Unas 40 agrupaciones de profesionales de la salud llevaron a cabo una “caravana nacional” unificada bajo el hashtag #ahorasomosuno. Ocurrió hoy, pasadas las 17.30, en distintas localidades del país. Muchas de ellas se mezclaron con otras marchas que con distintas motivaciones -entre ellas protestar contra la cuarentena- tuvieron lugar al mismo tiempo.
En un comunicado, expresaron lo siguiente: “Hoy, quienes conformamos el personal de salud de todo el territorio nacional, hemos decidido marchar unidos, para hacer visible ante el conjunto de la sociedad lo que durante tantos años perversamente se silenció”.
“Debe saberse que hoy el personal de salud argentino es perseguido, bajo amenaza de perder el trabajo, mediante aprietes de toda naturaleza, agravados por el abuso que ya de por sí implican los regímenes de precarización laboral, fomentados y concretados por los administradores de salud, tanto estatales como privados”, agregaron.
Y continuaron: “Debe saberse que hoy la salud está tomada por el poder político, quien sistemática e históricamente la abandonó a su suerte, sin importarle la calidad asistencial ni el bienestar de quienes la dispensamos dejando nuestra vida en la tarea. Y la privada, por inescrupulosos empresarios que emplean por poco dinero y abonando a largos plazos”.
“Hacemos notar y denunciamos que hoy, al personal de salud, quieren posicionarnos en el ojo de esta tormenta, desencadenada por la pandemia de COVID-19, pretendiendo hacernos responsables de la ineficiencia de un sistema sanitario viciado y expoliado. Un sistema debilitado, que no posee protocolos de actuación eficientes ni acordes a la realidad de salud local. Un sistema sostenido por colegas que, en su gran mayoría, no cuentan con el material de protección adecuado y en cantidad suficiente”, agregaron.
Y completaron: “Hoy médicos, enfermeros, técnicos y profesionales de especialidades conexas, marchamos porque somos valientes, mucho más valientes que la justicia local, que históricamente hizo la vista gorda a estos abusos, pero que hoy, a través de la comodidad de sus livings familiares, se escandaliza abriendo causas penales contra los profesionales que se contagian en cumplimiento del deber. Justicia que no es tal, porque durante décadas inobservó la mala praxis de los administradores de salud, que llevaron a este estado de abandono al sistema sanitario, incapaz de brindar las mínimas condiciones de seguridad, tanto para pacientes como para el equipo de salud. Por todo esto hoy el personal de salud marcha, cansado de abusos y del avasallamiento de nuestros derechos más elementales”.
Los dos hechos que originaron la protesta fueron el de una reumatóloga sanjuanina de 42 años que se convirtió en el cuarto caso en esa provincia tras contagiarse al asistir a su hermano -un camionero enfermo de Covid-19 en Capital Federal, desde donde lo trasladaron a esa provincia en un avión sanitario- en la terapia intensiva del hospital Guillermo Rawson. La profesional fue denunciada por el propio gobierno que encabeza Sergio Uñac por “atentar contra la salud pública y accionar negligentemente”. “El esfuerzo que ha hecho un ejército de gente, en una primera línea de batalla por médicos y enfermeros, también en la policía, en el Ministerio de Desarrollo Humano que han repartido ayuda alimenticia, esa actitud y la de casi 800 mil sanjuaninos no se puede ver empañada por una persona que vulneró los protocolos y evidentemente que molesta”, dijo el gobernador. La médica, los jefes de Terapia Intensiva de Adultos y del área de Infectología del establecimiento fueron separados de sus cargos.
Según la acusación, luego de ver a su hermano y llevarlo al baño, siguió con su vida normal, atendió a otros enfermos y visitó a sus padres el fin de semana, sin observar la cuarentena. En el acta elaborada por el personal encargado de aquel día consta que “se le advirtió a la profesional la gravedad de la situación”.
Su caso podría haber sido penado con una multa de entre 5 mil y 100 mil pesos, pero se agravó ya que un médico que debía declarar y habría tenido contacto con ella fue notificado como el quinto positivo por Covid-19 de San Juan. Eso la ubicaría en la figura más grave que contempla el artículo 203 del Código Penal: “Actitud Imprudente, negligente o la inobservancia de los deberes a su cargo”. En caso de ser hallada culpable, se le podría aplicar una pena de entre 6 meses a cinco años de prisión
En la provincia de Córdoba, por su parte, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) acusó a dos médicos (Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro) de ser los responsables de la propagación del coronavirus en un geriátrico de Saldán. En dicha institución hubo 56 casos positivos y 11 muertes. En el caso de Figueroa le podrían aplicar los artículos 45 y 202 del Código Penal, que habla de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Y a Lázaro, por “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”
A Figueroa lo acusa de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, de acuerdo con los artículos 45 y 202 del Código Penal. Mientras que a Lázaro se lo imputa por “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
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