
La Defensoría del Pueblo se pronunció este viernes 8 de mayo sobre las labores humanitarias adelantadas para ubicar al periodista Mateo Pérez, de 23 años, desaparecido recientemente en una zona afectada por la presencia de grupos armados.
Según información conocida por Revista Semana, una comisión especial logró recuperar un cuerpo que podría corresponder al comunicador y que ya fue entregado a Medicina Legal para el proceso de identificación oficial.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que la operación se desarrolló junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja en medio de una misión humanitaria desplegada en el territorio donde se reportó la desaparición del periodista.

“Adelantamos una misión humanitaria junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ubicar el paradero del joven periodista Mateo Pérez”, señaló la funcionaria en un pronunciamiento oficial.
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La Defensoría confirmó que el cuerpo recuperado fue trasladado a Medicina Legal para avanzar en el proceso de identificación y posterior entrega a la familia del comunicador. La entidad además reiteró su acompañamiento institucional a los allegados del joven durante las diligencias que se adelantan.
La noticia generó conmoción en diferentes sectores periodísticos y defensores de derechos humanos, especialmente por el contexto de violencia que enfrentan periodistas y líderes sociales en varias regiones del país.
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La defensora Iris Marín Ortiz expresó solidaridad con los familiares de Mateo Pérez y aseguró que la prioridad de las autoridades es esclarecer lo ocurrido y garantizar el respeto por la vida de la población civil en medio del conflicto armado.
Tras el hallazgo del cuerpo, la Defensoría del Pueblo también hizo un llamado directo a los actores armados que operan en distintas zonas del país para que respeten la vida de los civiles y permitan el trabajo de organismos humanitarios.
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La entidad insistió en la necesidad de proteger la libertad de prensa y garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen labores periodísticas en territorios con presencia de grupos ilegales. El pronunciamiento incluyó además una exigencia para que las organizaciones armadas permitan el libre tránsito de misiones humanitarias.
La Defensoría pidió que estos grupos no obstaculicen las labores de búsqueda, verificación y acompañamiento adelantadas por entidades nacionales e internacionales en casos relacionados con desapariciones y homicidios.
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El caso de Mateo Pérez volvió a poner sobre la mesa la situación de riesgo que enfrentan periodistas en regiones marcadas por disputas armadas, economías ilegales y confrontaciones entre organizaciones criminales.
En medio de la crisis humanitaria, la defensora Iris Marín también hizo un llamado para evitar que el caso sea utilizado dentro de escenarios de confrontación política o disputas ideológicas.
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La funcionaria pidió que el dolor de las familias y las víctimas no sea convertido en herramienta de polarización política. Según manifestó, el país necesita priorizar la protección de la vida y la dignidad humana sobre cualquier diferencia partidista o institucional.
Marín señaló que Colombia enfrenta un contexto complejo que requiere consensos mínimos alrededor de la protección de los derechos fundamentales y el respeto por la población civil.
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La defensora agregó que la respuesta institucional frente a este tipo de hechos debe estar enfocada en la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición para periodistas, comunidades y ciudadanos afectados por la violencia.
En el pronunciamiento también se reiteró la importancia de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen labores informativas en regiones donde persisten amenazas y presencia de estructuras armadas ilegales.
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El caso continúa bajo investigación mientras Medicina Legal adelanta los procedimientos técnicos para confirmar plenamente la identidad del cuerpo recuperado durante la misión humanitaria.
La Defensoría del Pueblo reiteró que seguirá acompañando a la familia de Mateo Pérez y mantendrá seguimiento al proceso de esclarecimiento de los hechos. Organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores periodísticos permanecen atentos a los avances de las investigaciones y a las medidas de protección que adopten las autoridades frente a este tipo de situaciones.
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