Un grupo de abogados debatió este jueves por la tarde sobre las libertas individuales y las restricciones que están impuestas por la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, sobre todo la cuarentena social. También se analizó la situación del acceso a la información.
“Libertad de Expresión y Derecho de Reunión en tiempos de cuarentena” fue el nombre de la conferencia que organizó Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presidente es Máximo Fonrouge, a través de la plataforma digital Zoom.
Los expositores fueron María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; Martín Farrell, ex juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal; e Ignacio Boulin Victoria, máster en Derecho Administrativo y docente.
Los abogados coincidieron en un primer punto: la situación que se vive es inédita y la emergencia es incuestionable en la que la salud es la prioridad. “Pero aunque es extraordinaria, gravísima y hasta causa temor, las medidas no pueden desgastar la Constitucional Nacional”, sostuvo Gelli, para quién las restricciones individuales que se impusieron “son mayores a las que atravesamos en la crisis de 2001”.
La letrada repasó los decretos del Poder Ejecutivo de la Nación sobre el aislamiento obligatorio, las salidas recreativas que se delegaron en las provincias y otros puntos de las decisiones que se tomaron. “La emergencia es grave, hay que tomar medidas para preservar la salud pero esto debiera generar la posibilidad de analizar hasta dónde se llega y con qué limitaciones se aplica. El poder de policía de salubridad es una atribución entre Estado nacional y los locales", expresó.
Pero en esa línea destacó que las medidas deben ser controladas. “El control debe emanar del Congreso y del Poder Judicial. Y en eso que el Poder Judicial no sea considerado un servicio esencial concita una gran inquietud”.
“Hemos naturalizado que se pueden restringir derechos por decreto de necesidad y urgencia. Pero las únicas normas que pueden restringir derechos son las que emanan de los órganos legislativos”, sostuvo en tanto Boulin, que dijo que las “las restricciones al derecho de reunión son amplísimas”. “Los decretos de necesidad y urgencia no dicen ´no se va a poder realizar una manifestación´, sino que prohíbe todo”, agregó y sostuvo que no hay decisiones judiciales que cuestiones esas medidas.
Boulin puso como ejemplo la manifestación que el Polo Obrero hizo a principio de mes en la ciudad de Buenos Aires. “La policía y la justicia no actuaron. Las autoridades administrativas están siendo permisivas en el cumplimiento. Lo que en principio me parece bien porque la norma si se la analiza no está lo suficientemente ajustada a la situación, no es precisa. Uno podría usas este argumento: si se permiten que los medios funciones, que determinadas industrias funciones, que Mirtha Legrand funcione, el decreto de reunión en una democracia también debe funcionar”, postuló Boulin
El abogado analizó otro aspecto y fue el acceso a la información pública. Dijo que hoy el Estado nacional la difunde parcialmente y que eso se puede mejorar con algunas medidas. Sostuvo que algunas de ellas son la presentación total en formato de datos abiertos y con la desagregación al máximo posible. “Cuando tenemos más información tomamos mejores decisiones o tenemos más elementos para cuestionar”, resumió sobre la importancia de tener datos.
“Antes de estar así hubiese prefiero que se dicte el estado de sitio”, dijo a su turno el ex juez Farrell sobre las limitaciones dictadas por decreto. Y explicó por qué su postura: “No es una conmoción interior pero se puede hacer esa interpretación. La ventaja de tener un estado de sitio es saber qué puede hacer y qué no puede hacer un Presidente. En cambio ahora no tenemos límites a los poderes presidenciales. Es una situación más incierta, compleja”.
Farrell dijo que asume la buena fe de los funcionarios a la hora de actuar pero destacó que la intervención del Poder Judicial hasta ahora para controlar las restricciones fueron pocas. Detalló que supo de tres decisiones, de la ciudad de Buenos Aires, de Chubut y de Formosa sobre medidas que limitaron movimiento de personas. Uno de esos fallos fue el que dictó la inconstitucionalidad de la medida del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que mayores de 70 años tuvieran que pedir permiso para salir de sus casas.
Farrell también destacó que ante la justicia “no hay muchos pedidos de los ciudadanos ni de la oposición”. “Creo que hemos llegado al pico de la pandemia excepcional porque el parlamento se ha vuelto a reunir después de muy pocas ganas de hacerlo”, concluyó.
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