El presidente Gustavo Petro anunció que la conmemoración del 7 de agosto, fecha en la que se recuerda la Batalla de Boyacá y la independencia de Colombia, se realizará este año en la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas. La decisión responde a lo que el mandatario considera una nueva controversia limítrofe con el gobierno del Perú, en la región del río Amazonas.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X en la mañana del martes 5 de julio, el jefe de Estado explicó que su decisión se basa en recientes acciones del gobierno peruano, las cuales, a su juicio, vulneran el Protocolo de Río de Janeiro, tratado firmado en 1934 entre ambos países para poner fin a disputas territoriales y definir los límites fronterizos en esa zona del continente.
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Según el presidente Petro, el gobierno del Perú habría aprobado una ley mediante la cual se apropia de una serie de islas ubicadas al norte de la línea más profunda del río Amazonas, punto que, de acuerdo con el tratado mencionado, define el límite internacional entre Colombia y Perú en esa región. Además, aseguró que el Estado peruano ha dispuesto que la capital de un municipio se establezca en una zona que, bajo los términos del acuerdo bilateral, debería estar bajo soberanía colombiana.
“La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin. El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, expuso el presidente Petro.
El mandatario advirtió que dicha medida, de carácter unilateral por parte del vecino país, podría afectar gravemente el funcionamiento comercial de Leticia como puerto amazónico, al reducir su margen de acción sobre el río y limitar su acceso a canales navegables estratégicos para la economía local. En ese sentido, subrayó que el gobierno nacional no permanecerá pasivo frente a lo que considera una amenaza a la integridad territorial de Colombia.
“Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia.Esa acción unilateral y violatoria del tratado de Rio de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”, agregó.
No obstante, Petro indicó que, ante este escenario, la respuesta del Ejecutivo colombiano se centrará inicialmente en el uso de los canales diplomáticos. La intención, afirmó, es proteger la soberanía nacional mediante mecanismos institucionales y de diálogo, sin recurrir de forma inmediata a otras vías.
El Protocolo de Río de Janeiro, suscrito hace más de noventa años, define que cualquier diferencia surgida en la interpretación o aplicación del tratado debe resolverse entre las partes mediante negociación directa, sin recurrir a acciones unilaterales. Este acuerdo internacional ha sido la base jurídica para la delimitación fronteriza en la región amazónica entre Colombia y Perú desde entonces.
La situación se produce en medio de un contexto geopolítico sensible en la región, y aunque no se ha informado de una respuesta oficial por parte del gobierno peruano, la declaración del presidente colombiano anticipa una posible etapa de tensión diplomática en torno a la soberanía sobre ciertos sectores del río Amazonas.
La decisión de trasladar los actos oficiales del Día de la Independencia a Leticia busca, además de conmemorar una fecha emblemática para la historia del país, enviar un mensaje de presencia institucional en el territorio y de respaldo a la comunidad fronteriza, en especial frente a posibles afectaciones derivadas del diferendo limítrofe.
El gobierno colombiano, según ha manifestado el propio presidente, se mantendrá vigilante frente a los desarrollos del caso y reiteró su disposición a actuar dentro del marco del derecho internacional para asegurar el respeto a los acuerdos vigentes.
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