por ende facilitan la administración de sus recursos y adecúan su funcionamiento a la particularidad de la institución. Un Consejo Consultivo ad-honorem que contribuiría a enriquecer el ámbito de la toma de decisiones, completaba el marco que puso al museo en condiciones de actuar conforme a la importancia de su rol social.
Lograr un cambio de esa magnitud en la administración pública, fue casi un milagro. Demandó dos años de trabajo a cargo de un Consejo Ejecutivo del museo nombrado ad-hoc para ese propósito e integrado por representantes de las áreas conocedoras del ámbito artístico: Andrea Giunta en nombre de los académicos de arte, Adriana Rosenberg en nombre de las instituciones artísticas sin fines de lucro, los artistas Luis Fernando Benedit y Alejandro Puente y presidida por el que suscribe en su condición, en aquel entonces, de Director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación. Finalmente, con la firma de Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Aníbal Fernández, el 26 de diciembre de 2006 se publicó el Decreto del Poder Ejecutivo 1917/2006.
En 2016 se organizaron los concursos del Bellas Artes para los dos restantes cargos creados 10 años antes: la Dirección Artística -que ganó la Lic. Mariana Marchesi- y la Delegación Administrativa; también concursos adicionales para la mayoría de las direcciones de los museos nacionales en todo el país.
La expulsión de la Dirección Artística del nivel de la toma de decisiones de nuestro principal museo, equivalente a tal dirección en el Teatro Colón u otras instituciones culturales donde el criterio especializado es fundamental, es un atropello a la profesionalización de la gestión. Comparativamente, el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro acaba de nombrar por concurso a una dupla de personas a cargo de su dirección artística, además de su director ejecutivo, en reconocimiento a la importancia del diálogo y el intercambio de criterios en el primer nivel de las decisiones de su programación y su gobierno. Esa es la tendencia en los principales museos del mundo. Resulta paradójico que las máximas funciones en el ámbito de patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación estén a cargo de excelentes investigadoras del arte, pero que se desestime a esa profesión al desjerarquizarla cuando más se la requiere.
También es paradójico que no se haya integrado el Consejo Consultivo del Museo Nacional de Bellas Artes. En esta etapa se necesita el criterio de profesionales de la ciencias sociales que asesoren sobre el mejor modo de relacionar la función de los museos con la demanda social, quebrada por las injustas circunstancias que la aquejan: ¿Qué debe hacer un museo en estas condiciones? ¿Acaso el principal museo del país puede darse el lujo de dejar vacante la pregunta dirigida a quienes mejor conocen a la sociedad: antropólogos sociales, sociólogos, politólogos, economistas, ambientalistas, urbanistas, trabajadores sociales e incluso artistas y especialistas en políticas públicas? Las mejores cabezas del país se pondrían generosamente a disposición para colaborar con ese gran museo desde el vacante Consejo Consultivo. Por el contrario, con la derogación de un Decreto del Poder Ejecutivo mediante una simple resolución administrativa, cae la Dirección Artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Una muy mala señal sobre el futuro de nuestras instituciones culturales.
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