Tres influyentes empresarios del sector agrícola y ganadero de Venezuela permanecen protegidos bajo estatus de refugiados en Colombia después de que la Corte Suprema de Justicia negara formalmente su extradición, en un caso que expone la tensión diplomática entre ambos países.
Según información revelada por parte de la unidad investigativa del diario El Tiempo, el gobierno venezolano presentó solicitudes formales de extradición contra Óscar Leonardo Álvarez Mendoza, Marianela Del Carmen Álvarez de González y Carlos Guillermo González Álvarez. Estos últimos son pareja.
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Según lo expresado en la petición formal, a estos tres hombres de negocios se les acusa de haber desviado 82 millones de dólares destinados a la construcción de instalaciones productivas en el estado de Zulia, que limita con el departamento de La Guajira, en Colombia.
El pedido de extradición llegó a la Cancillería colombiana el 2 de septiembre de 2024 y fue analizado durante meses por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
En principio los abogados de los empresarios argumentaron ante las autoridades colombianas que existía una gestión activa para el reconocimiento de sus defendidos como refugiados, decisión que el Grupo Interno de Trabajo de la Cancillería colombiana concretó en enero de 2025, agregó el informe del diario en Colombia.
El futuro de los tres empresarios venezolanos que están en calidad de refugiados en Colombia: dictadura de Nicolás Maduro los pidió en extradición
Este estatus fue clave para que la Corte evaluase la figura internacional del principio de no devolución, contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con documentos judiciales consultados por el mismo periódico, el magistrado Gerardo Barbosa, ponente del caso en la Corte, determinó que acceder a la extradición implicaría “poner en riesgo la vida e integridad personal de aquellos requeridos que han sido reconocidos como refugiados”, aplicando el principio de no devolución consagrado por la normativa internacional.
En el acta 146, con fecha 25 de junio de 2025, la Corte emitió su concepto desfavorable a la extradición de Óscar Leonardo Álvarez, decisión que “marca precedente para casos similares”, según fuentes del tribunal.
El mismo día, la Sala de Casación tomó posición respecto a Marianela Álvarez y resolvió no conceder su extradición. La solicitud relativa a Carlos Guillermo González recibió igual tratamiento un mes después.
La versión del régimen venezolano y el Tribunal Supremo de Justicia para pedir en extradición a los tres empresarios
El mismo reportaje detalló que el Estado venezolano sostiene que los tres forman parte de una red de al menos 10 personas vinculadas a la empresa Tuberías Rígidas de PVC, C.A. (Tubrica), acusada de incumplir un contrato de financiamiento con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
Las autoridades del régimen de Nicolás Maduro alegan que los empresarios no justificaron la inversión obligatoria de 82 millones de dólares en la planta de Zulia y han vinculado públicamente a los señalados con delitos de distracción de fondos públicos, asociación y legitimación de capitales.
Uno de los elementos que pesó en la negativa de extradición fue la mención de riesgos específicos para la vida e integridad de los empresarios de regresar a Venezuela.
Una fuente citada por el mismo diario colombiano aseguró: “Está probado que la dictadura de Nicolás Maduro ha enviado a otros países a miembros de su inteligencia o le ha pagado a integrantes de la banda criminal del ‘Tren de Aragua’ para, incluso, asesinar a señalados enemigos del régimen”.
¿Qué papel juega el Tren de Aragua en todo esto?
La declaración cobra mayor relevancia tras el caso conocido en Chile, donde las autoridades vincularon al régimen venezolano en la muerte del exmilitar opositor Ronald Ojeda.
Según la acusación de la Fiscalía chilena, miembros de la banda criminal Tren de Aragua habrían actuado por encargo de agentes vinculados al entorno de Maduro, una información que fue referida por testigos durante la investigación publicada por el medio colombiano.
Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro firmaban un “memorándum de entendimiento” para crear una zona binacional que abarca temas de educación y salud, la situación jurídica de los empresarios venezolanos escaló en la agenda bilateral.
Fuentes del gobierno colombiano indicaron al diario que “el acuerdo binacional no tiene impacto en asuntos de cooperación judicial ni en operaciones militares conjuntas”, restringiendo sus alcances a temas sociales.
En paralelo, Venezuela gestionó ante Panamá la extradición de otro presunto implicado, quien sigue prófugo. Hasta la fecha, el régimen de Maduro no se ha pronunciado oficialmente respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana.
Los nombres y ubicaciones de los empresarios refugiados permanecen bajo estricta reserva en Colombia.
Funcionarios consultados por el diario indicaron que esta protección especial responde a preocupaciones de seguridad y a la amenaza de retaliaciones desde el régimen venezolano o sus aliados, situación que también se ha presentado con otros opositores reconocidos como refugiados políticos en el país.
“Poner a estos empresarios en manos del régimen sería condenarlos a una probable persecución o represalia de agentes estatales o bandas criminales conectadas con el poder venezolano”, expresó otra fuente del proceso, haciendo referencia al historial de acciones extraterritoriales atribuidas al régimen en años recientes.
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