Los gobiernos peronistas de la década del setenta estuvieron atravesados por la protesta colectiva, la represión legal e ilegal, la lucha armada promovida por las organizaciones guerrilleras y los orígenes del terrorismo de Estado. Junto con la creación de un estado de excepción por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, hacia 1975 el Ejército asumió la defensa del orden interno como una acción de guerra interna. Un par de años antes, la denominada Masacre de Ezeiza en junio de 1973 condensó muchos de estos factores decisivos de la historia de la violencia política y la represión en la historia reciente Argentina.
La asunción presidencial de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973 y su breve gobierno representaron un momento de triunfo y movilización para los sectores juveniles, sindicales combativos e intelectuales de la llamada “Tendencia Revolucionaria del Peronismo” hegemonizada por Montoneros, la célebre guerrilla peronista. La conformación del gabinete mostraba la presencia de una variada gama de integrantes: sindicalistas vinculados con el peronismo ortodoxo, dirigentes partidarios históricos, miembros de la Confederación General Económica –la corporación de pequeños y medianos empresarios alineada con el peronismo–, representantes de las organizaciones juveniles peronistas y, junto a éstos, el influyente secretario personal de Juan Domingo Perón, José López Rega, quien pasaba a estar a cargo del Ministerio de Bienestar Social.
Para mediados de 1973, sin embargo, la situación del gobierno se había deteriorado. Desde la perspectiva de los sectores ortodoxos del peronismo y de muchos miembros de las Fuerzas Armadas la coyuntura abierta por la asunción de las nuevas autoridades contribuía a delinear un panorama de guerra interna. La amnistía decretada por Cámpora apenas asumido con la inmediata liberación de cientos de presos políticos en el episodio conocido como el “Devotazo”, la llegada a diferentes cargos públicos nacionales y provinciales de militantes de la izquierda peronista y la continuación de las acciones armadas por parte de las organizaciones político-militares de orientación marxista se convirtieron en un foco de disputas. A su vez, los militares asociaban las huelgas, movilizaciones callejeras, insurrecciones populares y la resonante acción de las organizaciones armadas con síntomas del avance de la “subversión”: el “enemigo interno”.
Las tensiones existentes al interior del movimiento peronista estallaron en lo que se conoció como la Masacre de Ezeiza, ocurrida el 20 de junio con motivo del retorno de Perón al país. Ese día más de un millón asistentes se dieron cita para recibir al “viejo líder” en el que sería su retorno definitivo luego de dieciocho años en el exilio. Las conducciones de las organizaciones juveniles peronistas y Montoneros tenían planeado hacer una gran demostración de poder a partir del número de sus militantes, esperando que Perón comprendiera que eran el sector mayoritario. Para esto era clave la presencia de las columnas de Montoneros en los primeros cien metros del palco, donde con sus carteles y consignas, confiaban en imprimirle una tónica particular al discurso del “viejo líder”.
Sin embargo, esta estrategia presentaba algunas dificultades. La organización del acto, con la consecuente distribución de las diferentes organizaciones peronistas, había quedado en manos de una comisión conducida por el sector ortodoxo. El enviado directo de López Rega, Jorge Osinde, había ganado terreno aprovechando la ausencia de Cámpora, que se encontraba en Madrid junto a Perón, y de esta forma había logrado anular al vicepresidente Vicente Solano Lima. Fue el mismo Osinde quien, luego de descartar la propuesta realizada por la Policía Federal para efectuar la seguridad del acto, optó por conformar su propio esquema reemplazando a los efectivos policiales por militantes de distintas organizaciones del peronismo ortodoxo. Así, el servicio de seguridad del palco y adyacencias quedaba exclusivamente a su cargo y fue cubierto con un núcleo interno de integrantes de la Juventud Sindical Peronista, el Comando de Organización, la Concentración Nacional Universitaria y un anillo de manifestantes movilizados por los sindicatos.
A su vez, habían circulado versiones que aseguraban que las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros buscaban copar el acto e, incluso, que sectores radicalizados intentarían asesinar a Perón para hacerse con la dirección del movimiento justicialista. Estos rumores, avivados intencionalmente por el peronismo ortodoxo fueron in crescendo y contribuyeron al desenlace fatal.
Al iniciarse el 20 de junio, justo frente al palco habían quedado ubicadas las columnas de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del sindicalista Lorenzo Miguel. Cuando en la mañana de ese día la columna sur de Montoneros intentó ingresar desde atrás del palco, chocó con las columnas de la UOM, produciéndose una importante refriega. A partir de allí se desencadenó un gran tiroteo entre los grupos ortodoxos que custodiaban el palco desde el que Perón tenía planeado hablar y sectores de la multitud. La balacera dispersó a los asistentes, quienes corrieron a esconderse debajo de los árboles y en los edificios cercanos al aeropuerto. Se estima que hubo trece muertos y más de trescientos heridos, aunque se carece de cifras más exactas. Sumado a esto, se produjeron secuestros y denuncias de torturas sobre quienes habían sido capturados y arrastrados a las habitaciones de un hotel cercano. Mientras tanto, el avión que transportaba a Perón se desvió de su destino original, aterrizando en el aeródromo de Morón.
Al otro día, sin hacer menciones directas sobre lo ocurrido y comenzando a mostrar su alineamiento con los sectores ortodoxos, el “viejo caudillo” se expresó a través de la cadena nacional y conminó a sus seguidores a subordinarse al orden constitucional: “Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan (…) Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal”, sentenció. La ambigüedad discursiva que Perón había mantenido hasta entonces llegaba a su fin. En lo que parecía ser una velada alusión a los sectores radicalizados señaló: “Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento. Ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo de abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de los imperialismos dominantes. (…) No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina, ni a nuestra ideología: somos los que las veinte verdades peronistas dicen”.
Pocos días después, el 4 de julio Héctor Cámpora se vio obligado a presentar la renuncia ante su jefe político, asumiendo la presidencia Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Si bien Perón había colocado a Cámpora al frente de la alianza electoral, debilitado en extremo el presidente nunca había gozado del respaldo necesario para fortalecer su autoridad. Desde el punto de vista del líder del peronismo, optar por ese camino hubiera significado mostrar señales de apoyo a Montoneros y las organizaciones juveniles, algo que no estaba dispuesto a realizar. Su objetivo político se basaba, por el contrario, en lograr la institucionalización democrática del país, estableciendo acuerdos de gobernabilidad con los sectores trabajadores, patronales, la dirigencia de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. Para cumplir con esa tarea, Perón había decidido que sus aliados internos fueran los representantes partidarios y sindicales del peronismo ortodoxo.
Los sucesos de Ezeiza no sólo marcaron el comienzo de una ofensiva a gran escala del ala derecha del peronismo sino también el cuestionamiento explícito de Perón a la izquierda peronista. A partir de entonces comenzó el proceso de institucionalización y “depuración interna”. En los primeros días de octubre, en lo que parecía ser una respuesta al asesinato del líder de la Central General de los Trabajadores José Ignacio Rucci, se impulsó desde el gobierno un “Documento Reservado” llamando a combatir “la infiltración marxista”. Un mes después hacía su aparición pública la Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, encabezada por López Rega y el comisario Alberto Villar de la Policía Federal.
La Masacre de Ezeiza, como dijimos, fue un acontecimiento clave. La mirada retrospectiva nos permite ver de manera concentrada muchas de las tensiones y dinámicas que marcarían esos años: en particular, el grado del enfrentamiento entre las facciones al interior del movimiento peronista. La lucha política allí también se vio atravesada por el paradigma de la guerra, un fenómeno que excedió por mucho a las Fuerzas Armadas y a la guerrilla. Miles de militantes peronistas alineados con la derecha concibieron a sus oponentes intrapartidarios como enemigos a reprimir, excluir y exterminar. Moviéndose dentro de los marcos conceptuales de la Guerra Fría, los llamaron “infiltrados marxistas” que buscaban sustituir a Perón e instaurar el comunismo en el país. Los niveles, las formas y los protagonistas de la violencia desplegada aquel 20 de junio en Ezeiza sentarían un antecedente cercano para quienes luego formarían la Triple A, dando inicio a una campaña sistemática de intimidación, persecución y asesinatos de los opositores políticos.
En la definición de la historiadora Marina Franco, el gobierno peronista de 1973-1976 constituyó un: “entramado de prácticas políticas: algunas legales, otras cuya legalidad sólo procedimental se amparaba en la ‘excepcionalidad’ de la situación, otras clandestinas y otras de carácter intrapartidario confundidas con políticas de gobierno”. Así, el combate contra los infiltrados fue mutando en la “lucha contra la subversión”, la “depuración” partidaria se transformó en la persecución de opositores y la conflictividad social y obrera se entendió como lucha contra la “guerrilla fabril”. Los inicios de este avance represivo empezaron ahí, el 20 de junio de 1973, en Ezeiza.
*Esteban Pontoriero es Doctor en Historia, IDAES-UNSAM/CONICET. Juan Luis Besoky es Doctor en Ciencias Sociales por la UNLP.
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