Violencia y conflicto armado han puesto en riesgo la educación en el Catatumbo, una zona históricamente afectada por la presencia de actores armados ilegales en Norte de Santander, Colombia.
La emergencia humanitaria se intensificó con la explosión de artefactos el 14 de junio en la Institución Educativa Rural de Orú Bajo, en el municipio de El Tarra, que dejó a estudiantes y profesores nuevamente expuestos al fuego cruzado.
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Según el Ministerio de Educación Nacional, la región enfrenta una situación crítica que afecta gravemente el derecho fundamental a la educación.
El fenómeno de violencia, que se intensificó desde el 15 de enero debido a una escalada de confrontaciones entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, ha obligado a más de 1.500 maestros a abandonar sus aulas, generando desplazamientos masivos hacia cabeceras municipales según las autoridades.
El Ministerio resaltó que en los cinco meses transcurridos desde entonces, más de 55.000 personas han sido desplazadas, más de 125.000 muertos se han registrado y 22.000 campesinos han quedado confinados, destacando el impacto devastador sobre la población civil en el territorio.
En este contexto, el Ministerio de Educación rechazó enfáticamente los ataques contra las comunidades educativas, enfatizando que “los entornos escolares del **Catatumbo** no son campos de batalla” y recordando que las instituciones educativas están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
En un comunicado oficial, subrayaron que “es fundamental que se preserve la labor humanitaria y que los actores armados ilegales permitan el acceso a la institucionalidad y a las organizaciones humanitarias”.
Las consecuencias del conflicto armado en la región no se limitan únicamente al desplazamiento.
Según el Ministerio, este escenario de violencia ha derivado en reclutamiento forzado de menores, afectaciones psicológicas profundas y una grave interrupción en los procesos educativos de las niñas, niños y adolescentes.
Estas realidades, explicaron, también son evidentes en otros territorios del país como el Guaviare y Jamundí (Valle del Cauca), los cuales enfrentan problemáticas similares.
Frente a este panorama, el titular de la cartera educativa, José Daniel Rojas Medellín, hizo un llamado a la sociedad en su conjunto, incluidos los actores del conflicto, a garantizar que las escuelas sean espacios seguros y de construcción de paz.
El ministro invitó a la institucionalidad nacional y regional, organizaciones no gubernamentales e internacionales y líderes sociales a “abrazar a las escuelas como territorios de vida, saberes y paz”.
Además, exhortó a los grupos armados a entablar diálogos de paz con el Gobierno que permitan un alivio real para las comunidades en el territorio.
El conflicto compromete los entornos escolares y los procesos de desarrollo integral y los proyectos de vida de las comunidades.
Según el Ministerio, la violencia ha afectado gravemente “las trayectorias educativas y las posibilidades de desarrollo integral”, dejando a profesores, familias y estudiantes luchando por mantener la educación en medio de condiciones peligrosas e inciertas.
“Esto demuestra la complejidad del contexto actual, donde las dinámicas de los conflictos armados pueden variar en particular en territorios como el Catatumbo, Guaviare o Jamundí”, añadió el Ministerio.
Uno de los puntos destacados en el pronunciamiento incluyó un recordatorio sobre las normativas internacionales que prohíben las afectaciones a la población civil en contextos de conflicto armado.
El ataque a la Institución Educativa Rural de Orú Bajo no es un caso aislado, pero marca un nuevo recordatorio de la precariedad de los derechos fundamentales en territorios azotados por el conflicto armado.
Tanto estudiantes como profesores siguen enfrentándose diariamente a las amenazas de violencia, incluso dentro de los espacios destinados a garantizar su seguridad y desarrollo.
Finalmente, el Ministerio insistió en la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a las comunidades educativas.
Pidió a los distintos actores involucrados en el conflicto que se comprometan con la construcción de una paz duradera, que proteja el derecho a la educación y ayude a resarcir las profundas heridas que la violencia ha dejado en las comunidades del Catatumbo y otras regiones afectadas del país.
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