Iván Cepeda: el candidato de izquierda que busca darle continuidad a las reformas del gobierno Petro

Iván Cepeda llegó a la campaña presidencial de 2026 como el candidato más competitivo de la izquierda colombiana después de ganar la consulta del Pacto Histórico, un ascenso que se aceleró con el caso judicial contra Álvaro Uribe Vélez y que lo dejó en la elección interna como figura dominante, aunque en la votación general terminó en segundo lugar con casi el 41% de los votos.

Ese resultado cerró una trayectoria atípica dentro de la campaña: hasta finales de 2025, el senador no aparecía como el nombre fijo del oficialismo para suceder a Gustavo Petro. Su avance se consolidó con una estrategia centrada en actos de plaza pública, pocas entrevistas y ningún debate.

Cepeda tiene 63 años y nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá. Es senador del Pacto Histórico y dio un salto en la consulta interna de esa fuerza para convertirse en su candidato presidencial.

Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica (UP) asesinado en 1994, y de Yira Castro, dirigente comunista y exconcejal de Bogotá, fallecida en 1981. El asesinato de su padre fue reconocido en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) como parte del exterminio de un movimiento político.

Ese origen familiar definió su perfil público y su manera de intervenir en la vida política. Quedaron registradas como parte de su imagen las entrevistas que dio siendo joven, poco después de enterarse en la calle de la muerte de su padre, cuando iba camino a la universidad.

El hoy político y defensor de derechos humanos estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid, en Sofía, Bulgaria, y se especializó en derecho internacional humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Está casado con Blanca del Pilar Rueda, exfuncionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Su trayectoria política también estuvo atravesada por amenazas y exilio. Vivió fuera de Colombia entre 1998 y 2004, en Europa, tras denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. En 2003 fundó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En 2010 fue elegido representante a la Cámara por Bogotá con el Polo Democrático, partido del que también fue miembro Gustavo Petro, y desde 2014 ocupa una banca en el Senado, con reelecciones en 2018 y 2022.

En el Congreso de la República, Cepeda fue copresidente de la Comisión de Paz y miembro de la Comisión Segunda del Senado. También actuó como facilitador en el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc.

Su participación se extendió a otros intentos de negociación. De hecho, intervino en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y colaboró en los acercamientos con el Clan del Golfo dentro de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Petro.

En su trabajo legislativo, Cepeda ha denunciado casos de parapolítica y vínculos entre empresarios y paramilitares. Esa combinación entre activismo por derechos humanos, presencia parlamentaria y participación en conversaciones de paz es la base de la propuesta política con la que llegó a disputar la sucesión presidencial.

El caso contra Uribe Vélez cambió su lugar en la carrera presidencial

El punto de quiebre del ascenso electoral de Iván Cepeda fue el expediente que enfrentó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la justicia y en el que actuó como víctima y testigo. En julio de 2025, cuando una jueza declaró al líder del Centro Democrático culpable por fraude procesal y soborno a testigos, el senador se disparó como candidato favorito.

La secuencia judicial venía de años atrás. En 2012, Uribe Vélez denunció a Cepeda por presunta manipulación de testigos, pero en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador por falta de elementos probatorios y abrió investigación contra el expresidente por los mismos hechos.

El recorrido del caso dio una visibilidad política que Cepeda no tenía al comienzo del ciclo electoral. Uribe Vélez pasó de acusador a acusado, luego a culpable en 2025 y después fue absuelto, cuando el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria contra el exgobernador de Antioquia.

Ese proceso judicial le dio a Cepeda una exposición decisiva hacia las elecciones de 2026. Aunque no había iniciado la contienda como precandidato, la condena contra el exmandatario activó un movimiento político que terminó empujándolo a representar al Pacto Histórico en los comicios electorales.

La trayectoria de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial

Aida Quilcué acompaña a Iván Cepeda en su aspiración de mantener el proyecto progresista de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La legisladora tiene 53 años y llegó al Congreso de la República el 20 de julio de 2022, cuando fue elegida por la Circunscripción Especial Indígena con aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). Dos años antes había intentado obtener esa curul sin éxito, y finalmente ingresó al Legislativo junto a Martha Peralta.

Quilcué ha estado vinculada en el Senado a la Comisión Primera Constitucional y concentró su trabajo en la defensa de las poblaciones indígenas, las agendas de derechos humanos y la paz. En 2024 fue elegida presidenta de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto.

La senadora es lideresa indígena del pueblo nasa del resguardo Piçkwe Tha Fiw, en el departamento del Cauca. También integró la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde fue consejera y delegada ante otras entidades institucionales.

En 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “Defensa a toda una vida”, un reconocimiento a su trabajo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esa trayectoria también la acercó al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.

La política colombiana impulsó proyectos de ley en línea con esa agenda desde su llegada al Congreso. Su elección en 2022 la convirtió en una de las primeras mujeres indígenas en ocupar un escaño en el Senado.

La candidata vicepresidencial arrastra una historia marcada por violencia y amenazas

En diciembre de 2008, su esposo, Edwin Legarda Vásquez, fue asesinado en la vía entre el municipio de Inzá y Popayán por miembros de las Fuerzas Militares, después de que la camioneta en la que se movilizaba fuera interceptada. El Estado colombiano asumió la responsabilidad por ese crimen y condenó a seis militares adscritos al batallón José Hilario López.

Frente a ello, el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición inició una investigación sobre ese caso en 2018. Quilcué y otros dirigentes del Cric recibieron amenazas de muerte reiteradas por denunciar lo ocurrido, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas de protección en su favor.

El episodio más reciente ocurrió el pasado 10 de febrero de 2026, cuando la congresista se desplazaba con su esquema de seguridad por la vía entre Inzá y Totoró. Hombres armados la retuvieron durante al menos tres horas y la liberaron junto con sus escoltas tras la presión de la guardia indígena, que logró que fueran abandonados en el lugar al que habían sido llevados.

Ese hecho se sumó a otro ataque sufrido en octubre de 2022. En ese atentado, el vehículo de su esquema de seguridad recibió seis impactos de arma de fuego mientras recorría las zonas de Guadualejo, Puerto Valencia y Tierradentro.