La decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 0415 del Ministerio del Trabajo frenó la implementación de una medida con la que el Gobierno nacional buscaba trasladar recursos del régimen de ahorro individual administrado por las AFP hacia el fondo público Colpensiones.
El decreto contemplaba el traslado de aproximadamente $25 billones de pesos, correspondientes a inversiones en el exterior y al ahorro de más de 120.000 afiliados al sistema pensional.
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De acuerdo con lo establecido por el alto tribunal, la medida no se ajusta a lo dispuesto en la reforma pensional de 2024, en la que se estableció que los recursos deben permanecer bajo administración de los fondos privados hasta que se concrete el reconocimiento del derecho pensional.
La decisión judicial coincide con advertencias previas emitidas por la Contraloría General de la República, entidad que ha señalado que el decreto no cuenta con sustento jurídico suficiente y que su aplicación podría generar impactos en la sostenibilidad del sistema.
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Contraloría sostiene que cumplió función de advertencia técnica
En diálogo con El Tiempo, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a las alertas emitidas por la entidad frente al decreto suspendido.
El funcionario señaló textualmente: “La Contraloría General de la República cumplió con su deber constitucional al advertir, de manera oportuna y técnica, los riesgos asociados a un traslado anticipado de recursos pensionales desde las AFP hacia Colpensiones. A través de un análisis sustentado en el marco jurídico vigente y en criterios de sostenibilidad fiscal”.
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Añadió que la decisión del Consejo de Estado valida las advertencias realizadas por el órgano de control. “Hoy, con la suspensión del Decreto 0415, por parte de la Consejo de Estado, esas alertas no solo se ratifican, sino que conducen a una corrección sustancial en el alcance de la medida”.
Reducción del alcance del traslado a $5 billones
Según explicó el contralor general, el escenario posterior a la suspensión del decreto modifica de manera sustancial el alcance de la medida.
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Indicó que inicialmente se contemplaba el traslado de cerca de $25 billones, pero que con la decisión judicial el monto se reduce a aproximadamente $5 billones.
Sobre este punto afirmó: “Esto es fundamental ya que esos recursos corresponden exclusivamente a afiliados que ya cumplieron su derecho a pensión dentro del proceso de traslado de régimen”.
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Rodríguez agregó que el análisis jurídico y actuarial del sistema establece que el traslado de recursos solo procede cuando el derecho pensional ha sido consolidado.
“Esto se alinea plenamente con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y con la lógica estructural del sistema pensional”.
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Advertencias sobre riesgos fiscales estructurales
El contralor general se refirió a los posibles efectos de una eventual aplicación del decreto en los términos inicialmente planteados.
Indicó que existe un riesgo fiscal estructural, asociado a la posibilidad de que el Estado asuma obligaciones pensionales sin contar con el respaldo completo del ahorro acumulado.
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En su declaración señaló: “Si el Estado comienza a asumir obligaciones pensionales sin el respaldo completo del ahorro que las soporta, se genera una presión adicional sobre las finanzas públicas”.
También hizo referencia a estudios técnicos de la entidad en los que se advierte sobre la evolución del sistema pensional.
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“En estudios sectoriales previos, hemos señalado el problema de la reversión de la pirámide pensional a partir de 2036, cuando habrá menos personas aportando al sistema y mayor carga pensional”.
Posible afectación al uso del ahorro pensional
Otro de los puntos expuestos por la Contraloría está relacionado con el destino de los recursos del sistema pensional.
El contralor señaló que existe un riesgo en caso de que los recursos del ahorro individual sean utilizados para financiar gastos diferentes a su finalidad original.
Al respecto afirmó: “Si esos recursos, que son de ahorro individual, terminan financiando gasto corriente, como el pago de mesadas actuales, se rompe completamente la lógica del sistema”.
La entidad ha reiterado que el ahorro pensional tiene una destinación específica y que su uso debe respetar la naturaleza del sistema.
Observaciones sobre seguridad jurídica del sistema
La Contraloría también advirtió sobre posibles efectos en materia de seguridad jurídica derivados de la implementación de medidas que no cuenten con un marco normativo plenamente consolidado.
El contralor señaló: “Hay un componente de inseguridad jurídica. Estamos hablando de decisiones que se adoptan en un contexto donde hay debates constitucionales abiertos, donde hay normas que siguen vigentes, y donde claramente pueden generarse controversias judiciales”.
Agregó que este tipo de situaciones puede incidir en la confianza de los ciudadanos en el sistema pensional.
Impacto en el sistema financiero y en el ahorro nacional
El órgano de control también se refirió a los efectos que podría tener el traslado de recursos en el sistema financiero.
El contralor explicó que los recursos pensionales se encuentran invertidos y generan rentabilidad. “Estos recursos no están quietos; están invertidos, generan rentabilidad, financian proyectos”.
Advirtió que un traslado masivo puede alterar esa dinámica y generar efectos en la actividad económica. “Un traslado masivo puede afectar esa dinámica y, en consecuencia, el crecimiento económico. En resumen, no estamos ante una medida aislada: estamos ante una decisión con efectos sistémicos”.
Función de la Contraloría en el seguimiento del sistema pensional
Finalmente, el contralor general se refirió al papel del organismo de control frente al desarrollo de la reforma pensional y la implementación de decisiones relacionadas con el sistema.
Indicó que la función de la Contraloría está definida en la Constitución: “La tarea de la Contraloría es muy clara, y está definida en la Constitución: ejercer un control preventivo, concomitante y posterior, siempre en defensa del patrimonio público”.
Agregó que se reforzará el seguimiento a la ejecución de las decisiones adoptadas. “En primer lugar, vamos a intensificar el control preventivo y concomitante. Esto significa vigilar en tiempo real la ejecución de estas decisiones, identificar riesgos y seguir emitiendo alertas cuando sea necesario”.
También señaló que se realizará control posterior sobre el uso de los recursos. “Vamos a auditar el uso de cada peso que eventualmente sea trasladado. Vamos a verificar si se respetó la destinación específica de los recursos y si se actuó conforme al marco legal”.
La Contraloría advirtió que, en caso de presentarse un daño al patrimonio público, se procederá a la determinación de responsabilidades fiscales conforme a sus competencias constitucionales.
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