Ella es Marcela Abadía, la fiscal que lideró el llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres del Aro y La Granja

El 18 de junio de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria por la fiscal Marcela Abadía en el proceso por las masacres de El Aro y La Granja, el supuesto centro de operaciones paramilitares en la hacienda Guacharacas y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, según informó el propio exmandatario.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el líder político del Centro Democrático.

La decisión reabre un frente judicial que vuelve a involucrarlo ante la Corte Suprema de Justicia y se conoce a tres días de la segunda vuelta presidencial en la que compiten Abelardo de la Espriella, apoyado por Uribe Vélez, e Iván Cepeda, a quien identifica como antagonista judicial del exmandatario. El expediente debe tramitarse por la Ley 600 porque los hechos investigados habrían ocurrido cuando Uribe Vélez era gobernador de Antioquia.

Marcela Abadía llegó a la Fiscalía y ahora ocupa uno de los cargos de mayor peso ante la Corte Suprema

La fiscal Marcela Abadía trabajó en el Ministerio de Justicia entre 2014 y 2018, cuando el ministro era Yesid Reyes. Además, se desempeñó desde 2018 en la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) como magistrada auxiliar y jefe del Grupo de Análisis de Información.

Es importante aclarar que Reyes ha tenido enfrentamientos públicos con Uribe Vélez. También remarca que el exmandatario ha cuestionado a la Jep por el equiparamiento de militares con las Farc.

Abadía llegó a la Fiscalía General de la Nación de la mano de la fiscal Luz Adriana Camargo y hoy es fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Desde ese cargo, reactivó el expediente por el que ahora fue citado Uribe Vélez. En el plano personal, Abadía fue pareja del exmagistrado de la Corte Constitucional y exdefensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño.

En materia formativa, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en Derecho Penal y Criminología, magíster y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes.

Abadía también es profesora catedrática. Universidad de los Andes y lleva más de 10 años ligada a la institución de educación superior.

Un antecedente procesal y un caso reciente alimentan los cuestionamientos sobre su actuación

Una de las decisiones que tomó la fiscal Marcela Abadía también genera dudas; según conoció Semana, en 2025, durante una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, un magistrado le declaró desierta una formulación de imputación por falta de técnica jurídica.

Esa imputación estaba dirigida contra una magistrada que había decidido impedir protestas del estallido social de 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Esa actuación es presentada como uno de los antecedentes que hoy rodean su papel en el caso de Álvaro Uribe Vélez.

En la actualidad, Abadía maneja procesos calificados como espinosos, entre ellos el del exembajador en Ghana Daniel Garcés, acusado del secuestro de sus hijos y de violencia contra su expareja. El abogado Miguel Ángel del Río asume la defensa de Garcés y el caso estaba listo para imputación, pero el fiscal fue cambiado y quedó en manos de Abadía.

Las acciones legales de la defensa de Uribe Vélez contra la fiscal Marcela Abadía

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez evalúa acciones legales contra la fiscal Marcela Abadía, que lo llamó a indagatoria en el proceso por las masacres de La Granja y El Aro, en Antioquia.

El penalista Jaime Granados, en entrevista con El Tiempo, sostuvo que dentro del expediente se decretaron pruebas solicitadas por la defensa que “no habían concluido” y que estaban en curso. Aseguró que ese material es “definitivo” para probar la inocencia de Uribe.

Granados afirmó que el plazo legal para ese trámite vencía el 3 de julio de 2026 y cuestionó que la fiscal se anticipara “de manera abrupta y sorpresiva”. “No es un caso que tenga riesgo de prescripción alguno. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y se escuchó a los testigos que se solicitaron?”, cuestionó.