El cacerolazo para rechazar la liberación de presos con la excusa del coronavirus también se sintió en los bastiones peronistas del Conurbano

Fuerte, largo y sostenido. Sin banderías políticas, miles de personas en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y casi todas las ciudades del país, realizaron el jueves por la noche un masivo cacerolazo en repudio a que los presos sean excarcelados y reciban el beneficio de la prisión domiciliaria con la excusa de la propagación de la pandemia del coronavirus.

La iniciativa fue convocada vía redes sociales bajo los hashtag #Cacerolazo30A y #CacerolazoContraLaImpunidad, y contó con la adhesión de todos los sectores sociales. Vecinos de Ciudad y el gran Buenos Aires (incluidos distritos orgánicamente peronistas como La Matanza) salieron con sus cacerolas a la puerta de sus casas y a los balcones. Se sumaron diferentes ciudades del interior como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, entre otras.

Así, en plena cuarentena, miles de ciudadanos reclamaron que los jueces no liberen a los detenidos. Hasta los exceptuados que circulaban por las calles se sumaron e hicieron sonar sus bocina. El escenario dejó a las claras el malestar generalizado de la sociedad más allá de las diferencia partidarias, que teme por su seguridad.

A las ocho de la noche, miles de ciudadanos de barrios porteños como Villa Urquiza, Barracas, Caballito, Palermo, Recoleta, Colegiales, Belgrano, Floresta y de localidades bonaerenses como Avellaneda, Ciudadela, Ramos Mejía, Quilmes, Bernal y San Fernando, entre otros, hicieron escuchar su rechazo al fallo de la Cámara de Casación que impulsó la liberación masiva de presos con el pretexto de evitar el contagio de los internos en las cárceles.

Lo propio sucedió en distintas ciudades y localidades bonaerenses, como Olivos, San Isidro, Martínez, San Justo, Villa Luzuriaga, Villa Celina, Isidro Casanova, Gonzalez Catán y Virrey del Pino. También se escucharon cacerolas en Burzaco, Glew, Longchamps, localidades del partido de Almirante Brown, municipio comandado por el kirchnerista Mariano Cascallares. Además se sumaron ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, y otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba y La Pampa.

El rechazo social a las medidas de liberación motivó que la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, repudiara la excarcelación “de asesinos y violadores”.

La protesta se extendió durante más de veinte minutos y fue el cacerolazo que más adhesiones sumó en los últimos años. Incluso muchos efectivos de las fuerzas de seguridad se sumaron haciendo sonar las sirenas de sus patrulleros.

El cacerolazo sumó el apoyo de familiares de víctimas de delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la liberación de acusados por delitos sexuales, y dirigentes políticos tanto opositores como oficialistas.

El malestar de buena parte de la ciudadanía quedó reflejado en la plataforma change.org, donde una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos tuvo muchas adhesiones: en poco más de dos días, la petición superó las 470 mil firmas y fue una de las solicitudes con mayor crecimiento del sitio.

Así, distintas organizaciones hicieron conocer su repudio. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”. El colectivo Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por “femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”.

El repudio también se hizo escuchar en defensores de derechos humanos, como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, a raíz del otorgamiento de la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de lesa humanidad. “Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo a Infobae en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En redes sociales, referentes de la oposición se sumaron a la iniciativa y respaldaron la protesta: “Ignorar a las víctimas es ignorar la ley. Es un orgullo ser parte de una sociedad que se hace escuchar pidiendo una Justicia que actúe responsablemente. El #Cacerolazo30A demuestra que la impunidad no tiene cabida para los argentinos”, sostuvo el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja. “Emociona el rechazo a la impunidad. No somos pocos, no estamos solos. #Cacerolazo30A”, enfatizó, por su parte, la legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Piparo.

En la misma tesitura se expresó la Unión Cívica Radical (UCR), que directamente se dirigió al presidente de la Nación: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”.

Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.

En este marco, tres jueces federales de un tribunal de San Martín son los primeros denunciados por haber dado arresto domiciliario a un condenado por violación. Se trata los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.

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