
Indepaz registró 15 ataques o intentos de ataque contra estaciones de peaje en Colombia entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre de 2026, en un patrón que el organismo atribuye a grupos armados con motivaciones que combinan control territorial, presión económica y disputa por legitimidad frente a las comunidades.
El informe contabiliza 11 detonaciones confirmadas y cuatro casos clasificados como intentos u otros hechos relacionados con explosivos. Los departamentos afectados son Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Huila, Tolima y Nariño.
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El Cauca concentra siete de los 11 atentados con detonación registrados. Según el documento, las estaciones de Mondomo y El Mango, en ese departamento, fueron blanco de ataques en más de una ocasión durante el período analizado.
Indepaz señala que los peajes reúnen condiciones que los convierten en objetivos recurrentes: son instalaciones fijas, de fácil identificación y con alta circulación de personas, lo que permite a los grupos armados generar temor, afectar la movilidad y demostrar capacidad operativa con un solo ataque.
Cronología de los ataques
El primer registro corresponde al peaje de Mondomo (Cauca), el 8 de agosto. La actividad se intensificó en octubre y noviembre: el 12 de octubre se atacó El Mango, en La Sierra (Cauca); el 23 de octubre, San Pedro, en Villanueva (Casanare); y el 31 de octubre, nuevamente El Mango.
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En noviembre se acumularon siete eventos. El miércoles 4, el peaje de Media Canoa en Yotoco, Valle del Cauca. El sábado 7, dos ataques simultáneos en Mondomo y La Agustina, Cajibío, en Cauca. El 8, Villa Rica, Cauca. El miércoles 11, Mondomo por tercera vez. El domingo 15, dos detonaciones en Pipiral (Meta) y en la vía Neiva-Aipe (Huila).
Los cuatro casos sin detonación completan el panorama: el 2 de noviembre se incautaron explosivos presuntamente destinados al peaje de Cano Bajo, en Chachagüí (Nariño); el 15 de noviembre un vehículo con explosivos fue neutralizado en Los Cauchos (Huila); el 17 de noviembre se desactivaron artefactos cerca del peaje de Flandes (Tolima); y el 18 de noviembre se produjo una detonación accidental en El Contadero (Nariño), en el marco de un presunto intento de atentado.
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Motivaciones identificadas
El informe identifica al menos cinco líneas explicativas que no son excluyentes entre sí. La primera apunta al control de rutas: las carreteras sostienen el comercio, la movilidad comunitaria y, en ciertos territorios, economías ilegales. Los ataques en Mondomo, Villa Rica y Media Canoa, según el documento, podrían responder a disputas por el dominio de esos corredores.
La segunda línea tiene un componente político: atacar una instalación de cobro obligatorio cuestiona la autoridad estatal y demuestra que un grupo armado puede alterar el funcionamiento de la infraestructura vial.

La tercera involucra un cálculo de legitimidad. El informe cita que, en octubre de 2026, la disidencia de Iván Mordisco justificó amenazas contra peajes al cuestionar las tarifas cobradas a los usuarios. Indepaz califica esta postura como una estrategia para ganar respaldo social mediante la violencia, con la aclaración de que eso no implica que las comunidades avalen los ataques.
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La cuarta línea señala el efecto mediático: los atentados generan imágenes de destrucción, cierres viales y cobertura amplia, lo que los convierte en herramientas de presión frente a operaciones de la Fuerza Pública. El ataque de Villa Rica fue analizado bajo esa hipótesis en las primeras horas posteriores al hecho.
Impacto más allá de la infraestructura
Indepaz advierte que el daño no se reduce a la destrucción de casetas o equipos. Los trabajadores de los peajes, los conductores y los pasajeros quedan expuestos a riesgo de muerte o lesiones. Los cierres y desvíos elevan los tiempos y costos de transporte, interrumpen la comercialización de productos agrícolas y dificultan el acceso a servicios de salud y educación en las zonas afectadas.
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La repetición de ataques en una misma estación, como ocurrió tres veces con Mondomo en el período analizado, tiene además un efecto acumulativo sobre la percepción de inseguridad en las comunidades que dependen de esas vías.
El organismo plantea que la respuesta estatal debe articular investigación penal, protección de empleados y viajeros, medidas de prevención y recuperación de la movilidad, además de canales para que las comunidades expresen sus necesidades.
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