Denuncian a alcalde de municipio de Córdoba por invadir predios privados para obra en la que se invirtieron más de $6.000 millones

Infobae Colombia conoció que el 21 de mayo fue radicada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Jesús David Contreras Rodríguez, alcalde del municipio de Tierralta, Córdoba, por las presuntas irregularidades en la contratación, ejecución e interventoría de la construcción de dos puentes en el corregimiento de Batata.

La denunciante, Adriana Isabel Gómez, viajó hasta Bogotá para revelar detalles del presunto uso de recursos públicos y la afectación a un predio privado denominado “Puerto Rico”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria.

La denuncia señala como presuntos responsables al alcalde municipal, la secretaria de Planeación Municipal, Deyanira Ortega Negrete; el secretario de Infraestructura, Jorge Eliecer Muñoz Castillo; los representantes legales del consorcio contratista y del consorcio interventor, así como a otras personas que puedan resultar comprometidas.

En el documento se mencionan posibles delitos como peculado por apropiación, contrato sin el lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

La denuncia expone que el municipio de Tierralta celebró el contrato de obra pública LP-MT-020-2025 para la construcción de dos puentes en el corregimiento de Batata. Durante la ejecución contractual, se habría detectado que las obras se desarrollan dentro de un inmueble de propiedad privada, específicamente en el predio “Puerto Rico”.

Ante esta situación, la denunciante solicitó información a la Administración municipal sobre la naturaleza jurídica del terreno, sin obtener una respuesta clara. Por este motivo, se realizó un estudio topográfico particular que, según el documento, confirmó que las obras se encontraban en parte dentro del predio en cuestión.

La denuncia sostiene que la Secretaría de Planeación Municipal no suministró una respuesta definitiva sobre la titularidad del inmueble, trasladando la responsabilidad a otras dependencias. A pesar de la situación, la obra fue contratada, adjudicada e iniciada con recursos públicos que superarían los 6.000 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, la administración municipal reconoció públicamente la necesidad de adquirir el área requerida para la obra, pero hasta el momento no ha sido contactada para acordar la adquisición ni ha manifestado un precio sobre su predio. También hace referencia a declaraciones públicas sobre la posible suspensión de la obra para adelantar procesos de expropiación, calificando estas acciones como insuficientes en términos de planeación administrativa.

De confirmarse que la obra fue proyectada y ejecutada sobre un predio privado sin los procedimientos legales de adquisición, expropiación, servidumbre o autorización, se tendría que verificar la titularidad del predio y su vocación de utilidad pública para conocer la gravedad de lo adelantado con la obra pública.

La denuncia solicita que la Fiscalía adelante una investigación integral sobre los hechos y señala la necesidad de practicar pruebas como la obtención del expediente contractual, los estudios previos, los diseños y planos, la realización de una inspección judicial al sitio de la obra, la práctica de peritajes topográficos independientes, la solicitud de información catastral y registral del predio, la incorporación de acciones de tutela relacionadas, la recepción de declaraciones de funcionarios, contratistas e interventores, la verificación de pagos y la determinación de si existieron procesos de compra, expropiación o constitución de servidumbres.

“Me vine desde Montería a la Fiscalía General de la Nación a denunciar. La propiedad en Colombia se respeta, tenemos que respetar nuestros derechos y estoy pidiendo que la Fiscalía General de la Nación ponga la lupa sobre este proceso. Nosotros no estamos en Venezuela, nosotros estamos en Colombia, nosotros no nos pueden quitar lo que con esfuerzo y con trabajo hemos luchado. Yo soy la dueña del predio y el alcalde jamás me ha llamado y dice ahora que me va a expropiar”, denunció Gómez en un video suministrado a Infobae Colombia.