Por Diego Igal
La combinación no pudo ser peor: aquel 26 de julio de 2008, era un sábado de invierno, faltaban menos de 30 minutos para las 8 y a los tres empleados de Delmiro Méndez e Hijo SA apenas 200 metros para subir con el Mercedes Benz 720 ya cargado a la Panamericana. El horario, día y lo desolado del lugar (un rincón fabril de los bordes entre San Isidro y Vicente López) fue la inmejorable oportunidad para que dos hombres con uniformes de la Policía Federal cruzaran el paso con un Volkswagen Gol gris plata, bajaran y encañonaran a los ocupantes del camión y los obligaran a frenar.
Les ordenaron desviarse hasta la vuelta -donde esperaba un transporte más pequeño y más hombres-, estacionar y pasar toda la carga al segundo camión. Cuando la faena estuvo lista, los llevaron a 30 cuadras y les dieron plata para que desayunen y procesen que acababan de ser protagonistas involuntarios de uno de los robos más cinematográficos de la historia argentina del arte. Lo que transportaban eran 17 obras de Antonio Berni, de las cuales los ladrones pudieron cargar 15 por el tamaño del camión.
Esos cuadros -valuados entonces en US$3 millones- del artista plástico rosarino nunca más aparecieron y ahora el Ministerio de Seguridad estudia ofrecer recompensa a cambio de información. En el expediente figuran los de Berni y de otros varios pintores que sufrieron la misma suerte, como los robados de los museos rosarinos Estevez y Castagnino (en 1983 y 1987) o 17 de los 20 bienes culturales sustraídos en otro golpe de película que se concretó la madrugada de la Navidad de 1980 en el Bellas Artes, un lote que incluye creaciones de Albert Lebourg, Auguste Rodin, Edgar Degas, Henri Matisse o Paul Cezanne.
La iniciativa de tentar con dinero a posibles informantes fue del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural que depende de Interpol y de la Policía Federal que conduce Néstor Roncaglia. Ese área, conducida desde hace 17 años por el comisario inspector Marcelo El Haibe, la integran 30 personas -en su mayoría policías- que posicionan a la Argentina como uno de los pocos países del mundo con un grupo específico en el trabajo de preservar bienes como pinturas, esculturas o piezas arqueológicas y también combatir el lucrativo negocio del robo y falsificación. Según la ONU, el tráfico ilícito de bienes culturales representa cada año entre 3.400 y 6.300 millones de dólares a nivel mundial, un delito casi tan millonario como el contrabando de armas o drogas.
Dos brigadas
El departamento a cargo de El Haibe está compartimentado: una división se encarga del análisis técnico y tratamiento de bienes; además actualizar la base de datos pública (se accede desde este link) que ya tiene más de 4500 objetos robados que van de abanicos y cerámicas a pinturas, porcelanas o tapices. La otra sección se aboca a la investigación de delitos contra el patrimonio histórico y cultural y la policía judicial. Los pesquisas se reparten en dos brigadas de cuatro miembros cada una que recorren de incógnito (o no tanto) galerías de arte, anticuarios, mercados de pulgas o subastas y acontecimientos anuales de renombre que se celebran en Buenos Aires.
Cuando no salen a la calle navegan por la web para dar con material sospechoso que se exponga a la venta o remate o detrás de las alertas Google que reciben sobre robos o posibles ilícitos. Una simple búsqueda en la web con las palabras "galería" y "robo de arte" puede deparar sorpresas al más incauto porque aparecerán reconocidos marchand con algunas manchas en el historial, que les provocaron pérdida de prestigio, clientes y sponsors. En el glamoroso, exclusivo y perfumado mundillo artístico suelen repetirse anécdotas y mirarse con desconfianza a quienes se mancharon de negro los dedos no con pinceles sino la impresión de huellas dactilares.
El Haibe comenzó a especializarse en este arte hacia 1998 luego de llegar a Interpol como asesor jurídico (es abogado), previo paso por destinos operativos. No existía ni la base de datos de objetos robados ni el Departamento que hoy dirige. Además de sumar personal y recursos, tuvieron que capacitarse -lo hacen de manera permanente- en arte, arqueología, paleontología y cuestiones legales como la Convención de UNIDROIT, las leyes argentinas 24633 sobre traslado de obras o la 25743 sobre protección y preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico. "La capacitación es fundamental para la prevención", comenta El Haibe en diálogo con Infobae Cultura. Hasta el momento lograron recuperar más de 4200 obras de arte, 4800 piezas arqueológicas y 1270 paleontológicas.
Los investigadores suelen diferenciar el robo ocasional del especialista. El primero será el que incluirá un botín de electrodomésticos, dinero, joyas o artículos de rápida reventa y además un cuadro. El otro es el que sólo va en busca del material artístico. En el caso de un robo al voleo, el delincuente se deshará de ella de manera expeditiva por lo que encontrarla también será rápido. El segundo requiere de cierta inteligencia y sagacidad, además de contactos, pero cada vez hay menos por las trabas del marco jurídico. "La mejor forma de prevenir esto es bajándole el precio -explica El Haibe-, poniendo impedimentos, publicando la obra robada. El tipo va a decir para qué voy a robar si después no lo puedo colocar".
La legislación nacional e internacional establece que quien tenga en su poder un bien cultural robado debe demostrar ser comprador de buena fe con tres requisitos: que haya pagado un precio razonable, en un lugar donde sea habitual la venta de este tipo de material y haber chequeado la base de datos pública de Interpol.
Según El Haibe, "existe el mito del comprador que se lo guarda para verlo él y nada más. La característica del coleccionista es el exhibicionismo. Si tenés algo precioso lo mostrás. Ahora si ese coleccionista tiene algo robado y lo muestra alguno puede decir 'esto es robado' y se le cae la valuación de toda la colección, porque la gente desconfía. Si tiene uno robado quizás tiene otros. Se cuidan muchos". La ausencia de casos en la Argentina de coleccionistas con material robado parece darle la razón.
Blanqueo
La senadora Marta Varela (PRO-CABA) presentó un proyecto de ley que crearía un marco regulatorio para la comercialización de antigüedades, obras de artes y bienes culturales. La iniciativa proponía implementar un Registro Nacional de Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y otros Bienes Culturales obligatorio con un "sistema digitalizado con acceso en línea para cada una de las operaciones a realizar (compra, venta, consignación)".
También establecía que "los comerciantes de antigüedades, obras de arte y otros bienes culturales deben al momento de adquirir o recibir en consignación bienes culturales comprobar con la debida diligencia el origen lícito de los mismos, incluyendo la consulta de cualquier registro de objetos culturales robados u otra documentación pertinente".
La iniciativa de Varela viene, en rigor, a cumplir lo que estableció en 1970 la UNESCO con la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales y se incorporó en la legislación argentina en 1972.
Pero los 47 años de demora seguirán en aumento porque si bien el proyecto recibió el año pasado media sanción en el Senado y dictamen favorable en la comisión de Cultura y Legislación General de Diputados, no llegó a tratarse en el recinto de la Cámara Baja y sigue boyando en el Congreso. En el despacho de la senadora Varela aseguran que se volverá a presentar este año.
Hay muchas posibles para conjeturar los motivos de la tardanza en cumplir con la UNESCO pero tal vez sea mejor atender lo que el comisario El Haibe sintetiza con una colorida analogía sobre lo que pasaría de establecerse este registro: "Blanqueás el mercado".
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