El Gobierno advirtió que habrá un pico de delitos contra la propiedad cuando termine la cuarentena

“El día que salgamos de la cuarentena vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad” como consecuencia de la recesión económica y el impacto en la situación social que traerá aparejada la pandemia, anticipó la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori,

Tras ser designada al frente de las cárceles federales por el presidente Alberto Fernández, la funcionaria reconoció además que “bajó muchísimo” la población penitenciaria durante la pandemia en virtud de los arrestos domiciliarios concedidos y una disminución del nivel de delitos.

“Esto desinfló un poco la olla a prisión”, graficó sobre las condiciones de detención y el hacinamiento del servicio penitenciario. Pero adelantó que se va a revertir el grado de ocupación de los penales cuando concluya el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el avance del coronavirus.

“Ayer hablábamos con la ministra (de Seguridad, Sabina Frederic). El día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que vamos a estamos padeciendo y en el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad. Todas las crisis económicas han producido eso y esto va a revertir la situación de acomodamiento” en las cárceles, advirtió la titular del SPF en diálogo con el programa "Habrá Consecuencias” por El Destape Radio.

Según reveló Infobae, las causas por delitos en la Provincia de Buenos Aires cayeron un 60% durante la cuarentena. Desde el 12 al 19 de marzo, 18186 causas fueron iniciadas, mientras que una semana apenas se presentaron unas 7172, de acuerdo a los datos de la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand. El registro que no tiene precedentes.

Con ese cuadro, la nueva interventora anticipó que su objetivo será “traer el servicio penitenciario al Siglo XXI para cumplir con la manda constitucional”. “Es curioso, no hay otras reparticiones del Estado que tengan una dedicatoria en la parte dogmática de la Constitución. Lo que claramente dice la Constitución es que las cárceles no son para castigo”, planteó su enfoque la fundadora de la agrupación Justicia Legítima.

En esa clave, Garrigós de Rébori dijo que uno de los ejes de su tarea es “trabajar con los patronatos de liberados que reúnen la mayor cantidad de internos" y que están repartidos en instituciones porteñas, bonaerenses y nacionales. “Ellos son los encargados de completar el tránsito desde el encierro a la libertad, para que la persona salga tenga redes de contención que le permitan afrontar otra vida, y no la vida que le determinó el encierro", puntualizó.

Acerca de la situación del sistema penitenciario federal en la pandemia, la funcionaria designada precisó que “por el momento no hay un brote dentro de las unidades" y negó que se haya producido una “liberación masiva de presos".

“No pasó, no hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles”, agregó Garrigós de Rébori. “La gente le tiene miedo a los presos, dejan de ver que son personas. Los presos son parte de nosotros mismos, cualquiera podría estar en esa situación", completó.

Sobre las condiciones de detención en cuarentena, la interventora resaltó que “la cantidad de presos no depende del Servicio Penitenciario Federal”, sino de las decisiones del Poder Judicial ya que “no podemos controlar el ingreso ni el egreso” de los internos. Y afirmó que se están construyendo “cubículos aislados” para preservar la salud de los detenidos y siguiendo los protocolos sanitarios. “Se está evitando el ingreso de internos a las unidades más densamente pobladas”, sostuvo.

Los antecedentes de la interventora

Garrigós de Rébori se jubiló en 2018 como jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires pero años antes ya había levantado el perfil mediático, al convertirse en la presidenta de la agrupación Justicia Legítima.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la ex magistrada defendió las reformas judiciales del kirchnerismo en reiteradas oportunidades y, en esas polémicas, llegó a cuestionar la permanencia del juez Carlos Fayt en su cargo, cuando tenía 97 años.

La nueva interventora ostenta una carrera de 40 años ejerciendo el derecho penal en distintas funciones en el Poder Judicial, en la docencia universitaria y en las asociaciones de abogados.

Siendo una de las pocas mujeres que ocupaban relevantes en el sistema judicial, en 1993 participó de la fundación de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, cuya primera presidenta fue la fallecida ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay junto a una de sus principales promotoras, Elena Highton de Nolasco.

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