Los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado en el interior del país, en reclamo de salarios adeudados, aportes a las obras sociales y aguinaldo impago en varias provincias.
La convocatoria fue oficializada a última hora del miércoles, luego de que el sindicato reuniera al Consejo Directivo y las juntas ejecutivas regionales. La decisión tomó forma cuando las concesionarias de transporte urbano de pasajeros anunciaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación que los salarios y el medio aguinaldo serían afrontados en cuotas, en la medida que vayan generando ingresos en medio de la crisis provocada por la pandemia.
La huelga asumirá la forma de “retención de tareas” por tiempo indeterminado y alcanza a provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Jujuy, y ciudades populosas entre las que figuran Rosario, Mar del Plata y Tucumán. Son excepciones la la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, donde el paro no se realiza.
Con un comunicado que pone fin a la paz social que se firmó con un acuerdo en junio, la UTA denunció “la apacibilidad” de los gobiernos locales y las “serias dificultades en el pago de salarios como consecuencia del tratamiento diferenciado e inequitativo” en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el gremio, después de más de 100 días de cuarentena, el sector de transporte urbano del interior del país está “estancado” en “una situación tan crítica como anárquica”. Los choferes denuncian que las empresas y provincias “no han cumplido con la incidencia del incremento salarial acordado sobre el SAC devengado”, se mantienen deudas con respecto al “incremento solidario” definido por el Gobierno a comienzos de año y entre otros componentes convencionales y salariales impagos.
“A ello sumamos ahora la falta total de percepción del sueldo anual complementario, lo que resulta la contracara de la realidad acaecida en el AMBA, con subsidios, y por ende salarios mensuales y aguinaldo percibidos en término”, denunció la UTA a través de un comunicado.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) también emitió un comunicado donde reconoció el deterioro económico de la actividad, que “está en emergencia ante la pérdida de $18.000.000.000 de ingresos, lo que importa poner en grave riesgo la continuidad de casi 40.000 puestos de trabajo y numerosas empresas de capital nacional”.
La cámara empresaria reconoció la “inequidad” en el país e indicó que la pérdida de recaudaciones “sin precedentes nos encuentra también en la peor participación histórica en los subsidios nacionales” entre el interior y el AMBA, lo que impide acceder a las mismas condiciones salariales.
“Los nuevos aportes realizados a ese sector que ubica al interior en tan solo un 17% de la coparticipación nacional, al compensarse a la misma actividad en el AMBA en la suma de $9.300 millones, manteniendo para el Interior desde enero de 2020 aportes nacionales de $1.700 millones mensuales, excluyendo de esta forma a la mitad de los trabajadores del país que trabajan en el interior”, concluyó la Fatap.
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