Coronavirus en Argentina: en medio de la crisis redujeron las prestaciones y el apoyo escolar a personas con discapacidad

Las instituciones que asisten a personas con discapacidad y las familias se encuentran en estado de alerta. Una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recortó un 50% las prestaciones, clases de apoyo y las terapias integradoras de los beneficiarios, lo que los deja en una situación de mayor vulnerabilidad mientras se define la extensión de la cuarentena obligatoria.

El ajuste en las prestaciones se oficializó a través de las resoluciones 282/2020 y 308/2020, publicado el 6 de abril en el Boletín Oficial. A raíz del aislamiento obligatorio, este tipo de asistencia integral a la población con discapacidad quedó suspendida en su modalidad presencial. Y si bien habilitó su continuidad en modalidades virtuales o a distancia, lo cierto es que en algunos casos se redujeron los aranceles y prestaciones pactados a la mitad.

Romina Zejdlik es madre de un hijo con autismo y presidenta de la Fundación por la Inclusión Plena. A través de la plataforma Change.org, impulsó una petición para que se revierta la medida. El escrito advierte que las obras sociales y las prepagas ya comunicaron a los afiliados que no abonarán prestaciones que se facturen durante la cuarentena.

“Estas resoluciones vulneran los derechos de los prestadores e indirectamente a los de las personas con discapacidad porque les da la vía libre a las obras sociales a cubrir la cantidad de sesiones que ellos consideren convenientes en cada caso. No se puede recortar todos con la misma tijera”, sostuvo Zejdlik en diálogo con Infobae.

La decisión afecta a un amplio abanico de servicios que requiere la población con discapacidad, como centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de rehabilitación, servicios de apoyo a establecimientos de enseñanza y los traslados, entre otros. Pero también alcanza también a los salarios y honorarios de los profesionales que se desempeñan en la actividad.

Jairo Bejuk es director del Equipo Khipu, una empresa que contrata maestros integradores para acompañar a los niños y adolescentes con discapacidad en las escuelas. De manera habitual, este tipo de integración escolar garantiza que los menores tengan un apoyo específico en el aula cada día. Pero la decisión de la Superintendencia cambió radicalmente esa cobertura.

La reducción de las horas cubiertas por el sistema de salud implica una mejor carga horaria de educación inclusiva. Por ejemplo, para un estudiante con discapacidad que requiere la prestación de “maestro o maestra de apoyo" de unas 20 horas por semana, según la resolución de la Superintendencia, solamente podrá tener garantizada una jornada semanal de seis horas. De esta manera, no se contempla la cantidad de tiempo específica que el alumno necesita para su educación.

“La resolución no es muy clara. Dice que para pagar una prestación, como mínimo se tiene que trabajar una cantidad de horas por semana. Se deja muy librado al azar cómo se va a pagar cuando las obras sociales son bastante tiranas respecto a estos puntos. Nos preocupa muchísimo porque no dice que se van a respetar los valores que ya estaban aprobados desde comienzo de año, desde marzo a diciembre", consideró Bejuk.

Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la reducción de las horas escolares “pone en peligro la continuidad educativa de los niños y niñas con discapacidad” y su derecho a una educación inclusiva, al mismo tiempo que alerta sobre la situación laboral y económica de los profesionales de apoyo. “La educación a distancia debe ser una verdadera educación inclusiva, accesible para todas las niñas y niños”, señaló la ONG a través de un comunicado.

“El Estado es el responsable en garantizar que las personas con discapacidad puedan seguir con sus tratamientos y que los prestadores puedan percibir el pago por su labor”, planteó Zejdlik. “Es una situación de injusticia social y económica, todo esto es una cadena. Si no se cuida a los prestadores y terapeutas, tampoco se cuida a los derechos de las personas con discapacidad”.

En relación a los adultos, de la normativa se desprende que las sesiones de apoyo, atención psicológica, estimulación temprana, kinesiología -entre otro tipo de terapias- se reducirán a una cantidad de entre tres a seis por semana, según corresponda cada caso, cuando gran parte de los beneficiarios tienen autorizadas una mayor cantidad de sesiones. En el caso de los centros de día -están cerrados por la cuarentena-, la reglamentación indica que solo se va a reconocer el pago de honorarios por una jornada simple en vez de una completa, lo que conlleva a una prestación a la mitad para este tipo de apoyo.

Otra situación puntual es la de los remises que trasladan a las personas discapacitadas a los centros de atención. Fernando Celeste maneja una agencia con conductores y advierte que las obras sociales no están efectuando los pagos desde diciembre. Según le comunicaron, recién la situación se regularizaría después de la cuarentena.

“Los locales de remises tenemos que estar cerrados mientras que tenemos que pagar los sueldos, el alquiler, la luz y el teléfono. Personalmente me quedo colgado porque antes le tengo que pagar a los choferes”, indicó Celeste a este medio.

Fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) indicaron a Infobae que tomaron constancia de la problemática de las familias, y que se está evaluando una nueva resolución para asegurar los pagos del 100% de las coberturas comprometidas para los meses de marzo y abril.

“Pedimos que se derogue la resolución porque es muy injusta con un sector que está trabajando con chiquitos muy vulnerables. A pesar de que los profesionales ni los niños están yendo al colegio, los maestros están trabajando de manera remota todo el tiempo, recibiendo tareas y llamando a las familias. La verdad es que la situación es preocupante”, concluyó Bejuk.

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