
Una adulta mayor que, aparentemente, no representaba un riesgo fue enviada a prisión domiciliaria. Así se estableció tras la divulgación de detalles del proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que la mañana del sábado 2 de mayo de 2026 confirmó la judicialización de Judith Elbertes Jay Cuervo.
Según el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, la detenida está acusada de liderar una serie de estafas denunciadas en Antioquia y Valle del Cauca.
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La investigación indica que utilizaba supuestas subastas judiciales de inmuebles como fachada para no levantar sospechas. Además, se presentaba como abogada y simulaba tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles, lo que le permitía convencer a sus víctimas de que podía intervenir a su favor en remates de bienes.
De acuerdo con lo que detalló el documento oficial, Jay Cuervo está implicada en al menos 12 eventos delictivos que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).
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La Fiscalía expuso en audiencia que la procesada solicitaba diversas sumas de dinero a sus víctimas con el argumento de agilizar trámites y garantizar la adquisición de fincas y viviendas en zonas urbanas. Entre los servicios ofrecidos figuraban la gestión de fichas catastrales y la supuesta aceleración de procesos en juzgados.

Tras recibir las consignaciones en sus cuentas bancarias, Judith Elbertes Jay Cuervo perdía contacto con los afectados, no devolvía los recursos entregados ni concretaba la entrega de las propiedades ofrecidas.
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La maniobra dejó a varias familias sin el dinero invertido y sin acceso a los bienes que les habían asegurado.
Así actuaba la abuela estafadora: no respondía luego de que le consignaban
En uno de los apartes de la audiencia que compartió el ente investigador se conoció uno de los casos y cómo fue el accionar de la adulta mayor.
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“Bajo la promesa de pujar y agilizar los trámites en dichos juzgados para la adquisición de estos bienes, tanto muebles como inmuebles, las víctimas consignan la suma o para iniciar de 64 millones de pesos a la cuenta de ahorros (de Judith Elbertes Jay Cuervo)”, explicó el fiscal.

Después de que la procesada obtenía el efectivo, el funcionario afirmó que “la señora (Jay Cuervo) desapareció con dicho dinero, lo que generó que las víctimas se dirigieran a los referidos juzgados donde le indicaron que no se estaban llevando a cabo esos remates y que los documentos, soportes que le había entregado la señora Judith a estas víctimas”.
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Los ciudadanos víctimas quedaban estupefactos al verificar en que dichos soportes de estas transacciones vinculadas al trámite judicial “no eran o no correspondían a ese despacho judicial”, explicó el fiscal.
El otro ejemplo que se usó en medio de la diligencia judicial se presentó en octubre del 2025 para explicar las artimañas que utilizaba la procesada para quedarse con el dinero.
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“La señora Judith se comunica nuevamente con esta víctima y le informa que el 27 de octubre tendrían diligencias de levantamiento de las medidas cautelares del embargo de dicho bien, que el 30 de ese mismo mes era el diligenciamiento de la notificación de resolución de adjudicación y el 7 de noviembre del 2025 sería o estaba programada la diligencia de escritura pública”, explicó el fiscal para mostrar qué clase de excusas se inventaba la mujer.

Pero lo que ella hacía era aprovecharse “para llevar a cabo esa maniobra engañosa y aprovechar nuevamente esa comunicación para ofrecerle un local en el municipio de Rionegro (Antioquia)”, detalló en funcionario.
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Por todo lo anterior, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Antioquia presentó a la mujer ante un juez de control de garantías que le imputó el delito de estafa agravada. Durante la audiencia, la procesada aceptó el cargo y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
El ente reportó también que no era la primera vez que esta mujer tenía que responder ante la justicia por prácticas ilegales similares.
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Lo anterior, debido a que Jay Cuervo ya había sido sentenciada a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento en Marinilla (Antioquia) por actividades delictivas similares cometidas en el oriente antioqueño, es decir hay reincidencia es su conducta.
Por esta razón, al final las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que verifiquen la autenticidad de los procesos de remate de inmuebles y eviten entregar dinero a intermediarios no autorizados.
Al final, desde la Fiscalía se puntualizó que seguirán abiertas las investigaciones para identificar a posibles nuevos afectados y evitar que se repitan este tipo de estafas en la región.
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