Defensora del Pueblo cuestionó la presencia de jefes criminales en evento de Gustavo Petro en Medellín: “No deben tener un lugar de honra”

La presencia de cabecillas de organizaciones delincuenciales de Medellín durante un evento liderado por el presidente Gustavo Petro en la capital del departamento de Antioquia sigue generando diferentes reacciones en varios sectores del país.

El turno fue para la defensora del Pueblo, Iris Marín, que expresó su preocupación frente a la asistencia de estos líderes criminales compartiendo tarima con el mandatario nacional en la plazoleta de La Alpujarra, en el evento realizado el sábado 21 de junio de 2025.

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La funcionaria recalcó que, pese a expresar su respaldo hacia la política de Paz Urbana, al considerarlo como un camino positivo y necesario, no se puede perder de vista la gravedad de los delitos cometidos por estos individuos, entre los que se cuentan homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y violencia sexual.

“Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad. Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible”, expresó la defensora.

Adicionalmente, la funcionaria también manifestó inquietud por la aparente falta de coordinación entre el Gobierno nacional y la administración municipal de Medellín.

Según sus palabras, “desalienta ver la falta de coordinación del Gobierno nacional con el municipal. Más que descoordinación, se advierte rivalidad. La ciudad de Medellín no debería ser escenario de disputa política entre los mandatarios. La obligación del presidente y del alcalde es la de articulación, para poner fin a la violencia y conseguir la paz de la ciudad”.

A su vez, Marín hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para desescalar el lenguaje entre ambos, y evitar que el proceso de paz con los grupos delincuenciales de la ciudad se convierta en un asunto político.

“La paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral. Cualquier mensaje que haga pensar que se está utilizando el proceso para otros fines políticos puede hacerle daño a la ciudad. El centro no debe ser la rivalidad entre los mandatarios y sus formas de ver la paz. El centro debe ser la reducción de la violencia y los derechos de las víctimas”, expresó.

Frente a la política de paz urbana, la defensora insistió: “En primer lugar, poner en marcha la Subcomisión de la Niñez y Adolescencia acordada en el Proceso de Paz Urbana, que contará con delegados del Gobierno Nacional, voceros de las estructuras armadas y el Icbf. La Defensoría del Pueblo está en disposición de apoyar al Gobierno nacional y al municipal en articular sus competencias en torno al trabajo de esta subcomisión”.

Posteriormente, la funcionaria manifestó que la política debe “definir un marco jurídico de sometimiento a la justicia de los responsables de los crímenes que sirva para este proceso de paz urbana, así como los de Buenaventura o Quibdó. Este marco de sometimiento debe tener como base la garantía de los derechos de las víctimas y garantizar también la independencia de la labor de la Fiscalía y de la Rama Judicial”.

De igual forma, pidió garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, “sobre todo de los jóvenes y las víctimas, con miras a la reparación y la reconciliación en la ciudad (...) y establecer un mecanismo de monitoreo general que permita medir el impacto de los cinco compromisos previos del proceso”.

Por último, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, reiteró la disposición de la Defensoría del Pueblo para trabajar de manera articulada con las autoridades municipales y nacionales, en favor de una paz integral que respete el Estado social de derecho y los derechos de las víctimas.

“La Defensoría del Pueblo continuará coordinando y colaborando armónicamente con el gobierno nacional y municipal para garantizar la paz y los derechos de las víctimas”, puntualizó.

El evento, realizado el sábado 21 de junio, reunió a cerca de 4.000 personas en la Plazoleta de la Alpujarra, ubicada entre los edificios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

En primera fila, junto al presidente Gustavo Petro, se encontraban varios ministros, senadores del Pacto Histórico y candidatos presidenciales, entre ellos, el exalcalde Daniel Quintero. No obstante, lo que más llamó la atención fue la presencia de reconocidos cabecillas de bandas criminales, identificados por sus alias de Douglas, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘El Indio’ y ‘El Tigre’, que cumplen su pena de prisión en la cárcel de Itagüí.