La UTA declaró el estado de alerta porque en los colectivos no pueden cumplir con el tope de 10 pasajeros a pie

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretó el “estado de alerta” para que se aumente la frecuencia de los servicios de colectivos de corta y media distancia, y anticipó medidas de acción gremial en caso de que no haya una respuesta inmediata de parte de las autoridades nacionales y de las empresas. Según la dirigencia sindical, con el incremento progresivo de la demanda de los usuarios resulta “imposible” cumplir con el protocolo COVID-19 que establece como límite máximo de diez pasajeros a pie en hora pico.

El sindicato que encabeza Roberto Fernández informó que se detectaron “inconvenientes” en los últimos días entre los choferes y los pasajeros, a raíz del requisito que exige un aforo máximo en las unidades como método para mantener la distancia social en el transporte interurbano. Ese tope fue establecido el 12 de noviembre pasado en la Resolución N° 259 del ministerio de Transporte de la Nación, donde se establece que “con carácter excepcional” se amplió la capacidad del servicio a diez pasajeros a pie, en caso que todos los asientos estén ocupados durante los horarios de mayor demanda de usuarios.

“En este contexto de pandemia los trabajadores entendemos la necesidad de mantener el distanciamiento social, y de la misma manera comprendemos el requerimiento de la comunidad de poder acceder al transporte público”, señalaron desde la UTA a través de un comunicado oficial. Acto seguido, resaltaron que dada la actual dotación de la flota de colectivos en la calle y el nivel de circulación de las personas, la disposición resuelta por el Gobierno “se vuelve imposible de cumplir si es que no se aumentan en forma urgente las frecuencias de los servicios”, argumentaron.

La comunicación gremial coincide con el fin de la temporada de vacaciones y el reciente regreso a las clases presenciales, donde millones de niños y adolescentes volvieron a las aulas en todo el país este 1 de marzo para reiniciar el ciclo lectivo. Según la dirigencia sindical, el panorama emerge complejo sobre todo en las provincias del interior, donde en la hora pico el protocolo sanitario se vuelve inviable por el recorte en las frecuencias. Es que cada distrito establece, según sus propios criterios y necesidades, el funcionamiento de su transporte.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Gobierno nacional fiscaliza de manera directa el servicio público interurbano, la demanda está subiendo de manera sostenida. Desde el 17 de febrero se movilizaron 500 mil personas más, casi 2 millones de pasajeros. Se trata de un incremento del 35 por ciento en la circulación.

Sin embargo, todavía se está lejos de alcanzar los registros de uso de la pre pandemia. El martes, la circulación de pasajeros alcanzó un uso del 54% del sistema, con 2.232.663 personas que utilizaron el servicio. La medición diaria se realiza a través de los consumos de la Tarjeta SUBE, con la intención de planificar y evitar aglomeraciones que puedan fomentar la propagación del coronavirus.

Fuentes del Ministerio de Transporte indicaron a Infobae que en el AMBA se instruyó a las empresas para que se establezca un refuerzo en la dotación de los colectivos. A las 9 de la mañana de este miércoles, se alcanzó un total de 12.654 unidades en circulación, la cifra más alta de la pandemia, lo que significa un aumento de 2011 unidades. En proporción es un 19% más de colectivos que el promedio de unidades la semana pasada.

“En línea con la decisión de nuestro gobierno nacional y del ministro Mario Meoni seguimos trabajando fuertemente en lo que es el transporte público en el inicio de clases presenciales y le hemos exigido y le hemos pedido el compromiso a las empresas de que presten el 100% de su servicio”, sostuvo el subsecretario de Transporte Automotor, Marcos Farina.

En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) profundizó esta semana los controles en las paradas, terminales y estaciones como parte del Operativo Vuelta a Clases. Los agentes del organismo fiscalizaron 7.069 vehículos urbanos de pasajeros y labraron 1.703 actas por incumplimiento de los protocolos preventivos contra el COVID-19, donde las principales infracciones fueron la deficiente separación física del conductor, el circular con ventanillas cerradas y, precisamente, el exceso en la cantidad máxima de pasajeros permitida.

En la UTA deslizaron que la situación entre los conductores y los pasajeros aparece cada vez más tensa, a raíz de los previsibles cruces que implica restringir el uso del transporte. La circunstancia de la vuelta a clases también es un condimento adicional en el AMBA, ya que se habilitó a que la comunidad educativa tenga prioridad en el uso del transporte en los horarios entre las 7,15 y 9 de la mañana, y las 12 y 13 de la tarde. Oficialmente todavía rige la reserva del transporte público para quienes cumplen tareas esenciales o personas que deben utilizarlo por circunstancias especiales o razones de fuerza mayor.

“Les pedimos a todos los ciudadanos que comprendan las dificultades que tienen los trabajadores del transporte para poder cumplir con la norma de distanciamiento, y los invitamos a sumarse a nuestro reclamo de mayor frecuencia en los servicios”, alentaron desde el sindicato. Y concluyeron con una advertencia a las autoridades: “Anticipamos que para el caso de que no se plantee una respuesta urgente a esta situación, tomaremos medidas de acción gremial”.

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