Posible cancelación de contratos de Canacol Energy desató ofensiva judicial en Colombia: podría haber de escasez gas natural en junio

La maniobra de Canacol Energy para cancelar unilateralmente 19 contratos de suministro de gas natural en Colombia desató una ofensiva judicial de un grupo de importantes empresas energéticas y de distribución, que advierten sobre el impacto económico y social de la operación: el país podría enfrentar escasez de gas por hasta un año y un incremento inmediato de tarifas en ciudades como Cúcuta.

Este litigio, llevado ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, concentra la atención en la seguridad energética del país en una coyuntura marcada por el retroceso de la autosuficiencia gasífera y la inminencia del fenómeno de El Niño.

En el centro de las denuncias están compañías como Corex —propietaria de Cerro Matoso—, Gases del Caribe, Atinkana, Grupo Energético de las Américas y Gas Hub, que describieron en sus alegatos ante la justicia canadiense un escenario de consecuencias financieras y operativas graves si la multinacional logra la rescisión de esos acuerdos contractuales.

Según la estimación presentada por Chaitons LLP, despacho legal representante de Atinkana, Grupo Energético de las Américas y Gas Hub, la medida expone al conglomerado empresarial a un riesgo financiero cercano a USD 200 millones, cifra atribuida a la cadena de compromisos que las afectadas mantienen con sus propios clientes industriales y comerciales.

El impacto calculado por las empresas afectadas incluye la posibilidad de un desabastecimiento total de gas natural durante 6 a 12 meses a partir de junio de 2026, con un aumento inmediato de entre 20% y 25% en las tarifas para los usuarios residenciales, industriales y comerciales.

Esta advertencia fue recogida por las compañías recurrentes ante el tribunal canadiense, en un contexto en el que los operadores no podrían reemplazar los volúmenes asegurados por Canacol ni con oferta nacional ni importada en el corto plazo.

Así, el litigio involucra tanto el suministro energético de los hogares como la viabilidad operativa de industrias críticas en regiones como el Caribe colombiano.

Entre tanto, la defensa de Corex fue categórica al calificar la solicitud de Canacol como una acción “inusual, irrazonable e innecesaria”, y tildó de “engañosas” las justificaciones técnicas presentadas por la multinacional.

Según el análisis conjunto de los afectados, la verdadera intención de la productora no es resolver “dificultades técnicas”, sino depurar su portafolio contractual para facilitar una eventual venta de la compañía.

Por su parte, Gases del Caribe sostuvo ante el tribunal canadiense que la finalidad de los disclaimers solicitados por Canacol es “eliminar contratos que materializan el riesgo productivo de Canacol, con el fin de hacer atractiva la empresa para una transacción”, dice en el expediente del caso, citado por El Tiempo.

De acuerdo con esta acusación, la operadora traslada su exposición al riesgo a los compradores y usuarios finales, sin un análisis de impacto para el mercado de gas natural en Colombia.

La situación crítica de Cúcuta quedó expuesta con cifras. Para marzo de 2026, Gases del Caribe atendía a 232.461 usuarios en la ciudad, de los cuales el 98,91% correspondía a hogares residenciales, según datos aportados por la empresa ante el tribunal canadiense. El 24% de la demanda regulada local depende en la actualidad del gas suministrado por Canacol, cuyos contratos de abastecimiento tienen vigencia hasta noviembre de 2028.

La posible ruptura unilateral de estos acuerdos pondría en riesgo la continuidad del servicio a decenas de miles de familias. Las alternativas propuestas —como la sustitución por Gas Natural Comprimido (GNC)— no solo presentan dificultades logísticas, sino implican fuertes sobrecostos: hasta 12 millones de dólares mensuales y un posible aumento de 180% en el costo de la molécula de gas, impactando con una suba de hasta el 25% en la tarifa final que pagarán los usuarios en Cúcuta.

La ofensiva legal de las empresas subraya que Colombia enfrenta una “estrechez estructural” en materia de gas natural. Actualmente, el país debe importar aproximadamente el 10% de su demanda total, realidad que se agravará en los próximos años por el agotamiento paulatino de los campos nacionales.

Finalmente, las empresas agrupadas en la defensa legal objetaron la competencia del tribunal canadiense para emitir la Orden de Renuncia solicitada, al considerar que los contratos involucrados afectan la seguridad energética de un Estado soberano como Colombia.