Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Ejército Nacional informó que se encuentran combatiendo a la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, en una zona rural del municipio de Belalcázar, Cauca, que limita con el departamento del Huila. De acuerdo con la información preliminar que suministró la institución, varios integrantes del grupo armado ya fueron abatidos.

“Esta acción ofensiva deja hasta el momento la neutralización de seis integrantes de este grupo residual, cuyo cabecilla es alias Fernando Gómez”, detalló el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

Se presume que entre los muertos está el cabecilla alias Fernando Gómez, que estuvo durante cinco años en la estructura criminal. Operaba en el oriente del departamento del Cauca y el occidente del Huila, afectando principalmente a las comunidades de Nátaga, Tesalia e Iquíra, en Huila, y Páez, Cauca. Las investigaciones indican que solía amenazar a la población con la instalación de explosivos y que perpetraba hostigamientos contra la fuerza pública.

“Era buscado por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, precisó el Ejército en un comunicado.

Los uniformados se mantuvieron en la zona, con el fin de “consolidar el área, verificar la situación” e identificar plenamente a las personas que fueron dadas de baja. El Ejército seguirá llevando a cabo operaciones en los puntos del país donde operan las organizaciones ilegales.

“Continuamos de manera sostenida el despliegue operacional en esta zona del suroccidente del país, a fin de seguir golpeando con contundencia a los grupos armados ilegales que delinquen en los departamentos del #Huila y #Cauca”, detalló.

La institución ha estado adelantando todo tipo de operaciones ofensivas en los sitios donde se encuentran los campamentos de los grupos armados, teniendo en cuenta que no hay ningún cese al fuego pactado con las estructuras. Ha recurrido a bombardeos y confrontaciones armadas para neutralizar a los criminales; sin embargo, algunas de las acciones militares que ha llevado a cabo han derivado en la muerte de menores de edad reclutados por las estructuras al margen de la ley.

La muerte de menores en combates y bombardeos

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha sido fuertemente cuestionado por dar luz verde a ataques que pueden causar la muerte a niños, niñas y adolescentes. Por eso, en diciembre de 2025, en el Congreso de la República se realizó un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Durante esa sesión, la representante a la Cámara Catherine Juvinao informó que, desde el inicio de la administración Petro (agosto de 2022) hasta ese momento, 54 menores de edad habían muerto en bombardeos y enfrentamientos de la fuerza pública con grupos armados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó expresamente al primer mandatario impedir que el Ejército ejecute cualquier operación ofensiva en contra de los grupos armados si se sospecha de la presencia de menores de edad. Recordó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes.

“Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños”, precisó.

Por su parte, el ministro de Defensa se pronunció ante la prensa, explicando que los bombardeos son lícitos y que en Colombia se ejecutan empleando métodos autorizados por el derecho internacional humanitario. Y, aunque se procura que los ataques no afecten a personas o bienes protegidos, hay casos en los que sí resultan perjudicados.

Según precisó el jefe de la cartera a los medios de comunicación, cuando se confirma que en alguna operación muere un menor de edad, se entiende que la responsabilidad recae sobre la estructura criminal que lo reclutó, dejando de lado cualquier implicación del Estado. Aclaró que el reclutamiento es un delito de lesa humanidad y que este elimina cualquier protección de la que puedan gozar los niños, niñas y adolescentes.

“Quien se involucra en toda hostilidad pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma”, detalló el ministro Pedro Sánchez.