Coronavirus en la Argentina: juntan firmas para que el Poder Judicial no deje salir a los presos

“Si a una persona que sale a la calle sin autorización la pueden demorar, ¿por qué un delincuente que cometió un delito debe salir?”, se pregunta quien inició la petición “No a la salida de los presos”, en la plataforma www.change.org, bajo el seudónimo de “Pedmar Ar”. Luego, agrega: “No estoy en contra de que se mejoren las cárceles, pero no le den libertada a los reclusos”. Al pedido se le suma la imagen del motín en la cárcel de Villa Devoto, el pasado 25 de abril.

Ese día, tras varias horas de tensión, violencia y reclamos, los detenidos consiguieron que los funcionarios prometieran revisar la situación procesal de "la población en riesgo sanitario (mayores de 60 años y enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria), personas en término de libertad condicional y asistida, aquellos que tenían salidas transitorias otorgadas, condenados no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”. ¿El objetivo? Que a todos aquellos privados de su libertad alojados en este lugar y que cumplan con los requisitos antes mencionados, puedan acceder a la prisión domiciliaria o a otros medios para evitar contagiarse de coronavirus.

Como no podía ser de otra manera, el tema despertó la bronca de muchas personas, entre ellas, los familiares de víctimas, que piden que se haga cumplir la Ley de Víctimas (27.372), que asegura: "Antes de tomar cualquier medida de liberación o beneficio a personas condenadas o presas tienen que notificar y escuchar a las víctimas”.

En este contexto, una persona que prefirió no revelar su identidad creó, hace dos días, una petición en la reconocida plataforma Change.org. “La Cámara de Casación Penal también está pidiendo que salgan los que cometieron delitos federales (narcotráfico, delitos de lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada, delitos contra la libertad de expresión, delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, tráfico de piezas arqueológicas, delitos electorales, ley de marcas, falsificación de moneda, delitos contra la administración pública, lavados de activos de origen ilícito, entre otros) y digo también, porque están liberando a los violadores, asesinos, ladrones, que viven a pocas cuadras de los que fueron sus víctimas. No estoy de acuerdo”, expresa.

En otro de los fragmentos, el texto pone en duda que, en caso de obtener la prisión domiciliaria, los reclusos cumplan con la normativa usando tobilleras electrónicas “porque no hay suficiente cantidad”. “Los dejan libres para que no se contagien pero, como siempre, los Derechos Humanos no son tan humanos y se olvidan que somos muchos los que padecemos robos. Ahora no solo seremos víctimas de la pandemia, sino que, además, también volveremos a ser víctimas de esta gente que se no tuvo problemas en robarte el sueldo en una salidera bancaria, en matar por 100 pesos, en golpear a un abuelo indefenso, en violar a su vecina de 13 años. Definitivamente creo que esta decisión es poner en riesgo a la sociedad. No están pensado en nuestras familias y sobretodo en nuestros hijos. ¡Por Dios! qué futuro les estamos dejamos...”, concluye.

La petición está dirigida al Poder Judicial y, en apenas 48 horas, ya sumó cerca de 57 mil firmas. Habrá que ver si surte algún efecto. En declaraciones al programa Toma y Daca (AM750), Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, afirmó que en las cárceles “hay una violación del Derecho” porque “la pena se convierte en algo brutal, casi sádico”. Y agregó que “están dadas las condiciones para habilitar una estrategia de despoblación carcelaria”. “Habría que descongestionar un 30% de la población carcelaria”, calculó.

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