
En la mañana del miércoles 10 de junio de 2026, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicó un auto en el que exige la suspensión del cargo al presidente Gustavo Petro de manera provisional.
El anuncio obedece a la investigación que enfrenta el mandatario nacional por posible participación indebida en política.
La medida se extiende hasta las 4:00 p. m. del 21 de junio de 2026, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
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“SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., en los términos y por las razones expuestas en el parte motiva de esta providencia. Contra esta orden no procede recurso alguno (...) Notificar esta decisión al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO o a su apoderado, si lo tuviere, conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1952 de 2019”, se lee en el documento firmado por la congresista.
La representante señaló al menos 22 mensajes escritos por Petro que, según el documento, “se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”.
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Quién es Gloria Arizabaleta
Gloria Arizabaleta nació el 24 de mayo de 1968 en Cali (Valle del Cauca). Es abogada caleña y ha desarrollado su trayectoria con énfasis en derecho penal y derechos humanos.
Es egresada de la Universidad San Buenaventura y cuenta con especializaciones en Derecho Penal, además de estudios de maestría en Derecho y Derechos Humanos, de acuerdo con su hoja de vida pública.
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También realizó formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Sergio Arboleda y en la Universidad Alfonso X El Sabio de España.
Antes de llegar al Congreso, Arizabaleta ocupó cargos jurídicos en el sector público. En 2010 fue procuradora delegada de restitución de tierras, donde trabajó en procesos relacionados con el retorno de colombianos a sus territorios.
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Entre 2014 y 2021 se desempeñó en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante Tribunal de Distrito y como directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad, con énfasis en labores vinculadas a víctimas del conflicto armado, según su hoja de vida pública.

En 2022, llegó a la Cámara por el Valle del Cauca con el aval de la Alianza Democrática Amplia (ADA), partido que estaba incluido en la coalición del Pacto Histórico.
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En su etapa como congresista, Arizabaleta fue elegida en 2025 como presidenta de la Comisión de Acusaciones para el periodo 2025-2026 con 15 votos a favor. Además de encabezar dicha corporación, también ocupa un escaño en la Comisión Cuarta o de Presupuesto en la Cámara de Representantes.
La congresista también fue una de las fundadoras de La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, quien fue su esposo. Sin embargo, para las elecciones regionales del 2023, Arizabaleta solicitó desvincularse por completo de las estructuras políticas de su exesposo para reafirmar su total independencia legislativa.
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Investigaciones contra Gustavo Petro
Con corte al 5 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro cuenta con un acumulado de 290 procesos radicados en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Esta cifra fue consolidada tras una inspección realizada por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el avance de los expedientes que se han presentado desde que el mandatario asumió su cargo el 7 de agosto de 2022.
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Del total de casos, al menos 60 denuncias apuntan a una posible participación en política. Según el ministerio público, esa línea de investigación se concentra en pronunciamientos del jefe de Estado difundidos en redes sociales durante procesos electorales.
Otro eje agrupa procesos por la financiación de la campaña presidencial de 2022, relacionados con una presunta violación de topes electorales y el ingreso de dineros no reportados. La Corte Constitucional de Colombia ratificó que la comisión es la única competente con fuero integral para procesar al presidente por estas acusaciones.
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