Un juez especializado de Antioquia condenó en primera instancia a 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes en cinco departamentos de Colombia.
Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2018, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
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La decisión incluye a cuatro miembros del Comando Central del ELN (Coce), entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.
Según el comunicado de la Fiscalía, los integrantes del Comando Central fueron condenados a 20 años y cuatro meses de prisión por rebelión agravada y reclutamiento ilícito.
El caso reúne hechos registrados en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
La Fiscalía sostuvo que varias incorporaciones ocurrieron mediante “falsas promesas, amenazas y violencia física”. Tras su ingreso a la estructura armada, los menores quedaron sometidos a labores y funciones que, según la investigación, hacían parte de la dinámica del grupo ilegal.
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Los menores realizaron tareas de apoyo y participaron en acciones armadas
El material expuesto durante el juicio indicó que los niños, niñas y adolescentes debían prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, recoger leña y realizar trabajos pesados. Algunos asumieron funciones de radiooperadores, mientras que otros participaron en combates, cobros extorsivos e instalación de explosivos.
La Fiscalía precisó que tres víctimas murieron mientras permanecían en las filas del ELN. El comunicado no especificó las circunstancias de esas muertes ni las identidades de los menores.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas en juicio oral. Según la entidad, los elementos reunidos permitieron acreditar “castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual” contra las víctimas.
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El expediente incluyó situaciones que afectaron a niñas reclutadas por la organización. La Fiscalía señaló que algunas fueron sometidas por cabecillas del ELN y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos.
Los hechos analizados por el juzgado abarcan un período de 14 años. La investigación estableció que las víctimas fueron llevadas a estructuras armadas en distintas regiones del país, donde quedaron bajo control de integrantes del ELN.
Cuatro integrantes del Coce recibieron las penas más altas
Además de los miembros del Coce, el juez sentenció a Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y dos meses de prisión. Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, recibió una pena de 12 años y ocho meses.
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Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, fueron condenados a 11 años y 10 meses de prisión. La Fiscalía los identificó como cabecillas del Frente de Guerra Occidental.
La sentencia también alcanzó a Darío de Jesús Castro; Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón. Los cuatro recibieron condenas de 11 años y ocho meses de prisión como jefes del Frente de Guerra.
Aunque el fallo impuso las penas, la decisión todavía no quedó ejecutoriada. La Fiscalía informó que la defensa apeló la sentencia de primera instancia, por lo que el caso deberá ser revisado por una instancia superior antes de que las condenas queden en firme.
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El juez ordenó capturas y pidió notificaciones rojas a Interpol
Durante el proceso, los 11 condenados fueron declarados “personas ausentes”, una figura prevista para adelantar actuaciones judiciales cuando los acusados no comparecen ante la justicia.
El juez ordenó librar órdenes de captura contra los sentenciados y solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tramitar las respectivas “notificaciones rojas”. Estas alertas buscan facilitar la localización y detención provisional de personas requeridas por autoridades judiciales, con miras a una eventual extradición o entrega.
Las medidas dispuestas por el despacho judicial buscan hacer efectivas las penas si la condena es confirmada y adquiere firmeza tras la apelación.
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