La Defensoría del Pueblo ha alertado un preocupante aumento en los casos de reclutamiento de menores en el transcurso de 2025.
Según el más reciente informe de la institución, se contabilizan 28 casos entre enero y mayo, lo que refleja un crecimiento de siete casos en tan solo un mes.
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La mayoría de las víctimas son niñas y niños afrocolombianos, quienes son forzados a unirse a las filas de grupos armados como el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
El desglose mensual de los casos muestra que enero registró siete casos, febrero alcanzó ocho, marzo otros siete, abril cinco y, finalmente, en mayo, se reportó un único caso que implicó a tres menores afrodescendientes.
Este último dato revela que las víctimas pertenecen a comunidades vulnerables en zonas muy afectadas por los conflictos armados.
La Procuraduría General de la Nación ha instado al Gobierno a tomar medidas urgentes para proteger a los menores de estas prácticas que vulneran sus derechos fundamentales y violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En un llamado enfático, la Defensoría declaró que estas acciones no solo dañan el libre desarrollo de los niños y adolescentes, sino que perpetúan ciclos de violencia en las comunidades. “Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que paren estos actos que violan sus derechos y su libre desarrollo”, expresó la entidad.
En 2024, los datos oficiales registraron 556 casos de reclutamiento forzado de menores, lo que subraya la gravedad del problema. Aunque las cifras de este año aún son preliminares, la Defensoría advierte que el fenómeno está subregistrado debido a múltiples factores.
La institución también señala con preocupación que, además del Estado Mayor Central, otros grupos como el ELN, las disidencias de las Farc conocidas como Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, se encuentran entre los responsables de estos actos.
El reclutamiento forzado de menores, además de ser una clara violación de normativas nacionales e internacionales, coloca a los niños en situaciones de riesgo extremo, arrebatándoles oportunidades de desarrollo, educación y seguridad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que este tipo de prácticas son más comunes en zonas de alta conflictividad, donde los actores armados convierten a los menores en víctimas de su estrategia de control territorial. La falta de presencia efectiva del Estado y las debilidades institucionales también contribuyen a la perpetuación de estos delitos.
La Defensoría enfatizó que comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas están especialmente afectadas, ya que su posición geográfica y las condiciones de exclusión las hacen más propensas a ser blanco de estas dinámicas de coerción.
El informe señala que este problema se agrava en parte porque, en varias de estas regiones, las víctimas y sus familias temen denunciar debido al riesgo de represalias por parte de los grupos armados. A esto se suma la estigmatización que puede recaer sobre los denunciantes, lo que profundiza el silencio y dificulta los esfuerzos para dimensionar la problemática en su totalidad.
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a garantizar mejores condiciones de protección en las zonas más afectadas, a la vez que instó a fortalecer las instituciones en estos territorios para ayudar a prevenir y atender este problema.
Estas declaraciones reflejan la urgencia de desarrollar estrategias más efectivas para confrontar las raíces del reclutamiento forzado, brindando una mayor seguridad a las comunidades y a los menores de edad que han sido afectados o están en riesgo de serlo.
La situación, además, destaca la necesidad de una respuesta integral que convoque al gobierno nacional, actores regionales y organizaciones sociales, trabajando conjuntamente en la protección y el acompañamiento de las comunidades afectadas.
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