La representante a la Cámara Carol Borda, junto con integrantes de la bancada del partido Salvación Nacional, radicó una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas instrucciones a funcionarios y asesores de su Gobierno para promover declaraciones contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras durante reuniones con antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Valledupar, en 2025.
La denuncia, fechada el 19 de octubre de 2026, solicita investigar la eventual responsabilidad de Petro por hechos que, según los congresistas, podrían estar relacionados con el uso de espacios institucionales destinados a la paz y la reconciliación para promover señalamientos contra dirigentes políticos.
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En el documento, los denunciantes mencionan las declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar, cuyas versiones consideran relevantes para esclarecer lo ocurrido durante los encuentros con antiguos integrantes de las AUC.
La presentación de la denuncia no implica que las conductas señaladas estén probadas. Los congresistas solicitan que la Comisión examine los hechos y determine si existen elementos que ameriten una investigación.
Qué busca esclarecer la denuncia de Carol Borda
En la comunicación dirigida a la Comisión, Borda pide investigar las presuntas instrucciones que habrían recibido funcionarios y asesores del Gobierno nacional para promover declaraciones contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras.
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El documento también está suscrito por Sara Jimena Castellanos Rodríguez, Enrique Gómez Martínez y Germán Andrés Rodríguez Prieto, identificados en el escrito como integrantes de Salvación Nacional.
Los congresistas señalan que durante el Gobierno de Petro se promovieron espacios de interlocución con antiguos comandantes de las AUC en el marco de las políticas de paz, reconciliación y esclarecimiento de asuntos pendientes del proceso de desmovilización de esa organización.
La solicitud busca establecer si esas reuniones se utilizaron para propósitos políticos y si hubo instrucciones dirigidas a promover declaraciones contra los tres dirigentes mencionados.
Para sustentar la petición, los denunciantes hacen referencia a las versiones conocidas públicamente sobre los encuentros de Valledupar, particularmente las de Mancuso, Rodríguez y Villamizar.
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Las declaraciones sobre las reuniones en Valledupar
Según información publicada por El Colombiano, Mancuso aseguró que delegados del entonces presidente habrían solicitado a antiguos jefes paramilitares formular señalamientos contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras.
Por su parte, Angie Rodríguez afirmó públicamente que la misión que le correspondió desarrollar en Valledupar estaba relacionada con que antiguos comandantes de las autodefensas hablaran contra dirigentes políticos.
A su vez, Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor jurídico de Mancuso, declaró a Caracol Radio que fue testigo presencial de las reuniones. Según su versión, Rodríguez y Víctor de Correa Lugo, exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdocente, plantearon que los antiguos jefes paramilitares hicieran pública la información que tuvieran sobre los tres dirigentes.
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Villamizar también sostuvo que la solicitud provenía de Petro. Los denunciantes piden que estas declaraciones sean recibidas o incorporadas a las actuaciones para esclarecer quiénes participaron en los encuentros y qué se discutió.
Frente a los señalamientos, Petro ha negado haber ordenado presiones para obtener declaraciones contra dirigentes políticos. Según el medio ya mencionado, manifestó: “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”.
Mancuso, por su parte, ha señalado que Petro no le habría hecho personalmente esa solicitud.
La otra denuncia contra Petro menciona a RTVC y posibles recursos públicos
Además de la actuación promovida por Borda y Salvación Nacional, los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo, conocida como Tyche, presentaron otra denuncia y solicitaron investigar las presuntas actuaciones de funcionarios del Gobierno relacionadas con las reuniones en Valledupar.
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De acuerdo con el medio, los abogados pidieron establecer si hubo instrucciones oficiales para promover declaraciones contra dirigentes políticos y si se utilizaron mecanismos de justicia transicional con fines políticos.
La solicitud también incluye verificar la eventual participación de RTVC y el posible uso de recursos públicos durante los encuentros.
En una columna publicada en El Colombiano, el periodista Melquisedec Torres describió cómo se habrían desarrollado las reuniones, quiénes habrían participado y cuáles fueron los temas abordados.
Según esa publicación, el entonces gerente de RTVC, Hollman Morris, habría dispuesto una unidad móvil y un equipo de producción para que los antiguos paramilitares comunicaran públicamente información que, presuntamente, les habría sugerido el Gobierno sobre dirigentes políticos.
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A partir de esos señalamientos, los abogados solicitaron verificar documentalmente la intervención de la entidad, la participación de sus funcionarios y la eventual utilización de recursos estatales. La información aportada no establece que esas presuntas irregularidades hayan sido probadas.
Qué solicitan investigar los abogados
La denuncia de Sanín y Jaramillo pide establecer quiénes habrían impartido o transmitido las presuntas instrucciones, identificar a los funcionarios y particulares que participaron en la organización de los encuentros y determinar si se ofrecieron beneficios judiciales, penitenciarios o de justicia transicional a cambio de declaraciones.
Los abogados también solicitaron examinar si los hechos podrían constituir conductas penalmente relevantes, como un eventual abuso de la función pública, ofrecimientos irregulares de beneficios judiciales o utilización indebida de recursos estatales, siempre que las pruebas permitan establecerlo.
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