-No vengas.
-Pero...
-Sí, eso. Vos y los chicos y la beba. No vengan.
Para un preso, su familia es la línea con el mundo. G. es un ladrón maestro, un reincidente serial que se hizo rico robando joyas y diamantes durante más de 15 años y que hoy está en una cárcel de un complejo del conurbano tras tres sentencias en su contra y más de una decena de causas. Se quedará ahí por años. Es padre y es marido, con varios hijos como una bebé de dos años y hasta un nieto: tuvo esa conversación con su pareja a través del teléfono penitenciario. Le duele la advertencia, estar solo sin su gente, pero el reverso de esa charla puede ser morir.
G. sabe el riesgo, se sienta en una celda donde hay seis y debería haber dos, con 45 mil detenidos en todo el sistema del Servicio Penitenciario Bonaerense, la mayor sobrepoblación de su historia: Dolores, el penal que alojaba a los rugbiers acusados de matar a patadas en el cráneo a Fernando Báez Sosa, en una virtual cuarentena, tiene 850 detenidos cuando debía tener poco más de 300 de acuerdo a los cupos que constan en los informes de la Comisión Provincial de la Memoria. Del otro lado, un alto jefe del sistema federal de cárceles con unidades como Devoto, Ezeiza y Marcos Paz cuenta el tiempo y el riesgo. Sus cárceles están más que llenas también. En Devoto, los presos ya se acuestan en sus cuchetas en el gimnasio, 15 mil detenidos en total. El jefe reconoce en sus cálculos internos: “La situación está al límite. Se enferma uno y esto se desmadra”. El hacinamiento vuelve obvio el problema: la cercanía multiplica el contagio.
No hay hasta el momento ningún caso confirmado en ambos sistemas, pero el funcionario federal no exagera. Las medidas para las cárceles argentinas están en alza, dictadas por los ministerios de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Nación bajo Julio Alak y Marcela Losardo. En el sistema bonaerense, la población de alto riesgo incluye 644 detenidos de más de 65 años y casi 2500 enfermos con diversas patologías: 233 pacientes con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa que se hace sentir hace años en penales provinciales junto con la aparición del hantavirus en las heces de roedores en cárceles como Magdalena, 476 detenidos y detenidas con HIV, 950 con neumonía, EPOC, diagnósticos de cáncer. También hay 58 madres con chicos, 20 embarazadas a pesar de las recomendaciones de la Corte bonaerense de enviar a las mujeres que esperan dar a luz a sus casas con arresto domiciliario, algo que deben ordenar los juzgados a cargo de sus causas.
Así, los presos de la Provincia van a la cuarentena por propia decisión. Ayer, el SPB contaba 6300 en total que optaron por el aislamiento voluntario en siete cárceles que se plegaron a un plan que se esparce por Batán en Mar del Plata, con un área destinada a confinar detenidos que quieran alejarse y un pedido de los presos a las autoridades para que sus visitas les envíen alcohol en gel, algo históricamente prohibido. Allí, 95 mujeres firmaron un acta para notificar su decisión de no tomar contacto con sus familias hasta el fin de marzo al menos. Luego se sumaron Bahía Blanca con la Unidad Nº4, General Alvear, las tres cárceles del complejo de San Martín.
Desde el Ministerio de Justicia a cargo de Alak se habla de rigurosos controles a visitas, la restricción del ingreso a personal judicial con síntomas o que haya visitado, compras ordenadas de 50 mil unidades de jabón blanco para el lavado de manos, 40 mil barbijos, alcohol en gel para pasillos y comedores, sectores de sanidad, 120 mil guantes de látex para médicos penitenciarios.
En la mañana de hoy, los presos dieron un nuevo paso al frente: el SPB contó 27 mil detenidos, más de la mitad de la población, que pidió que sus familias no los visiten, en puntos como Sierra Chica, Gorina, Los Hornos. 3223 presos pidieron recibir exclusivamente a familiares directos.
Mientras tanto, los detenidos se ponen a coser. En la cárcel de Urdampilleta en el partido de Bolívar, los hombres en los pabellones empezaron a cortar sábanas y bolsas de tela para armar sus propios barbijos. “Estamos más presos que antes. Entre los chicos nos pusimos a hacer barbijos, a la visita le toman la fiebre, a las del finde la suspendieron”, dice un hombre acusado de integrar una banda de piratas del asfalto.
En Marcos Paz, un ex ladrón de bancos asegura: “La semana pasada estuve cuatro días con gripe y pensé lo peor. A mi hija le pedí que ni venga. Me va a mandar las cosas por encomienda”.
En la cárcel de Ezeiza, un detenido confía: “Acá pegaron carteles y repartieron instructivos y barbijos. El problema es que a esta Unidad viene mucha visita de narcos, de mexicanos, colombianos. La postal es vernos cada uno con su mate, saludarnos desde lejos".
El SPF comienza con sus propias medidas: licencias a personal con factores de riesgo, un comité de crisis. Un acta firmada el 11 de marzo inició una serie de medidas como un plan de saneamiento, análisis de detenidos, en particular los encerrados en alcaidías de los tribunales de Comodoro Py y Talcahuano, protocolos para casos sospechosos.
Pero el problema más grave viene del otro lado de la frontera: los funcionarios locales reciben información de sus pares brasileños tras las fugas masivas en penales de la zona de Sao Paulo, con más de 1500 presos que se escaparon en los últimos días de las cárceles de Monguagua, Taubate y Mirandopolis, con rebeliones en cinco penales en total según medios brasileños, principalmente en unidades con un régimen semiabierto. Los videos se viralizan, detenidos a cara descubierta corren por la calle, escenas delirantes como de una película de Werner Herzog. Los prófugos recapturados se convertían en posibles focos de contagio, con un Brasil que hoy contó a su primer muerto por el coronavirus.
El miedo a un motín a nivel local existe, de cara a una situación delicada. Por otra parte, los presos lo entienden: nadie entra, nadie tose, nadie contagia.
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