En los últimos días, miembros de la comunidad de escritores argentinos, legisladores y funcionarios del área de Cultura se reunieron en una asamblea virtual para dar su apoyo al proyecto de ley de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA), presentado en el Congreso Nacional el año pasado por un conjunto de diputados encabezados por Daniel Filmus.
El proyecto, que cuenta con dictamen positivo en la comisión de Cultura de la cámara de Diputados, define los objetivos del INLA, sus atribuciones, su alcance y estructura organizativa, y el financiamiento previsto para su funcionamiento. En cuanto a las funciones, establecidas en el artículo 3, se trata de un listado amplio de líneas de acción que buscan promover el acceso igualitario a la lectura, la escritura, la edición de libros, las traducciones, la promoción de libros argentinos en el exterior, y otros objetivos similares. Los instrumentos mencionados a ser utilizados son subsidios, exenciones impositivas, becas, concursos, promoción de bibliotecas, ferias, etcétera.
En términos generales, parece difícil disentir con los objetivos planteados, todos orientados al fomento de la lectura, la escritura y la edición de libros. Sin embargo, no surge en el proyecto y/o en sus fundamentos la necesidad de crear un nuevo organismo público para alcanzar estos fines.
El Estado Nacional cuenta ya con muchos organismos que hoy ejercen las funciones que se proyecta asignar al INLA: el Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso, la CONABIP, las Universidades Nacionales y sus editoriales, el CCK y otros centros culturales nacionales, museos e institutos históricos, la Televisión Pública, Radio Nacional, la cancillería y las embajadas con sus agregados culturales. En materia de investigación académica sobre el sector, funciones que se asignarían al nuevo Observatorio Nacional del Libro y la Lectura (ONLL) a crearse dentro del INLA, se trata de actividades que hoy son realizadas por las universidades nacionales, el CONICET, y otras áreas con recursos y años de experiencia en la materia. La promoción impositiva del sector se ha trabajado en los organismos del Estado con competencia en la materia, sin necesidad de contar con un Instituto específico como el propuesto. A tal punto que la venta de libros está desde hace años exenta del IVA.
Con relación a la cuestión federal, a los organismos antes mencionados se suman todas las áreas de Cultura y del libro de CABA y las provincias, así como otros organismos provinciales que por sus funciones colaboran también en la promoción de la lectura, la escritura y los libros.
Por ello, en un contexto de crisis económica y enormes dificultades presupuestarias, aun si se pudieran conseguir más recursos para el libro reasignando partidas o consiguiendo ingresos adicionales, sería mejor usarlos para reforzar los programas e instituciones existentes y para mejorar su funcionamiento, y no para crear nuevas estructuras burocráticas.
Es altamente probable que existan problemas en la coordinación de todas estas áreas del Estado que intervienen en la problemática del libro. Si este fuera el diagnóstico, el esfuerzo debiera concentrarse en resolverlos bajo el liderazgo del ministerio de Cultura de la Nación, y no crear un nuevo organismo superpuesto a todos los demás, que seguramente profundizará la multiplicidad de roles con baja coordinación, y que además sumará nuevos gastos de funcionamiento, recursos que no podrán invertirse en las verdaderas medidas de fomento y promoción que se pretende impulsar.
Respecto a los fondos que permitirían poner en marcha al nuevo organismo, el proyecto de ley cumple con el requisito de establecer de manera precisa sus fuentes de financiamiento. El artículo 16 señala que la partida anual en el presupuesto nacional para el Fondo Nacional de Fomento del Libro, la única fuente segura de financiamiento del INLA, no sería inferior al 2% del presupuesto de Cultura de Nación. Además, para evitar que el nuevo organismo se “coma” todos los fondos asignados con sus propios gastos corrientes, el artículo 17 pone un tope máximo del 20% del presupuesto total del INLA para los gastos en salarios y funcionamiento. De esta forma, el 80% restante se preservaría para financiar los distintos programas y mecanismos de promoción del libro.
En principio, considerados en el marco del Presupuesto Nacional, ambos parámetros parecen prudentes y razonables. Un presupuesto total equivalente al 2% del ministerio de Cultura podría ser absorbido fácilmente por el Estado con racionalizaciones y reasignaciones, probablemente en el mismo ministerio. Y la restricción legal de no excederse del 20% en la participación de los gastos salariales y de funcionamiento parece una señal importante para procurar una gestión eficiente del INLA. La mayor parte de los organismos estatales excede en varios puntos ese porcentaje.
En los fundamentos del proyecto, los diputados firmantes indican que… “…la capacidad real de gestión está garantizada… …por un presupuesto que no podrá ser inferior al 2% del presupuesto total de la Secretaría de Gobierno de Cultura establecido en el Presupuesto nacional.” Si hacemos los números, sin embargo, vemos otro panorama.
El presupuesto del ministerio de Cultura de la Nación es de alrededor de $6000 MM anuales, por lo que el 2% establecido en el proyecto para el INLA totalizaría $120 MM. De esos $120 MM anuales, el tope establecido en el artículo 17 fijaría que el 20% ($24 MM) sería el monto máximo para financiar los gastos de personal y funcionamiento del nuevo INLA.
Es decir, con $2MM por mes habría que cubrir los fondos para el Director Ejecutivo, el Directorio, la Asamblea Federal, el personal de apoyo, el Observatorio Nacional del Libro y la Lectura (ONLL) con su director y sus investigadores, más todos los gastos de funcionamiento (edificios, servicios, sistemas, insumos, viajes) O se trata de un Instituto minúsculo, o los parámetros así definidos no son realistas. A modo de referencia, el Instituto de Cine (INCAA), espejo en el que los promotores del INLA se miran, presupuestó para el año 2019 en gastos propios de funcionamiento $1211 MM, equivalentes al 38% de sus gastos totales. ¿Podría el INLA funcionar con apenas el 1,9% de los fondos que utiliza el INCAA?
Mas allá del problema presupuestario, recortar a los libros en función de su nacionalidad es delicado. Puede ser justificable desde la perspectiva del apoyo a la producción local de libros (escritores, editoriales), pero visto desde la óptica del lector, discriminar entre libros “nacionales” y “extranjeros” es muy peligroso, al igual que darle poder a un funcionario para que decida cuando un libro es “…una publicación de relevancia para la cultura nacional…” como establece el artículo 14 del proyecto.
El proyecto muestra también un sesgo sectorial corporativista similar al que se vive en otras áreas culturales promocionadas. La idea subyacente que se ha instalado en algunas áreas de nuestra cultura es que los organismos públicos de fomento y regulación de un sector deben ser gestionados por “la gente del sector”, y no por funcionarios independientes e idóneos que representen a toda la sociedad.
En esa línea corporativa, el proyecto reparte el Directorio del INLA entre representantes de las regiones, las universidades, editoriales, libreros y escritores. ¿Quién y cómo elegiría a los representantes de los miles de argentinos que escriben? ¿Quién y cómo definirá qué es un escritor? ¿Y si en vez de este formato de conducción de reparto corporativista eligiéramos gestores culturales con capacidad, independencia y experiencia como para dirigir un ente público cultural?
Finalmente, aunque no lo dice de manera explícita, el proyecto parece considerar de manera excluyente al libro tradicional de papel, y no contempla a los formatos digitales como soporte de libros y textos producidos por escritores. Este espíritu conservador se deja ver también en el artículo 19 que crea el ONLL, al indicar que “...los informes e investigaciones realizadas... ...deberán ser publicadas, de manera digital y en soporte papel…” Es decir, el proyecto incluye una obligación legal de publicar en papel los informes del ONLL.
Tratándose del mundo de los libros, en el que estamos viviendo una enorme transformación gracias a los formatos digitales, que el Congreso fuerce por ley la impresión en papel de todos los documentos del ONLL parece un despropósito. Habiendo sido testigo en organismos públicos del enorme despilfarro de recursos provocado por la edición de informes en papel que permanecían en depósitos por años para terminar en la basura, y que luego pudieron ser editados sin problemas en formato digital, este artículo impondría una rigidez legal muy costosa y sin fundamento.
En estos días de cuarentena, uno de los fenómenos literarios locales es el Campeonato Mundial de Escritura que organiza el escritor Santiago Llach. Se trata de una iniciativa en la que cientos de escritores agrupados en equipos se comprometen a escribir 3000 caracteres por día, a partir de consignas aportadas por otros escritores. Después de un par de semanas de escritura diaria, un jurado de notables elige finalmente a los textos ganadores.
En el marco de la discusión sobre el INLA, lo interesante del Mundial de Escritura es que se trata de una iniciativa que no surge de una institución estatal, que utiliza como soporte a las plataformas digitales, y que no tiene ningún límite de nacionalidades. Los mas de 5000 participantes escriben desde múltiples países, y los escritores que apoyan la iniciativa con consignas o en el jurado son también internacionales.
Algunos escritores han manifestado que la discusión sobre la creación del INLA corresponde solo a los escritores, pero creo que están equivocados. Podría serlo si se discutiera la creación de una mutual, o de una asociación de escritores. Pero si se trata de crear un nuevo organismo público y se involucran recursos del presupuesto nacional, eso implica darle un destino al dinero de todos y, por ende, todos tenemos derecho a opinar.
En definitiva, el Estado Nacional cuenta con una gran cantidad de organismos y fondos para apoyar a la escritura, la lectura y la edición de libros. En un momento tan difícil para la economía argentina, el esfuerzo debe estar en utilizar de la mejor manera esos recursos. Lejos de ser una amenaza, las nuevas plataformas y tecnologías digitales son una oportunidad para potenciar la lectura y la producción de los escritores argentinos de una manera más abierta, transparente y eficiente.
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