A medida que crece el capital en el mercado de criptomonedas, a través de los movimientos de los precios y del aumento repentino de nuevos tokens, los reguladores de todo el mundo están intensificando el debate sobre la supervisión del uso y la comercialización de los activos digitales.
Esto afecta a todas las criptomonedas, pero especialmente a bitcoin, dado su liderazgo en el mercado y su integración en el ecosistema de startups global.
Muy pocos países han llegado al extremo de declarar bitcoin ilegal. Sin embargo, eso no significa que bitcoin sea una "moneda de curso legal" – hasta ahora, sólo Japón ha llegado a otorgar esa denominación a bitcoin. Sin embargo, el hecho de que algo no sea de curso legal no significa que no pueda utilizarse para pagar – simplemente significa que el consumidor o el comerciante están desprotegidos, y que su uso como medio de pago es completamente discrecional.
Otras jurisdicciones todavía están reflexionando sobre los pasos a seguir. Los enfoques varían: algunas naciones más pequeñas, como Zimbabue, tienen pocos reparos en hacer pronunciamientos atrevidos que cuestionan la legalidad de bitcoin. Las instituciones más grandes, como la Comisión Europea, reconocen la necesidad de diálogo y deliberación, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) cree que las criptomonedas aún no son lo suficientemente maduras para su regulación (aunque con ya casi 10 años en funcionamiento, uno se pregunta cuando se pdorá que ha alcanzado la madurez suficiente). En los Estados Unidos, el problema se complica aún más por el mapa regulatorio dividido: ¿Quién legislaría? ¿El gobierno federal o cada estado?
Existe una pregunta en otros países, que se relaciona con la pregunta anterior, y para la cual aún no hay una respuesta clara: ¿Deberían los bancos centrales o los reguladores financieros controlar las criptomonedas? En algunos países, son una misma institución, pero en la mayoría de las naciones desarrolladas, son instituciones separadas con competencias distintas.
Otro problema divisivo es: ¿Bitcoin debería regularse a nivel nacional o internacional? Francia presiona al G20 (foro internacional de gobiernos y bancos centrales) para debatir la creación de parámetros en la próxima cumbre en abril de 2018.
Se debe hacer una distinción adicional entre la regulación de la criptomoneda misma (¿Es un bien o una moneda? ¿Es una moneda de curso legal?) y las empresas de criptomonedas (¿Son transmisoras de dinero? ¿Necesitan licencias?). En algunos países, las consideraciones están ligadas – en otros, se han tratado por separado.
A continuación se encuentra un breve resumen de los pronunciamientos hechos por algunos países.
Australia
En octubre de 2017, el senado australiano comenzó a debatir un proyecto de ley que aplicaría leyes contra el lavado de dinero a los operadores de intercambio de criptomonedas del país, así como también imponer cargos penales a los operadores de intercambio que no tienen licencia.
Ese mismo mes, las autoridades fiscales eliminaron la "doble tributación" de bitcoin, que fue el resultado de una decisión en 2014 para tratar la criptomoneda como un "bien canjeado" en lugar de una moneda o activo.
Desde fines de 2017, los operadores de intercambio de criptomonedas deben registrarse en la Agencia de Inteligencia Financiera del país (Austrac, por sus siglas en inglés) y cumplir con los requisitos de verificación del cliente y preservación de los registros.
Sin embargo, es improbable que se realicen nuevos movimientos por el momento, ya que los funcionarios del banco central dijeron recientemente que no se necesita una regulación para el uso de criptomonedas como medio de pago.
Argentina
A pesar de un ecosistema de bitcoin fuerte, Argentina aún no ha elaborado las leyes sobre la criptomoneda, aunque el banco central ha emitido advertencias oficiales sobre los riesgos que se involucran.
Bangladesh
En 2015, Bangladesh declaró expresamente que usar criptomonedas era una "ofensa punible".
Bolivia
En 2014, el banco central de Bolivia prohibió oficialmente el uso de cualquier moneda o token no emitido por el gobierno.
Canadá
Canadá fue uno de los primeros países en elaborar lo que podría considerarse una "legislación bitcoin", con la aprobación del proyecto de ley C-31 en 2014, que denominaba a las "empresas de moneda virtual" como "empresas de servicios monetarios", obligándolas a cumplir con lo requisitos de antilavado de dinero y de know your client [conozca a su cliente].
El gobierno especificó que bitcoin no es de curso legal, y la autoridad tributaria del país ha considerado las transacciones de bitcoin tributables según el tipo de actividad.
China
Aunque China no ha prohibido bitcoin (e insiste en que no tiene planes de hacerlo), ha tomado medidas enérgicas contra los operadores de intercambio de bitcoin: los principales operadores de intercambio de bitcoin en el país, incluidos OKCoin, Huobi, BTC China y ViaBTC, suspendieron las carteras de negociación de los activos digitales con el yuan en 2017.
También, parece estar retirando el trato preferencial (deducciones de impuestos y electricidad barata) para los mineros bitcoin.
Ecuador
En 2014, la Asamblea Nacional de Ecuador prohibió bitcoin y las monedas digitales descentralizadas mientras establecía las pautas para la creación de una nueva moneda estatal.
Egipto
En enero de 2018, el gran muftí de Egipto declaró que el comercio de criptomonedas estaba prohibido por la ley religiosa islámica debido al riesgo asociado a esa actividad. Si bien esto no es legalmente vinculante, sí cuenta como una opinión legal de alto nivel.
Europa
La Unión Europea está adoptando un enfoque cauteloso con respecto a la regulación de criptomonedas, con varias iniciativas en curso para involucrar a los participantes del sector en la redacción de leyes a favor de las criptomonedas. El enfoque parece estar en el aprendizaje sobre las criptomonedas antes de su regulación, mientras que se impulsa la innovación y se toman en cuenta las necesidades del ecosistema.
El Banco Central Europeo (BCE), sin embargo, está presionando para un control más estricto sobre los movimientos de las monedas digitales para detener el lavado de dinero, mientras que reconoce las complejidades jurisdiccionales en la regulación de un activo sin límites. A fines de 2017, un funcionario del BCE declaró que la institución no veía a bitcoin como una amenaza, y el presidente Mario Draghi confirmó recientemente que, a los ojos del BCE, bitcoin no era "suficientemente madura" para la regulación.
En abril de 2018, los miembros del Parlamento votaron por amplia mayoría a favor de un acuerdo de diciembre de 2017 con el Consejo Europeo sobre medidas destinadas, en parte, a prevenir el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
G20
El G20, compuesto por las 20 economías más grandes del mundo, recientemente centró su atención en las criptomonedas en general, y se comprometió a redactar, para julio de 2018, recomendaciones sobre los primeros pasos hacia la regulación.
India
El banco central indio emitió un par de advertencias oficiales sobre bitcoin y, a fines de 2017, el Ministro de Finanzas del país aclaró en una entrevista que bitcoin no es de curso legal. El gobierno todavía no tiene ninguna reglamentación que abarque las criptomonedas, aunque busca recomendaciones.
Japón
Japón fue el primer país en declarar que bitcoin es "de curso legal" al aprobar una ley a principios de 2017 que también sometió a los operadores de intercambio bitcoin bajo las regulaciones antilavado de dinero y de know-your-customer (aunque las solicitudes de licencia se suspendieron temporalmente mientras los reguladores intentan resolver un hack en el operador de intercambio Coincheck a principios de 2018).
Recientemente, la Agencia de Servicios Financieros ha estado tomando medidas enérgicas contra los operadores de intercambio, suspendiendo dos y ordenando medidas de seguridad mejoradas en otros cinco. También, ha establecido un grupo de estudio de la industria de intercambio de las criptomonedas que tiene como objetivo examinar cuestiones institucionales relacionadas con bitcoin y otros activos.
Kirguistán
El banco central de Kirguistán declaró en 2014 que usar criptomonedas para transacciones era ilegal.
Malasia
La Comisión de Valores de Malasia está trabajando junto con el banco central del país en un marco de regulación de las criptomonedas.
México
En 2014, el banco central de México emitió una declaración que impedía a los bancos operar en monedas virtuales. Al año siguiente, el Ministerio de Finanzas aclaró que, aunque bitcoin no era una "moneda de curso legal", podía utilizarse como medio de pago y, por lo tanto, estaba sujeta a las mismas restricciones contra el lavado de dinero que el dinero en efectivo y los metales preciosos.
A fines de 2017, la legislatura nacional de México aprobó un proyecto de ley por el que los operadores de intercambio locales de bitcoin estarán bajo la supervisión del banco central.
Marruecos
A fines de 2017, la autoridad de regular el intercambio de divisas en Marruecos declaró que el uso de las criptomonedas dentro del país era contrario a las normas cambiarias y sería pasible de sanciones.
Namibia
Namibia es uno de los pocos países que declaró expresamente que las compras con bitcoin son "ilegales".
Nigeria
Mientras que los bancos nigerianos tienen prohibido utilizar monedas virtuales, el banco central está trabajando en un libro blanco que redactará su postura oficial sobre el uso de criptomonedas como método de pago.
Pakistán
En abril de 2018, el banco central de Pakistán emitió un comunicado prohibiendo a las empresas financieras del país trabajar con empresas de criptomonedas.
Rusia
A mediados de 2018, se espera el proyecto de ley de criptomonedas del regulador financiero de la Duma. Se enfoca en proteger a los ciudadanos de estafas y en permitir a las personas y empresas trabajar legalmente con criptomonedas.
Los esfuerzos de la Duma se vieron respaldados por un mandato de Putin, de octubre de 2017, en el que instaba al desarrollo de un "espacio de pago único" dentro de la Unión Económica Euroasiática (una alianza de países que incluye a Armenia, Bielorrusia y otros), al control de las ventas de tokens y a la concesión de licencias para las operaciones de minería bitcoin.
Singapur
Se cree que la autoridad monetaria de Singapur evalúa si son necesarias nuevas normas para proteger a los inversores de criptomonedas. Aunque es poco probable que se prohíba el comercio de criptomonedas, se evalúa imponer normas contra el lavado y la financiación del terrorismo a los operadores de intercambio.
El banco central también está trabajando en un marco regulatorio para los pagos con bitcoin, y emitió advertencias sobre invertir en bitcoin.
Sudáfrica
En 2017, el Banco de la Reserva de Sudáfrica implementó un "enfoque de sandbox", al poner a prueba el proyecto de regulación de bitcoin y criptomonedas en algunas startups seleccionadas.
Corea del Sur
A principios de 2018, Corea del Sur prohibió las cuentas anónimas de moneda virtual. Para contener la especulación de las criptomonedas, las autoridades trabajan en controlar más a los operadores de intercambio (podría incluir un esquema de licencias). La autoridad del Servicio de Supervisión Financiera declaró que el gobierno respaldará el intercambio "normal" de criptomonedas.
En un cambio interesante en la estrategia, un informe reciente en la prensa surcoreana indicó que las autoridades financieras del país están en conversaciones con organismos similares en Japón y China sobre la supervisión conjunta de la inversión en criptomonedas.
En abril de 2018, la Comisión de Comercio Justo ordenó a 12 de las casas de intercambio de criptomonedas del país que revisaran sus acuerdos de usuario.
Tailandia
Tras declarar, supuestamente, ilegal a bitcoin, el Banco de Tailandia emitió, en 2014, una declaración donde se retractó de ello. Aclaró que no es una moneda de curso legal (no es ilegal técnicamente), y advirtió sobre sus riesgos.
En marzo de 2018, el poder ejecutivo aprobó, de manera provisoria, dos proyectos de decreto real, que establecen normas formales para proteger a los inversores de criptomonedas (y también establecen los requisitos de KYC) y fijan un impuesto sobre sus ganancias. El gabinete debe aprobar los proyectos.
Estados Unidos
Los Estados Unidos tienen un sistema regulatorio dividido, con legisladores a nivel estatal y federal responsables en jurisdicciones superpuestas y con una compleja separación de poderes.
Algunos estados están más avanzados que otros en el control de las criptomonedas. Por ejemplo, Nueva York dio a conocer la controvertida BitLicense en 2015, que otorga a las empresas de bitcoin el visto bueno oficial para operar en el estado (muchas startups se marcharon del estado en vez de cumplir con los costosos requisitos). A mediados de 2017, Washington aprobó un proyecto de ley que aplicaba las leyes de transacciones monetarias a los operadores de intercambio de bitcoin.
New Hampshire exige que los vendedores de bitcoin obtengan una licencia para transmitir dinero y registren bonos de U$D 100.000. En Texas, la comisión de valores del estado está supervisando (y, en ocasiones, cerrando) las oportunidades de negocio de inversión relacionadas con bitcoin. California está en el limbo en cuanto a la regulación de bitcoin después de congelar el avance del proyecto de Ley 1326 que fue criticado por tener definiciones muy amplias. El proyecto fue visto como menos opresivo que BitLicense de Nueva York.
A nivel federal, el enfoque de la Comisión de Bolsa y Valores ha estado en el uso de los activos de blockchain como valores, por ejemplo, si ciertos fondos de inversión de bitcoin deberían venderse al público o no, y si una determinada oferta es fraudulenta o no.
La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) tiene un mayor impacto potencial en la regulación de bitcoin ya que denominó a la criptomoneda un "bien". Si bien aún tiene que elaborar una reglamentación integral de bitcoin, sus esfuerzos se centran en controlar el incipiente mercado. También, presentó cargos contra varios planes relacionados con bitcoin, lo que enfatiza su intención de ejercer la jurisdicción sobre las criptomonedas siempre que sospeche que puede haber fraude.
La Uniform Law Commission, una asociación sin fines de lucro que busca aportar claridad y cohesión a la legislación estatal, elaboró la Uniform Regulation of Virtual Currency Business Act [Ley de regulación uniforme de empresas de monedas virtuales] Varios estados están contemplando presentarla en las próximas sesiones legislativas. El objetivo de la ley es detallar qué actividades de moneda virtual son operadores de transmisión de dinero y qué tipo de licencia requerirían. Los críticos temen que se parezca demasiado a la BitLicense de Nueva York.
Reino Unido
La Britain's Financial Conduct Authority (FCA) [Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña] considera bitcoin como un "bien" y, por lo tanto, tiene la intención de regularlo. Sin embargo, ha insinuado que intervendrá para supervisar las derivaciones que se relacionan con bitcoin. La falta de protección para el consumidor ha estado detrás de las recientes advertencias de la FCA sobre los riesgos inherentes a las criptomonedas.
Ucrania
El gobierno de Ucrania ha creado un grupo de trabajo compuesto por reguladores de varias ramas para redactar propuestas de regulación de las criptomonedas que incluía determinar qué organismos controlarán y tendrán acceso a la información. Además, un proyecto de ley, que ya se había presentado en la legislatura, pondría a los operadores de intercambio de criptomonedas bajo la jurisdicción del banco central.
Zimbabue
A fines de 2017, un alto funcionario del banco central de Zimbabue declaró que bitcoin no era "realmente legal". Si bien todavía no está claro el grado en que puede y no puede utilizarse, el banco central lleva a cabo una investigación para determinar los riesgos de la criptomoneda.