¿Qué tienen en común un adulto mayor que vive en un geriátrico, un preso y un paciente de una institución psiquiátrica? La pandemia los emparenta: están privados de su libertad -voluntariamente o no-, generalmente habitan en lugares con malas condiciones de higiene y no tienen visitas: el único contacto con el exterior que tienen involucra el personal que lo asiste. En estas instituciones, la cuarentena prácticamente se mantuvo en fase 1.
Un reciente informe hecha luz sobre el grado de avance de la pandemia en este tipo de establecimiento. Según el Comité Nacional de la Prevención de la Tortura (CNPT), se registraron 1.755 casos de coronavirus en personas que se alojaron en lugares de encierro: 885 en geriátricos; 451 en cárceles; 209 en comisarías; 87 en instituciones de salud mental y 123 casos en centros de menores. Al igual a lo que ocurre en el resto del país, los contagios crecieron sensiblemente en el último mes y saltó de 314 casos a 660, según el último reporte del organismo con fecha del pasado 23 de agosto.
Por condiciones de aislamiento, la propagación de la pandemia fue limitada, pero tuvo efectos letales. De los 885 hisopados detectados en geriátricos, unas 185 personas murieron. Es decir, uno de cada cinco adultos mayores pierden la vida a causa de la pandemia, lo que da cuenta la peligrosidad del virus entre los adultos mayores. Los factores de riesgo de las personas ancianas son un factor influyente en el riesgo de vida, y el encierro lo agrava.
A 160 días de aislamiento, la tasa de contagio en las cárceles fue sensiblemente inferior a la de la población en general, lo que indicaría que el aislamiento y las medidas de prevención estarían frenando el ingreso del virus en los pabellones. En total, hubo 20 muertos en los penales y 3 fallecidos en dependencias policiales bonaerenses. Pero cuando la COVID-19 logra penetrar, los resultados pueden ser peores a lo que ocurre “extra muros”, según el análisis del Comité de Prevención de la Tortura.
Tomando el último censo de 2018, las estadísticas penales indicaban que había 94.883 personas privadas de su libertad en los penales federales y provinciales. Un número que probablemente sea algo menor, a raíz de las medidas judiciales con excarcelaciones que se tomaron desde el comienzo de la cuarentena.
Con esa base, el CNPT hizo una estimación sobre ese censo: la tasa de fallecimientos es de 21,8 cada 100 mil habitantes, contra una tasa de 15,6 registrada en la población en general. La letalidad también expone otra característica: alcanza el 4,4% entre los internos, el doble del 2,1% según el relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde marzo, en los pabellones emergieron duros conflictos que incluyeron desde muertes de internos y heridos en el personal penitenciario. Numerosas cárceles a lo largo y ancho del país se amotinaron en reclamo de mayores medidas preventivas contra la pandemia y beneficios, entre ellos, las medidas de excarcelación de presos. El caso emblemático se produjo en el penal federal de Devoto, donde la rebelión involucró una negociación directa con el Gobierno.
El informe del CNPT da cuenta de las 46 protestas de internos que se detectaron en todo el país desde que se declaró la cuarentena. Hasta el 23 de agosto, hubo reclamos en la la provincia de Buenos Aires (11); en Mendoza (6); en Río Negro y Santa Fe (4); Córdoba, Corrientes y Entre Ríos (3) y Jujuy y Neuquén (2). Los distritos que tuvieron al menos una protesta fueron Chaco, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de esos levantamientos, en la CNPT evaluaron positivamente la gestión carcelaria, a pesar del “hacinamiento brutal” y de que el encierro “empeora las condiciones de salud”. Uno de los casos cercanos que sirven como espejo es Brasil, la tercera población carcelaria más importante del mundo, donde al menos se detectaron 17.300 contagios (2,3% del total) y un tercio de ellos murieron a raíz de la enfermedad.
“Comparado con la región, las medidas para las personas privadas de su libertad y para la población en general vienen siendo muy buenas. El temor al impacto del COVID en el sistema carcelario fue muy importante desde el principio”, sostuvo Diana Conti a Infobae, comisionada del organismo encargado de monitorear el estado de las personas en situación de encierro.
Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires tuvo el mayor número de contagios en el interior de las prisiones. En las cárceles provinciales, hubo 130 casos positivos, mientras que en las federales se alcanzó a 193. La Ciudad de Buenos Aires (43), Neuquén (33), Chubut (10), Río Negro (5), Salta (2) fueron algunos de los otros distritos que presentaron algún tipo de transmisión de la enfermedad en los pabellones bajo órbita nacional, mientras que Corrientes (27) y Jujuy (8) también tuvieron focos en las unidades penitenciarias locales.
No es casual que el mayor nivel de contagiosidad haya sido en las prisiones que dependen del gobernador Axel Kicillof, donde el sistema penal bonaerense arrastra un déficit estructural histórico. En mayo pasado, el mandatario adaptó 1.350 nuevas plazas de aislamiento en las cárceles, que se anunció en medio de la controversia con la Justicia por la liberación de los presos.
Fuentes oficiales del ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Alak, consideraron en diálogo con Infobae que el sistema preventivo en las cárceles fue “eficiente para mitigar los riesgos y minimizar el impacto de la COVID-19”, junto a “la decisión temprana de aplicar un estricto protocolo que incluye la suspensión de visitas a través de un consenso con mesas de diálogos, de defensores, personal judicial y docentes”. Y advirtieron que se mantuvo un estricto control en el uso obligatorio de barbijos, lavados de manos y alcohol en gel para internos y personal penitenciario, junto a la sanitización de las encomiendas y el abastecimiento.
Para Diana Conti, la escasa propagación de la enfermedad en los penales se debió a que “hubo una colaboración muy fuerte” de parte de los presos que “accedieron a comunicarse con sus familiares por celular o videollamada, restringiendo las visitas, a generar lugares de aislamiento dentro de cada cárcel y aislarse en los casos de una salida extramuros”.
“Si bien hay una tasa de letalidad por COVID en las cárceles que duplica a la tasa de letalidad de quienes estamos fuera de las cárceles, los resultados son alentadores y dan cuenta de una buena gestión de la pandemia dentro de estos lugares de encierro”, concluyó la comisionada del CNPT.
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