Sin apoyo opositor, Rodríguez Larreta buscará aprobar la ley de emergencia económica con una sesión mixta

La Ciudad se encamina este jueves a aprobar su propia ley de Emergencia Económica, que lo autoriza a modificar partidas presupuestarias para atender la crisis social y sanitaria generada por el coronavirus. En una sesión inédita y mixta, donde habrá legisladores que participarán de manera virtual, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuenta con la mayoría de los votos para sancionar una versión “moderada” del proyecto, que tuvo importantes cambios desde su presentación a partir de las críticas de aliados y opositores.

El oficialismo nucleado en el bloque “Vamos Juntos” llegará al Salón Dorado después de una intensa discusión sobre los artículos de la normativa. La iniciativa original fue duramente cuestionada por el Frente de Todos y la izquierda, pero que también conllevó el desacuerdo de legisladores aliados de la UCR y de sectores “dialoguistas” con la gestión porteña, como el GEN de Margarita Stolbizer y Consenso Federal, que encabeza Marco Lavagna.

Ese texto inicial incluía desde la eliminación de los controles parlamentarios de los gastos realizados por la pandemia, hasta la facultad de pagar en cuotas los salarios de los empleados porteños, uno de los puntos más polémicos que generó el rechazo de los sindicatos porteños. Sin embargo, tras dos semanas de negociaciones con el radicalismo y la oposición, el gobierno porteño atendió varios de los reparos de las otras bancadas y eliminó el artículo 19 de escalonamiento de sueldos de los empleados de los tres poderes de la Ciudad, junto a las comunas y los organismos descentralizados.

De formalizarse la aprobación, la emergencia económica otorgará a Rodríguez Larreta, junto al Poder Judicial y Legislativo hasta el 31 de diciembre la suspensión del tope del 5% fijado por ley para reasignar los gastos corrientes del Presupuesto 2020. De esta manera, el Gobierno de la Ciudad tendrá la prerrogativa de reasignar partidas presupuestarias para reforzar las acciones de mitigación de la pandemia, suspender la aplicación de programas no esenciales en el marco de la crisis, impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y evitar la incorporación de personal, excepto que sea para la salud y cumplimiento de servicios esenciales.

En contraste, el poder de decreto tendrá algunas limitaciones y controles. Prohíbe suspender o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas en las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano. Además, se creará una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria para monitorear las medidas que ese tomen para afrontar la pandemia y, como medida de control, el Gobierno porteño estará obligado a comunicar, cada treinta días, las reestructuraciones presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Otro de los puntos definidos fue modificar los fondos que recibirá el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), una de las dependencias encargadas de resolver el déficit habitacional a través de la construcción de hogares. El organismo, que se financia con aportes de los juegos de azar, pasará a recibir un 35% de las utilidades recaudadas en el marco de la ley del juego, en vez del 75% fijado asignado actualmente. El restante de los recursos se girará al Ministerio de Desarrollo Social.

Ayer, el Frente de Todos realizó una reunión de bloque donde se ratificó el rechazo del proyecto de emergencia económica. Al oficialismo le llamaba la atención que se mantenga dicha postura, ya que las modificaciones del texto original atendían a parte de las demandas de la coalición opositora.

Ofelia Fernández, integrante del bloque opositor, afirmó que votará en contra de la iniciativa porque el IVC tendrá menos recursos para afrontar la crisis. “En lugar de pensar en las necesidades de les que más están sufriendo, el proyecto del oficialismo reduce el presupuesto del IVC de $4000 a $2000 millones”, expresó. “Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad cambie las prioridades. El Estado tiene que estar garantizando, ahora más que nunca, los derechos básicos que los y las vecinas tienen y hace rato no se cumplen”.

En la vereda de enfrente, sí terminarán acompañando con su voto las bancadas del bloque UCR-Evolución y de los legisladores Sergio Abrevaya (GEN) y Eugenio Casielles (Consenso Federal), quienes habían manifestado su desacuerdo al dictamen de mayoría inicial presentado por la gestión de Rodríguez Larreta. Por lo tanto, se descuenta que el oficialismo superará por amplio margen los 31 votos necesarios para aprobar la emergencia.

La polémica generada por el proyecto original conllevó que distintos gremios de la Ciudad expresaran su rechazo a la ley, como Sindicato de Trabajadores del Estado (Sutecba), o los docentes de UTE, Ademys, la CTA y otras representaciones gremiales. El sector sindical y político identificado con el Frente de Izquierda se movilizará hoy ante las puertas de la Legislatura para protestar contra la emergencia y desafiar la cuarentena.

“Los recursos que necesita la Ciudad para atender la pandemia no pueden salir del bolsillo de los laburantes, por eso rechazamos este proyecto y presentamos otro para terminar con el pago de la deuda usuraria de la Ciudad y subir los impuestos a los bancos, las grandes industrias y los especuladores inmobiliarios que se benefician de la Ciudad y explotan a sus trabajadores”, señaló el legislador del PRO, Gabriel Solano.

Por su lado, la legisladora porteña de Autodeterminación y Libertad (AyL), Marta Martínez, adelantó su rechazo al anticipar que defenderán su proyecto de ley para gravar con un impuesto extraordinario del ABL sobre los inmuebles de personas jurídicas de altos ingresos de la Ciudad. “Si hay problemas de financiamiento, mientras Larreta propone que paguen los y las trabajadoras de la Ciudad, nosotros proponemos que paguen los que han especulado con la deuda, los que obtuvieron suculentas ganancias a pesar de que llevamos casi 10 años de estancamiento económico, y los que más tienen”, sostuvo la integrante de la agrupación del dirigente Luis Zamora.

En la presentación de la ley, el ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad Martín Mura expuso el impacto que tendrá la Ciudad por la caída de los ingresos a raíz del efecto recesivo del aislamiento social. Según informaron desde el gobierno porteño, la recaudación tuvo una fuerte caída en marzo y se desplomó en términos reales al 40% en abril. Mura estimó que la baja será de $80.000 millones durante el año.

“Tenemos que dar a la Ciudad las herramientas necesarias para enfrentar los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta crisis. Una ley que le permita al Poder Ejecutivo reasignar partidas presupuestarias para priorizar las áreas críticas y desplegar políticas que permitan a nuestros vecinos y vecinas superar este difícil momento lo más pronto posible", señaló el presidente de la bancada de Vamos Juntos, Agustín Forchieri.

La sesión legislativa está pautada para las 11 en el Salón Dorado. Se tratará de un trámite legislativo inédito, ya que en el recinto no es posible fisicamente respetar el distanciamiento social prevenir la propagación del coronavirus. La organización del acto informó que se mantendrán las ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire, y cada diputado tendrá su propio alcohol en gel y agua embotellada. Además, se tomará la temperatura antes de ingresar al Palacio Legislativo.

A su vez, los legisladores seguirán haciendo uso de la palabra desde un atril, que será desinfectado tras cada comentario. Mientras tanto, al menos tres legisladores (Maria Luisa Gonzalez Estevarena, Ofelia Fernández y Cristina García de Auerteneche) participarán de manera virtual por ser factores de riesgo al COVID-19 o encontrarse imposibilitados por distintas afecciones, según informaron fuentes de la Legislatura a este medio.

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