Mientras se profundiza la controversia y crecen las críticas hacia el fallo de la Cámara de Casación bonaerense que habilitó la salida de las cárceles de la provincia de Buenos Aires de 2.300 presos con el pretexto de la pandemia del coronavirus, la despoblación de la unidades penitenciarias sigue adelante.
De acuerdo a fuentes judiciales, Infobae pudo constatar que durante el período abarcado entre el martes 17 de marzo y el viernes 17 de abril, fueron concedidos 637 arrestos domiciliarios, de los cuales 439 se debieron a internos que lo solicitaron por la COVID-19. Eso supone, en la comparación con los registros del año pasado, un incremento total del beneficio de más del 2000 por ciento.
Con el correr de los días, el número estimado de excarcelaciones alcanzaron a 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por este medio. Eso sin contar los pedidos individuales que la Justicia todavía debe resolver y los arrestados en cárceles del SPF.
Uno de los que fueron enviados a sus casas a cumplir la pena con la excusa de la pandemia fue, por ejemplo, Pedro Olmos, de 68 años, condenado a 8 años de prisión por abusar de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto. Abandonó la alcaldía de Lomas de Zamora el 4 de abril para continuar bajo arresto domiciliario a 50 cuadras de donde abusó de la adolescente.
Otro, en este caso perteneciente al sistema penitenciario federal, fue Hugo Zuñiga Cervantes, quien se encontraba cumpliendo una condena de 2 año y 6 meses en el penal de Marcos Paz por robo y violencia de género. Zuñiga Cervantes consiguió la libertad asistida hace tres semanas. Sin embargo, volvió a ser detenido en las últimas horas. La Policía de la Ciudad llegó hasta la casa de Parque Patricios donde cumplía la cuarentena a raíz de una denuncia: el hombre había agredido a sus sobrinos, con quienes convivía.
Volviendo al mes comprendido entre el 17 de marzo y 17 de abril, el cotejo con las estadísticas del mismo período en 2019 arroja una disparada sustancial de arrestos domiciliarios. En esos 30 días, el año pasado le otorgaron el beneficio a 30 reclusos. Muy por debajo de lo que pasó en este 2020, cuando se contabilizaron 637 detenidos en Buenos Aires con arrestos domiciliarios o excarcelaciones por pertenecer a los grupos de riesgo por COVID-19 y estar penados por delitos leves.
Además, la comparación evidencia que durante ese tiempo disminuyeron las libertades. El año pasado, en ese lapso egresaron de las cárceles bonaerenses por pena cumplida, libertad condicional o libertad asistida, 1713 internos. En cambio, este año fueron excarcelados por penas cumplidas, libertad condicional o asistida, 1607 reclusos, es decir, un 6,59 por ciento menos.
Cifras al margen, la polémica por las salidas de presos por el coronavirus se extiende. Este jueves hubo un masivo cacerolazo nacional en rechazo a la medida. La protesta fue convocada por redes sociales.
La adhesión al reclamo creció en Facebook, Twitter y Whatsapp y sumó el apoyo de familiares de víctimas de delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la liberación de acusados por delitos sexuales, y dirigentes políticos oficialistas y opositores. Ayer, el malestar se adelantó a la convocatoria original y se pudieron escuchar cacerolazos en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El descontento también quedó reflejado en la plataforma change.org, donde se disparó una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar detenidos. En poco más de dos días, la petición superó las 540 mil firmas, lo que la ubica en una de las solicitudes con mayor crecimiento del sitio.
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