Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Una intervención militar contra la minería ilegal en el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, sur del Tolima, terminó en disturbios con al menos 13 militares heridos y la quema de vehículos oficiales.

Las autoridades denunciaron ataques de civiles durante un operativo que buscaba desarticular complejos de extracción ilícita de oro en la región. Los hechos generaron preocupación por el aumento de la violencia en la zona, el fortalecimiento de economías ilegales y la posible instrumentalización de la comunidad por parte de estructuras armadas.

Operativo contra la minería ilegal desata disturbios

El Ejército Nacional detalló que soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales adelantaban una operación en Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco.

El objetivo era neutralizar puntos de extracción ilegal de oro, actividad que crece de forma considerable en el sur del Tolima. Durante el desarrollo de la intervención, centenares de personas identificadas por las autoridades como mineros ilegales rodearon a los uniformados, impidiendo el avance de la diligencia.

La jornada se tornó violenta cuando civiles comenzaron a lanzar piedras, palos y machetes contra las tropas, provocando lesiones a trece militares. La institución castrense denunció que “un grupo de personas obstruyó el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros”.

Además, los disturbios llegaron hasta la estación de Policía del corregimiento, donde los uniformados se vieron obligados a resguardarse para evitar una posible agresión mayor.

Vehículos oficiales incendiados y tensión en la región

Durante los disturbios, dos vehículos oficiales, incluidos al menos un camión tipo NPR de la Policía Nacional, fueron incendiados por la multitud. Este acto puso en riesgo la integridad de los uniformados y afectó la capacidad de respuesta de la fuerza pública en la zona.

Según la denuncia difundida por el Ejército a través de X, “algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades”.

La situación generó momentos de pánico en Santiago Pérez, donde las imágenes captadas por ciudadanos mostraron a la población acompañando a los uniformados hasta la estación de Policía, un hecho inusual para la región. La intervención de la Dirección de Carabineros de la Policía tampoco fue suficiente para contener la tensión debido a la cantidad de personas involucradas.

Denuncias de instrumentalización y contexto de la minería ilegal

Al parecer, los ciudadanos implicados en la asonada provienen en gran parte de otros lugares del país y estarían vinculados a actividades de extracción ilícita de oro.

Autoridades locales han advertido sobre la posible influencia de las disidencias de las Farc, concretamente del Frente Ismael Ruiz, en la organización y financiación de estos disturbios.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, recientemente reveló que existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras. De acuerdo con cifras oficiales, solo en una de las operaciones realizadas en abril se destruyó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para una actividad ilícita que generaba más de $15.900 millones mensuales para estructuras armadas ilegales.

Rechazo institucional y operativos en curso

El Ejército Nacional rechazó de manera enfática estos hechos, advirtiendo sobre el peligro que representan para la institucionalidad y la protección de los recursos naturales.

“Rechazamos estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”, manifestó la institución.

La fuerza pública continúa verificando la situación en la zona y se mantiene a la espera de un pronunciamiento oficial sobre uniformados lesionados y posibles capturas. Hasta el momento, no se ha confirmado un balance definitivo de heridos ni de daños materiales.