
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el manejo de la deuda pública del gobierno del presidente Gustavo Petro al advertir un deterioro en las condiciones de financiamiento del Estado, mayores costos para el servicio de la deuda y riesgos crecientes para la sostenibilidad fiscal del país.
En un informe de seguimiento divulgado este 19 de mayo, el ente de control aseguró que la reciente colocación de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 6 billones de pesos se realizó bajo tasas significativamente más altas que las observadas semanas atrás, lo que podría comprometer el cumplimiento de la meta de déficit fiscal prevista para 2026.
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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de la Contraloría fue el traslado de una observación con presunta incidencia disciplinaria al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el proceso de la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025.
Según el organismo de control, la notificación fue realizada el pasado 14 de mayo y actualmente “se encuentra en curso la etapa correspondiente de respuestas y análisis por parte de la entidad auditada”, en cumplimiento del debido proceso y los derechos de contradicción y defensa.
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El órgano de control explicó que la decisión se tomó luego de un mes de seguimiento a la advertencia fiscal emitida previamente al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública. En ese balance, la Contraloría concluyó que persisten los riesgos inicialmente identificados y alertó sobre nuevas señales de deterioro financiero.
“La reciente adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) realizada el 13 de mayo de 2026, por cerca de $6 billones, se realizó bajo tasas significativamente superiores a las registradas en la subasta anterior del 29 de abril de 2026, registrando un incremento de 68 puntos básicos”, señaló la entidad en el comunicado. Para el ente de control, este comportamiento “refleja un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional y podría aumentar la carga futura del servicio de la deuda pública”.
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La Contraloría advirtió además que, si se mantienen las actuales condiciones de financiación, el país podría enfrentar mayores dificultades para cumplir la meta de déficit fiscal del -5,1 % del PIB establecida para 2026 en el Plan Financiero del Gobierno. Incluso, sostuvo que el déficit podría superar el nivel de -6,4 % registrado en 2025.
Otro de los elementos que preocupa al organismo es la Resolución 0946 expedida por el Ministerio de Hacienda el pasado 5 de mayo, mediante la cual se amplió el margen de sobreadjudicación de TES.
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Con la nueva disposición, el Gobierno puede adjudicar hasta el 100% adicional del monto inicialmente ofertado cuando la demanda triplique la oferta, mientras que históricamente el límite había sido del 50 % con una demanda de 2,5 veces.
“La modificación podría resultar contraria al objetivo de reducir el endeudamiento, en la medida en que flexibiliza las condiciones para nuevas colocaciones de deuda”, sostuvo la Contraloría. La entidad añadió que la medida resulta especialmente sensible en un contexto donde las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de largo plazo, una situación poco usual que refleja mayores percepciones de riesgo sobre la economía colombiana.
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De acuerdo con el informe, los TES de corto plazo alcanzan actualmente niveles cercanos al 15 %, mientras el mercado evidencia una curva invertida de rendimientos, fenómeno que suele interpretarse como señal de incertidumbre macroeconómica y fiscal.
El seguimiento realizado por la Contraloría también puso el foco sobre factores externos que podrían agravar el panorama financiero. Entre ellos mencionó la reciente apreciación del franco suizo frente al dólar estadounidense, lo que incrementaría el costo de ciertas operaciones financieras internacionales y reduciría los beneficios cambiarios proyectados inicialmente por el Gobierno.
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“La deuda sigue aumentando, al igual que los intereses asociados, mientras que el crecimiento de los ingresos no muestra el ritmo necesario para superar la crisis”, alertó el ente de control, que insistió en la necesidad de implementar una estrategia urgente para aumentar los ingresos del Estado sobre la base de un crecimiento económico sostenido y estable.
La entidad también reveló que persisten concentraciones críticas de vencimientos de deuda en los años 2026, 2029 y 2030, lo que obligará al Ministerio de Hacienda a realizar una administración activa del portafolio financiero para evitar mayores presiones sobre las cuentas públicas.
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En materia presupuestal, la Contraloría advirtió un rezago importante en la ejecución de la inversión pública. Según el balance presentado, el Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a 555,7 billones de pesos y, con corte al 14 de mayo, el rubro con mayor ejecución corresponde al servicio de la deuda, con un 37,5 %, mientras la inversión apenas llega al 19 %.
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